En julio del 2014 el INEC reportaba para la Región Chorotega una tasa de desempleo abierta de 12,5%; un 12,1% de hogares en pobreza extrema y un 21,1% en pobreza no extrema dando un Índice de pobreza (LP) de 33,2%, y un coeficiente de Gini per cápita de 0,512.
Al mismo tiempo, esta región venía sufriendo los embates de una sequía desde el 2010, registrando para los 2014 impactos severos en la vida socioeconómica ya que el recurso de agua potable escaseaba, el empleo disminuía y la desesperación se entronaba.
A julio del 2018, el INEC reportó para la Región Chorotega una tasa de desempleo abierta de 8,4%; un 8,8% de hogares en pobreza extrema y un 17,2% en pobreza no extrema dando un Índice de pobreza (LP) de 26%, y un coeficiente de Gini per cápita de 0,504. La respuesta a estas disminuciones es multifactorial pero hay un factor, esencial para mí, que tiene que ver en el cómo se gestionó la Política Pública en este período.
La Región Chorotega es una zona de vital importancia para el desarrollo social y económico del país. Paralelo a la situación descrita anteriormente, esta Región había venido experimentado un crecimiento exponencial del sector turismo con un desarrollo inmobiliario significativo, además de ser una zona agrícola con características especiales cuyas condiciones climáticas y topográficas permiten la alternancia de cultivos según la época del año, desde la producción de arroz y caña de azúcar, hasta la producción intensiva de melón y sandía, sin dejar de lado, la producción ganadera y acuícola.
A mediados del año 2014 se inició el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Alberto Cañas Escalante” para el período 2015-2018, plan que incluía entre sus objetivos y por instrucción explícita del presidente de la República, atender, con la urgencia requerida, la problemática señalada anteriormente para la Región Chorotega.
Fue así como se incluyó en el PND el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG) liderado por el Ministro Rector del Sector Ambiente y apoyado por una Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial (SEPLASA), recién creada por la Administración Solís. Posteriormente, en octubre de 2014, se firmó el Decreto Ejecutivo N°38668-MP-Mideplan-MINAE-MAG el cual estableció la estructura organizacional requerida para coordinar las acciones a implementar en el Pacífico Norte.
Luego, mediante el Decreto Ejecutivo N°39145-MP-Mideplan-MINAE-MAG, se declaró al PIAAG de interés público con el fin de garantizar que, dentro del marco de la cooperación interinstitucional, se contribuya en forma prioritaria y efectiva con la disponibilidad de recurso económicos, humanos y de otra índole, de acuerdo con las potestades que la legislación vigente les atribuía. Así se desarrolló el PIAAG con una participación ciudadana amplia a nivel local y de todos los sectores por medio de mesas de trabajo periódicas y sistemáticas; sesiones con todos los Concejos Municipales Cantonales y Distritales, y talleres regionales, bajo una estructura gerencial integrada por una Comisión de Alto Nivel integrada por los ministros y jerarcas de las instituciones involucradas en la temática, coordinada por el Ministro de MINAE, y con el apoyo de una Secretaria Técnica, integrada por técnicos de la principales instituciones que directa o indirectamente estaban relacionadas con la gestión del agua.
Durante el 2015, y ante la diversidad de urgencias por atender en la Región, las instituciones del Gobierno 2014-2018 y los distintos sectores y actores de la zona identificaron la necesidad de establecer mesas de trabajo para atender problemáticas específicas. Se establecieron seis mesas de trabajo que lograron priorizar 130 proyectos para ser gestionados durante el período 2016-2018. En total se identificó una inversión necesaria para la Región de $333 millones para los 130 proyectos que conformaban el portafolio de desarrollo regional: un total de 55 proyectos en ejecución por un monto de ¢54 mil millones ($102 millones); 22 proyectos ejecutados por ¢ 4320 millones ($8.1 millones), y 53 proyectos por iniciar por un monto de ¢118 mil millones ($223 millones). Para el caso del recurso hídrico se conformó la “mesa de trabajo de agua e infraestructura” en la cual participaron activamente la sociedad civil organizada, dirigentes de las comunidades y de los sectores privados productivos. Como producto de esta mesa de trabajo se identificaron más de 52 proyectos de infraestructura hidráulica de regulación, control y distribución de la disponibilidad, además de gestión hídrica; con alcances de inmediato, mediano y largo plazo, a fin de satisfacer la creciente demanda de agua de las comunidades y el desarrollo productivo.
La cartera total de proyectos para la mesa hídrica contempló una inversión de más de 400 mil millones de colones, de los cuales, a julio 2018 ya se habían ejecutado ¢11,8 mil millones y se encontraban en ejecución ¢45.2 mil millones. Además, otros ¢275,5 mil millones tenían ya identificados sus fuentes de financiamiento, además de la construcción del Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).
La Administración Solís Rivera dio una atención integral al acceso al agua en Guanacaste–Pacífico Norte con una visión holística de largo plazo, transformando la visión que por décadas se llamó “Agua para Guanacaste”, el cual solo visualizaba un proyecto sin contemplar las necesidades y prioridades de las comunidades. Una nueva forma de hacer política pública se implementó teniendo resultados positivos y logrando el establecimiento de un portafolio de proyectos para la Región, elaborado por los mismos ciudadanos de la Región y no impuesto desde la Capital, tal como se había hecho tradicionalmente en el pasado.
A mayo de 2018 quedaban 17 proyectos de infraestructura en ejecución de los cuales el proyecto más ambicioso y estratégico, conocido como PAACUME, presentaba un avance, en el ciclo del proyecto, de un 23 %. A esa fecha, se contaba con el diseño de la presa y embalse, el estudio de impacto ambiental entregado en la SETENA para gestionar su viabilidad ambiental, el estudio técnico de Línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y Finca Adyacente, y el Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva del mismo nombre, robustamente fundamentado, para el desarrollo de este proyecto, Expediente Legislativo N°20465 presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2017 ante la Asamblea Legislativa (hoy Ley de la República N°9610) , Se suma a ello, el proceso de negociación y estructuración del préstamo para su construcción en estado avanzado.
La forma ciudadana de hacer política pública ensayada en la Región Chorotega requirió que en junio del 2016 se conformara el Consejo Regional de Desarrollo de la Región Chorotega, asesorado por MIDEPLAN, llevando así a la práctica la normativa vigente de la planificación nacional que data de 1976 y que dicta que las prioridades de gestión pública deben ser lideradas y fiscalizadas por los actores mismos de las regiones y no desde la Ciudad Capital con imposiciones de agendas política-partidarias.
En el 2018 se hizo el traslado oficial, por parte de MIDEPLAN, al COREDES del portafolio de proyectos de todas las mesas de trabajo que se constituyeron para atender las necesidades de esta región con proyectos validados por los sectores y la ciudadanía y con procesos ya iniciados para obtener recursos del Fondo de Pre-inversiones de MIDEPLAN para elaborar un Plan Maestro.
Me llena de nostalgia que este gran esfuerzo realizado para la descentralización de la gestión pública en nuestro país no fuera continuado por la presente Administración. Según las entregas de prensa dadas por la Casa Presidencial de la visita a la Región para este 25 de julio, no hubo una sola reunión del Presidente de la República con el COREDES y más bien, se nos anunció desde Zapote el apuro del Gobierno para que 11 proyectos de turismo salieran rápido de los trámites de oficio.
Hay un portafolio de proyectos de desarrollo ya elaborado por los mismos habitantes de la Región que debe ser respetado por el Gobierno Central. Los nuevos proyectos a ser realizados deben ser validados por los mismo actores sociales y económicos de la Región. Esa es la forma ciudadana de hacer gestión pública. Esa fue una de las principales diferencias en el período 2014-2018.
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