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— El pasado 28 de junio la Contraloría General de la República presentó un informe de auditoría sobre la administración del Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro de Salud en Costa Rica y los resultados no son nada favorables para la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
— Para ponerlos en contexto, en 2016 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9396, un préstamo para el Gobierno de parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El préstamo, cuyo monto total es de $420 millones, sería utilizado por el Gobierno para "pagar" parte de la deuda que mantiene el Estado con la Seguridad Social. La Caja, por su parte, debe utilizar los recursos en la ejecución de acciones prioritarias definidas como parte de la Agenda Estratégica para el Fortalecimiento del Seguro de Salud (AEFSS).
— El préstamo está estructurado con siete indicadores ligados a desembolsos, lo que significa que, a partir del pago inicial recibido en enero del 2017, cada vez que la Caja alcanza uno de los hitos de los indicadores, el BIRF hace un desembolso de dinero. Hasta la fecha la institución ha alcanzado dos de los hitos acordados.
Dato D+: Los indicadores del préstamo están relacionados con listas de espera, enfermedades crónicas y atención médica, el modelo de prestación de servicios, tecnologías y sistemas de información, satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, y sostenibilidad financiera.
— Por el primer hito alcanzado la Caja recibió ₡19.946,9 millones en diciembre del 2018 y ₡54.900,90 millones por un segundo, en enero del 2019, que sumados a los ₡58.293,9 recibidos inicialmente en enero del 2017 representan el 57% del total del préstamo.
— Según el informe, al 31 de diciembre del 2018 la CCSS había recibido $225 millones (₡131.162,7 millones). Sin embargo se señala que no existe evidencia de que esos recursos “se estén utilizando para actividades orientadas a financiar el desarrollo de las líneas de acción prioritarias establecidas en la Agenda Estratégica para el Fortalecimiento del Seguro de Salud”.
— El tema es que la auditoría realizada por la CGR encontró que en la Caja en lugar de utilizar los recursos para financiar proyectos prioritarios, ¡se prefirió invertir los dineros en Bonos del Estado! ya que la totalidad de los recursos recibidos se encuentra actualmente invertida en títulos valores de Hacienda.
— El informe señala que, a pesar de que la Contraloría ya había advertido este problema en 2017 cuando la Caja presentó el presupuesto del primer desembolso recibido, la institución hizo caso omiso y cuando se vencieron esos títulos valores, los reinvirtió en nuevos títulos que vencen en el año 2022.
— La CCSS contestó con un comunicado de prensa en el que Manuel León Alvarado, director del programa en cuestión y Sergio Gómez Rodríguez, director de Presupuesto de la CCSS, aseguran que los recursos se encuentran reservados para inversiones que están proyectadas para los próximos años, tales como los hospitales William Allen de Turrialba, Manuel Mora Valverde de Golfito, Max Peralta de Cartago y el Tony Facio de Limón así como algunas sedes de áreas de salud que están en mal estado o son alquiladas por la institución.
— Los funcionarios además recordaron que, según su criterio, los recursos son de la institución. El principal problema con el argumento emanado desde la Caja el día de ayer, es que para la Contraloría el que los recursos no se estén usando directamente en el programa específico contraviene lo estipulado en el artículo 1 de la Ley 9396, y en el considerando número dos del Acuerdo Subsidiario 5 firmado entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda
— Si bien el mismo informe señala que la Caja sí ha utilizado otros recursos para cumplir con los indicadores del préstamo, el tema es que las instituciones públicas no pueden administrarse como pulperías, donde el dinero de una cosa puede sencillamente usarse para otra.
—Para terminar de hacerla, el informe señala que el préstamo está aprobado desde el 2016 y la Caja tiene hasta el 2022 para cumplir los hitos preestablecidos para poder recibir los recursos faltantes ($239.4 millones), y en estos momentos “la CCSS se encuentra realizando esfuerzos para completar cada uno de los indicadores ligados a este Programa por Resultados”, pero a la vez —tras tres años del préstamo—se señala que la institución no cuenta todavía con “los procedimientos oficializados para el seguimiento y evaluación continua del Programa”. ¡Plop!
Bonus track: Contralora alerta riesgo para finanzas si se excluye a universidades de regla fiscal.
Hidden track: Procurador considera que no se requiere nueva ley para modernizar Japdeva.
