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Nadie duda que hoy vivimos en un mundo digital y Costa Rica no es la excepción. Operadores y fabricantes en todo el orbe invierten enormes recursos en Investigación y Desarrollo (I+D), tratando de asegurar que las redes del futuro soporten las necesidades exponenciales de una sociedad hiperconectada. Cisco estima que desde el 2017 y por los próximos cinco años, el crecimiento promedio anual en el tráfico de datos móviles en el planeta rondará el 46% alcanzando un valor cercano a los 1000 Exabytes[1] para el 2022. Para referencia, hace apenas cinco años, el tráfico móvil era de apenas unos 45 Exabytes.

Estos requerimientos de inversión, primero en I+D y de forma más intensiva en el despliegue de la infraestructura propiamente, se generan además bajo una marcada presión en cuanto a la posibilidad de rentabilizar estas inversiones, vía nuevos ingresos para los operadores. Mientras que durante el desarrollo de las primeras generaciones de telefonía móvil, el crecimiento del tráfico se acompañaba de un crecimiento sostenido en los ingresos por suscripciones móviles, tanto al ampliarse la base de usuarios como por la creciente contribución individual por cada uno de ellos, la situación actual es la opuesta: básicamente los precios reales por la conectividad se reducen drásticamente y además, a calidades muy superiores. Esto significa que las redes deben invertir, en primer lugar, para ser competitivas y subsistir.

Es sin duda el caso de Costa Rica: si tomamos las ofertas y sus calidades desde la apertura —especialmente para el internet móvil—, tenemos precios decrecientes y calidades crecientes (en velocidad, disponibilidad y latencia, entre otros). Esta tendencia no cesará, razón por la cual, los operadores móviles en el país sólo tienen un camino: seguir invirtiendo en mejoras.

Y así, ¿qué sigue ahora? En primer lugar, es necesario terminar de afianzar la expansión del 4G (LTE), lo que incluye un esfuerzo en términos de cobertura: hoy ya se avanza aceleradamente hacia un traslape total sobre la base de cobertura primaria (3G). Esto implica que, en pocos años, una significativa mayoría de los usuarios navegarán sobre 4G, permitiéndoles ser partícipes de la economía digital.

Paralelamente, estará la industria presta a ir adoptando mejoras tecnológicas, primero sobre el propio estándar de 4G y luego, dando el salto al 5G, posibilitando una verdadera revolución sustentada en el Internet de las Cosas (IoT). Más que la velocidad, el 5G supondrá la cuasi eliminación en el retardo en la entrega de paquetes de datos (latencia) lo que conllevará la inmediatez de las conexiones. Esto es una condición indispensable para soluciones de tele-medicina, automóviles autónomos, entre otros.

No se debe perder de vista eso sí, que la base de conectividad en el futuro, aún con la introducción progresiva de 5G, seguirá siendo el 4G. GSMA estima que para el 2025 solamente el 15% de las conexiones móviles —excluyendo el ambiente de Internet de las Cosas— será en 5G mientras que en 4G, se basará casi el 70% de las conexiones. Por eso, las autoridades no deben abordar el nuevo estándar como un reemplazo del actual, sino por el contrario, como un complemento y habilitador de aplicativos industriales muy potentes.

Ahora sí, ¿cómo? Paralelo al esfuerzo inversor de la Industria, el Estado Costarricense debe facilitar las condiciones para consolidar el 4G y para iniciar en el corto y mediano plazo con 5G. Al respecto, cuatro puntos medulares:

1) Habilitar el espectro necesario para ambos fines: Costa Rica ya está quedando rezagada en disponibilizar la banda de 700Mhz (la que se deriva del apagón analógico de TV). Esta banda es fundamental para llevar el LTE a las áreas más remotas.

2) Establecer una hoja de ruta para licitar nuevo espectro en bandas medias y altas, vitales para este nuevo estándar: el desarrollo de 5G debe hacerse en competencia y para ello hay que tomar decisiones sobre bandas claves, decisiones por demás señaladas por la Contraloría desde el 2012 y que cuentan con el sustento técnico de los informes sobre ocupación actual de estas bandas por parte de la SUTEL.

3) Asegurar las condiciones para el despliegue de red fija, que en el caso de la tecnología móvil se constituye en su red de transmisión. Esto implica planificación municipal y a nivel de las obras mayores de infraestructura vial, así como una adecuada supervisión regulatoria para la compartición de infraestructura esencial especialmente en ciertas áreas del país.

4) Garantizar un oportuno levantamiento de la infraestructura soportante de red de acceso, tanto de torres como de postes, estos últimos fundamentales para el desarrollo de 5G. Toda disposición administrativa, tanto del Gobierno Central como de los Gobiernos locales debe considerar las ganancias económicas y sociales de permitir un ágil despliegue, antes que fines recaudatorios.

Industria y Estado deben acompañarse en este proceso: las telecomunicaciones en general son fundamentales para dinamizar las economías, aportando ingresos que el país requiere tanto en el flujo real como en su contribución fiscal.

[1] Datos del Cisco Visual Networking Index™ (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast Update (2017 to 2022).