En Costa Rica, los grupos religiosos afines (A. Maroto) a un tipo de cristianismo (hay muchos cristianismos, por supuesto) llevan más de 25 años participando en planes políticos a través de leyes relacionadas con derechos sexuales y reproductivos de las personas. Es decir, el gran proyecto pastoral del catolicismo costarricense —y ahora también pentecostal— ha sido controlar la sexualidad (intimidad) a fin de dominar el rebaño (exterioridad social, política, etc.).
Hace unos meses la bancada de un partido político en la Asamblea Legislativa y los obispos católicos costarricenses volvieron a insistieron en la defensa de la vida desde la concepción humana (¡y parece que también antes de la concepción!), gestión a la que se sumaron otros señores diputados, lo cual fue confrontado por no pocos grupos proderecho sexuales y reproductivos. No hay duda de que los grupos provida están subordinados a las estrategias de acción política de ese tipo de cristianismo.
Llama poderosamente la atención que la defensa de la vida de estos grupos sea un reduccionismo del fenómeno de la vida: exclusivamente la vida humana, cuando existen más vivientes (flora y fauna, muchas de cuyas especies están seriamente amenazadas). Si la vida la poseen todos los vivientes, entonces los grupos provida deberían también incluir la feroz defensa de la vida de los animales y de la flora en Costa Rica —y del planeta— así como los derechos de los mismos. Dicho esto, se observa que lo ‘provida’ de estos grupos es sesgado porque se funda en una abstracción (parcialmente ‘provida’) que supone que las personas no tienen ‘vidas’ después de nacer y que, quienes las tienen, deben de sacrificarlas porque hay un dios que así lo exige.
Los grupos provida no son lo que dicen ser, sino más bien ‘grupos proparto’: les importa que los niños y las niñas nazcan y nada más. Si de lo que se trata es defender la vida, entonces no deberían ocuparse principalmente del nacimiento de todos los niños y las niñas, pues resulta inconsistente moralmente traer al mundo niños y niñas “porque sí” —porque tienen que nacer—, y luego negarles las calorías que requiere su cuerpo por día durante meses y años, protección familiar, seguridad, educación, vivienda, etc., etc. Es decir, los grupos ‘provida’ lo son retóricamente, esto es, manipulan ideológicamente a la masa (el pueblo) porque la vida humana es muchísimo más que ver nacer todos los niños y niñas, y que no solo requieren de la satisfacción de las necesidades básicas (vivir, ser alimentados, ser educados, tener vivienda), sino además de aquellas que muchos ni piensan ni se interesan en darles (ser cuidados, protegidos, libres, etc.), las cuales no suceden mágicamente (por el hecho mismo de haber nacido).
¡Aterricemos! ¿O acaso basta con hablarles de Dios para que estén llenos sus estómagos, tengan vestidos, logren acceso a educación con todo lo que implica, tengan casa y encuentren la felicidad? No hacer esto es no tomar en serio la vida de nadie y dejarlo de hacer muchas veces es literalmente cinismo. Si esto sigue sucediendo, seguiremos totalmente desenchufados del mundo, dejando que los que ‘nacen porque sí’ mueran ‘porque sí’. Eso sí, y esto es innegociable, creeremos —sí, me incluyo— en los grupos religiosos provida cuando, en lugar de estar haciendo templos (o sea, más dispositivos de dominio/poder, el cual puede ser entendido como control moral y político, o como centro de salvación mediado muchas veces por las ofrendas/dinero), repartan ya alimentos a diario a los necesitados, hagan escuelas y hospitales gratuitos subvencionados con sus diezmos o limosnas o con su deuda política, ¡sin pedir jamás un sí a cambio de un pescado!
Respecto de las madres, en una sociedad democrática que busca la igualdad real de las mujeres, resulta indecente decirle y, peor aún, obligar a las mujeres —o a cualquier otra persona— a mirar la vida en blanco (abortar) y negro (nacer), pues, como muchas cosas en la vida, se trata de una cuestión de dosis. La generalización ‘todas las mujeres deben abortar’ es tan autoritaria (antidemocrática) como ‘ninguna mujer puede abortar’. La frase ‘las mujeres que abortan caen en depresión’ (depresión post-aborto) es cierta, no en su totalidad, pero sí respecto de que es existe esa posibilidad; pero, de igual modo, la frase ‘las mujeres que no abortan nunca caen en depresión’ no es cierta, pues se sabe que existe la posibilidad de caer en depresión después del parto (depresión post-parto).
No se trata, entonces, de que las mujeres estén obligadas a abortar ‘porque sí’, ni que estén obligadas a parir ‘porque sí’, sino que, dependiendo de las circunstancias que rodean a las madres y que ellas conocen bien, ellas mismas puedan decidir la posibilidad de ser o no madres. El Estado no debe decidir por nadie, sino ofrecer a la población una educación sexual declarando emergencia nacional la ignorancia en la viven los costarricenses y en la que muchos grupos desean que continúe la ciudadanía. Luego que las mujeres decidan.
Parece que, para que no hayan las discusiones interminables y esté limpia la conciencia de todos y todas, y no dudo sobre la buena intención de ambas partes (provida y pro ‘pastilla del día después’), que esta “pastilla” (o píldora anticonceptiva de emergencia, de mayor efectividad cuanto antes sea tomada) fuera liberada, es decir, no condicionada por nada, de tal modo que todas las mujeres mayores de edad (18 años) que lo crean conveniente durante las siguientes 72 horas después de una relación sexual con un varón sin protección anticonceptiva, puedan decidir ellas mismas si la toman o no, con la explicación profesional de un farmacéutico/a que indique los pros y contras que acompañan a todo medicamento.
En el caso de las adolescentes, urge una educación sexual en los centros educativos por parte de personas expertas: médicos. Siendo menores de edad, habrá que respetarles sus derechos sexuales asegurados por los convenios internacionales y la jurisprudencia costarricense: derecho a decidir sobre sus cuerpos y sexualidad, a respetar su privacidad e intimidad, a vivir libre de violencia (incluida la religiosa y la política que dependa de esta, la sexual), así como a decidir sobre su vida reproductiva (salud).
Dado que nuestra Constitución Política indica la libertad de culto esencial y que nadie está obligado a recibir clases de religión (Sentencia 013421-08 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) nadie debería ser obligado a cumplir con las normas religiosas de ninguna religión, y menos revestirlas como leyes, porque la inmoralidad salta a la vista: la moralidad es fruto de la crítica consensuada, no de la imposición.
¿La verdad se impone o se propone? En moralidad, ya no se dan conferencias, sino sugerencias, como se desprende de las sociedades democráticas en las que los distintos saberes (ciencias) contribuyen a informar y formar criterio. Si la verdad se impone según quien esté en el poder, no estamos hablando de razones, sino de dominio. Si la verdad se propone, entonces la sociedad acepta la diferencia de criterios y de prácticas, no la castiga, y respeta los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos.
Es entendible que el proyecto pastoral del cristianismo institucionalizado sea estrictamente sexual, sobre todo porque para la jerarquía eclesial (católica y pentecostal) la sexualidad está tiznada de pecaminosidad si no tiende directamente a la procreación. Y es inaceptable que, detrás de ese proyecto, se asome más bien un solapado interés político totalitario: domar la dimensión política, social y económica de las personas, controlando la dimensión sexual, es decir, la intimidad de las personas (rebaño). En resumen, la religión es una de esas cosas que debería estar prohibida por Dios.
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