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Por situaciones legales desde el año 2010 la producción minera en Costa Rica casi en su totalidad corresponde a la minería no metálica, de la cual el 90 % son agregados para la construcción y el 10% restante corresponde a productos como la caliza, el sílice, diatomita y piedra pómez entre otros (DGM, 2017[1]).

Con base en el análisis de informes de Diagnóstico Minero de las 7 regiones del país  en los últimos 7 años, emitidos por la Dirección de Geología y Minas de Costa Rica, la producción de agregados pétreos es de aproximadamente 11,2 millones de m3/año, de los cuales el 53% proviene de concesiones de canteras en cauces de dominio público y el 47% restante en canteras de tajos.

La actividad minera de agregados para la construcción, tomando en cuenta un precio estimado promedio de $9.00/m3 en el mercado costarricense, genera ingresos brutos de aproximadamente 101.34 millones de dólares por año, de esta actividad económica según la legislación minera actual Ley N°6797 y Reglamento al Código de Minería Decreto N°29300-MINAE, el Estado percibe entre el 28% al 30% de ingresos brutos por impuestos directos (Impuesto de Renta, Impuesto de Venta, Canon de Superficie e impuestos municipales). El restante 70% a 72% de los ingresos brutos, se dividen entre las ganancias de los inversionistas y la compra de insumos y servicios del que hacer comercial en cuestión.

Además de los impuestos pagados directamente por la minería no metálica, las empresas concesionarias pagan cargas sociales y generan encadenamientos comerciales tales como alquileres de maquinaria, compra de insumos en combustibles, repuestos, grasas, aceites, generando empleos indirectos por la creación de sodas y restaurantes, así mismo no podemos dejar de lado el hecho de que la actividad minera de agregados para la construcción, es el primer eslabón de la cadena económica en la industria de la construcción, la cual es de suma importancia en la economía del país. Por otra parte dicha actividad contribuye a las comunidades cercanas de donde se desarrollan estos proyectos, con donaciones de materiales, mantenimiento de caminos y donaciones municipales.

La actividad minera no metálica en Costa Rica según la estadística de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE, tiene en promedio 348 concesiones activas/año. Si tomamos en cuenta que en promedio la población de trabajadores de un proyecto minero de este tipo asciende a 20 trabajadores/concesión, tenemos un estimado de 6,960.00 trabajadores/año que se benefician de forma directa de esta actividad. Tomando en cuenta que cada familia costarricense en las zonas donde se desarrollan este tipo de industrias (zonas rurales) se compone en promedio entre 4 a 5 miembros, de la actividad minera no metálica se estarían beneficiando entre 27,840.00 a 34,800.00 personas de forma directa, sin tomar en cuenta los encadenamientos comerciales que benefician a muchas más familias en el territorio nacional, lo cual podría más que duplicar los números de personas beneficiadas  de esta actividad comercial, más si tomamos en cuenta que la mayor parte de la industria de agregados para la construcción se genera en zona rural, fuera del casco metropolitano. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el estado y sus instituciones tales como las municipalidades, hacen minería no metálica, por medio de Decretos de Emergencia y la Ley N°8668, dicha actividad minera en el año 2018, presentó 80 concesiones activas, las cuales representaron aproximadamente un ahorro estimado para el estado de $6.4 millones de dólares/año.

Como Colegio de Geólogos de Costa Rica, preocupados por el desarrollo económico del país y de las actividades que competen al que hacer del geólogo como profesional, teniendo en cuenta estos números producidos por la actividad minera no metálica en nuestro país, nos hacemos la pregunta, de cuántos más beneficios  económicos y sociales traería el desarrollo de proyectos mineros metálicos como el proyecto de Mina Crucitas, que podría generar ingresos muchísimo más elevados que los aquí expuestos.

Por tanto, como colegio profesional especialista en el tema minero del país, invitamos a las autoridades responsables en la toma de decisiones importantes y a la ciudadanía en general, a tomar una actitud menos ideológica y más coherente con relación a la percepción de la actividad minera en general, la cual se realiza en este país de forma sostenible cumpliendo con todos los requisitos que la legislación nacional establece. Esto nos llevaría como nación a poder solventar problemas económicos tales como el déficit fiscal, con ingresos frescos y directos aprovechando de forma racional nuestros recursos minerales, sin tener que imponerle a la ciudadanía en general, cargas impositivas tributarias que ahogan al ciudadano común, así mismo nos evitaríamos más endeudamientos del Estado Costarricense con Eurobonos, que comprometen económicamente a las nuevas generaciones.

[1] DGM, 2017: Informe de la Dirección de Geología y Minas Requerimiento 4.11 del Informe DFOE-AE-IF-02-2016, Producción minera 2016.-37 págs. San José.