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— Como ustedes bien recordarán, Welmer Ramos González, diputado del PAC, fue uno de los nombres “sonados” durante El Cementazo.
— ¿Por qué? Porque como ministro de Economía (administración Solís Rivera) impulsó una política de apertura al cemento importado que abrió las puertas a nuevas empresas para la venta de cemento en Costa Rica.
— Como es por todos sabido esto permitió a Juan Carlos Bolaños Rojas emprender la #OperaciónSinocem, si bien el Gobierno siempre argumentó que se trataba de una política abierta orientada a quien deseara aprovecharla.
— El tema es que Ramos aparecía como parte de El club de las llamadas frecuentes integrado por Mario Barrenechea Coto (exgerente del BCR), Mariano Figueres Olsen (exdirector DIS), Paola Mora Tumminelli (exdirectora BCR) y el propio Bolaños. El timing de estas llamadas y las modificaciones que se hicieron en beneficio de Bolaños no fue, evidentemente, el más oportuno. Y ahí está el meollo del asunto, si bien el cambio en la regulación se venía buscando desde hace años (y en efecto promovía la competencia y buscaba el beneficio del consumidor) fue su ejecución lo que levantó dudas, citando a Estaban Barrionuevo: “La manera en que se gestionó la modificación del reglamento da la impresión de haber sido hecha a medida”.
— Léase: se atendieron las solicitudes específicas de Juan Carlos Bolaños, se modificó lo que pidió que se modificara y se corrió con los tiempos para que todo saliera dentro de los plazos que necesitaba que saliera para mover el préstamo con el BCR.
— Por todo lo anterior Ramos fue investigado por la mediática “Comisión del Cementazo” (2017) que por su parte no pudo establecer que el exministro hubiese violado su deber de probidad, razón por la cual se limitó a solicitar a la Procuraduría de la Ética Pública que investigara el caso.
— Dicha solicitud coincidió con las aspiraciones de Ramos de ser presidente de la República primero y, posteriormente, (tras su derrota frente a Carlos Alvarado Quesada en la convención del PAC) diputado por Heredia. Evidentemente al PAC, en medio del lodazal de El Cementazo, no le servía tener un nombre cuestionado en papeleta.
— Así las cosas Carlos Alvarado (ya como candidato oficial) le solicitó a Ramos en diciembre del 2017 que se comprometiera a renunciar a la candidatura o al puesto (en caso de ganarlo) si la Procuraduría de la Ética determinaba que en efecto sí había faltado a su deber de probidad. Y hasta le dio 24 horas para entregar la carta. En concreto, Alvarado dijo: “y le he pedido también que presente una carta de renuncia a su candidatura (…)
— Ramos aceptó lo solicitado por el ahora presidente de la República y se comprometió a renunciar si la PEP encontraba faltas al deber de la probidad y bueno, ayer el Congreso recibió finalmente el informe de la PEP y... se encendió el debate.
— El punto medular es: ¿se registró o no falta al deber de probidad? Pues, como todo en Costa Rica, esto queda abierto a la interpretación. El sentido común y la experiencia nos dicen que: Informe público de la PEP con desestimación = No hay falta al deber de probidad. Mientras que: Informe confidencial y con denuncia penal = Falta al deber de probidad.
— En efecto, el informe es confidencial y va de la mano con una denuncia penal por tráfico de influencias. CR Hoy tiene copia del documento y compartió algunas de las conclusiones que claramente, resultan más que comprometedoras.
— Ahora bien, Ramos de inmediato salió al paso de la noticia y dijo que es inocente y que el informe no demuestra ni señala ninguna falta al deber de probidad:
El que nada debe, nada teme. Seguiré defendiendo mi inocencia. Ante la denuncia de la Procuraduría de la Ética, renunciaré a inmunidad y me pongo disposición del Poder Judicial para aclarar que reforma al reglamento de cemento obedeció a criterios técnicos. Les cito lo que dice textualmente la carta de campaña: "...EN CASO DE QUE SE DEMUESTRE que incurrí en una falta al deber de probidad expreso mi compromiso a renunciar a mi cargo". Precisamente, me pongo a disposición para demostrar mi inocencia y cumplir el debido proceso.
— Es decir, desde el punto de vista de Ramos él se comprometió a renunciar en caso que se demuestre la falta al deber de la probidad, dando a entender que esperará a lo que resuelva el Poder Judicial (en efecto, renunció a su inmunidad), pues el informe de la PEP (que de nuevo, es secreto) solo se habla de la “posibilidad” de que haya faltado al deber de probidad. Dijo Ramos ayer en el Plenario: “No estoy huyéndole a lo que he firmado, estoy enfrentando lo que he firmado”.
No renunciaré, me parece muy atrevido que sin tener el informe en mano me estén pidiendo renuncias, sin haberlo leído me están pidiendo separarme de aquí y allá; yo estoy para cumplir a cabalidad lo que he firmado en esta carta.
— Sin embargo, esa no fue la posición del presidente de la República ni de la propia bancada del PAC pues tanto Alvarado como sus compañeros de fracción solicitaron a Ramos la renuncia. "Hubo un compromiso expreso para que, de haber una determinación de la Procuraduría de la Ética, el diputado adoptaría una decisión, un compromiso de dejar su cargo", dijo Alvarado.
— Ramos, por su parte, insistió en que esa reacción fue desmedida: “Están sobreactuando (presidente y diputados) en cuanto a que no están respetando el principio de inocencia y no están aceptando exactamente los pactos que hemos suscritos unos y otros, que era que se demuestre, y aquí no hay demostración”.
