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— Esta semana trascendió que la diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera, presentó un proyecto de ley que busca elevar los subsidios y beneficios económicos que se le ofrecen a las familias que tengan más de 3 hijos en el país. El proyecto levantó muchísima roncha pero ¿por qué? Se los vamos a explicar aquí.
— El objetivo del proyecto, según reza su artículo 1, es "establecer, por parte del Estado Costarricense, el reconocimiento, protección y promoción de condiciones para que los miembros de familias numerosas (que son aquellas que tengan 3 hijos o más o que tengan entre sus descendientes a personas con discapacidad) tengan igual acceso y disfrute a los bienes económicos, sociales y culturales". ¿Cómo propone hacerlo? Pues bien, dándole a los miembros de estas familias un trato preferencial en el otorgamiento de becas de estudio y materiales educativos, así como la admisión de alumnos en centros educativos públicos, el otorgamiento del bono de vivienda, acceso a centros de cuido y a centros culturales del ámbito público. Así lo señala el texto del proyecto y hasta ahí, digamos, todo bien, ¿cierto?
— Bueno... hasta ahí. El problema es que el proyecto está lleno de huecos y es importante señalarlos para dimensionar las cosas. Empecemos por la justificación, el por qué, del proyecto. Esta reza que "desde hace varias décadas, Costa Rica viene experimentando una sostenida disminución en su tasa de natalidad, hasta llegar a tener, en la actualidad, una de las más bajas de América Latina". Es decir, un punto de partida para la propuesta es incentivar a la gente a tener más hijos pues el Estado “les premiaría”. Dice:
Bajo los principios republicanos de equidad y solidaridad, se hace indispensable que el esfuerzo adicional que hace una familia numerosa adquiera relevancia, especialmente si se considera el aporte que realizan a la sociedad.
— Aquí aparece el primer gran lío del proyecto. Sí, nuestras tasas de natalidad son bajas y sí, esto está afectando a programas sociales como el IVM, eso ya nos lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Contraloría General de la República pero ¿darle beneficios a las familias para que tengan más hijos, es la pomada canaria para resolver esa problemática? Eeeeeeeeee, no.
— En una las discusiones (bastante amplias) que Acuña y su equipo han tenido que sortear mientras defienden el proyecto, se le preguntó a la legisladora si sabe a cuántas familias está pensando subsidiar para hacer un cálculo del impacto económico que esto significaría para las todavía débiles finanzas públicas. Ante esta pregunta, Acuña aseguró no tener el dato de cuántas familias numerosas hay en el país y por eso propuso que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) realice un registro de estas. El tema es que puede que la diputada no lo sepa el dato, pero el INEC sí: está en la Encuesta Nacional de Hogares del 2018, uno de esos documentos que uno debería revisar antes de presentar un proyecto de ley de este tipo, pero bueno... eso no pasó.
— Según nos señalaba el economista Andrés Fernández Aráuz, los resultados de esta encuesta revelan que en el país hay un total de 128.182 hogares que serían considerados como familias numerosas. A esos, y para efectos de este proyecto, es necesario restar a las familias que no estén conformados por costarricenses, pues el artículo 3 del texto así lo dispone (otro tema que está levantando mucha discordia) y así nos quedaríamos con 126.197 hogares que cumplen con estas características: es decir, un 8% del total de hogares del país. ¿Tenemos recursos adicionales para darle atención a todas estas familias?
— Aquí hay muchos factores que no se tomaron en cuenta: por ejemplo, la idea es tener más trabajadores "nuevos" para que sean quienes dinamicen la economía y aporten más a modelos sociales como el IVM... pero estos nuevos trabajadores no van a empezar a dar esos frutos si no hasta que cumplan la edad suficiente para encontrar un buen trabajo, y aunque Acuña asegure que esto no es asistencialismo, tiene toda la pinta pues le significaría al Estado, por lo menos, 18 años de nuevos subsidios estatales cuyo pago, de nuevo, dependería de un presupuesto público ya asfixiado.
— A esto hay que sumarle, como señalaba la periodista Hazel Feigenblatt, el requerimiento de que estos eventuales nuevos trabajadores lleguen a encontrar un buen trabajo, donde estén asegurados y tengan todas las de la ley. Aquí es donde está el dilema pues, si no está pasando con la población que tenemos ahora, ¿cómo se supone que sucederá con mayor población? En palabras de Feigenblatt:
La sola existencia de trabajadores 'nuevos' disponibles no soluciona el problema, puesto que solo podrán ser contribuyentes si tienen empleos formales. Este es el tema de fondo. Si no podemos emplear a tantas mujeres y hombres que quieren trabajar ni podemos sacar de la informalidad a 4 de cada 10 trabajadores, ¿qué sentido tiene asumir que tratar a las mujeres como fábricas productoras de trabajadores operando en doble jornada va mágicamente a generar empleos formales?
— Otro punto fundamental es que nos planteemos si es realmente necesario este subsidio. El texto de Acuña habla mucho de dejar su funcionamiento en manos al PANI pero lo cierto es que esa no es la institución que tiene competencia en este tema (otro error): es el IMAS. El IMAS, como es por todos sabido, ya cuenta con el beneficio especial de Atención a Familias que apoya a familias con extrema necesidad, incluidas las que tienen más de tres hijos.
— Ajá, Atención a Familias, el mismo programa que el año pasado afrontó una crisis de liquidez enorme que tuvo a sus beneficiarios en aprietos financieros desde octubre hasta enero. ¿Cómo recargarlo entonces con más funciones y más gastos si ya con los que hay no se da abasto?
— Razón tenía Feigenblatt cuando agregó que sí, que las bajas en las tasas de natalidad son problema en todo el mundo pero "lo que han hecho algunos países es reducir el costo de la formalidad para que sea accesible a más trabajadores informales y pequeñas empresas, lo cual incentiva la creación de empleo y eleva las contribuciones". Es decir, se requiere de soluciones integrales, fundamentadas y... reales. Aquí podríamos empezar a hablar de rediseñar el modelo del IVM, de ejecutar políticas en pro de la formalidad laboral y muchas otras más, en lugar de estar buscando en el INEC los datos que no se buscaron cuando se redactó este proyecto.
— Feigenblatt cerró asegurando que esta "no es una discusión nueva sino una en la que se deben tomar decisiones de fondo, en lugar de distraer la atención con discursos populistas insostenibles tanto para el Estado como para las familias más vulnerables". Nosotros concordamos y esperamos que para próximas iniciativas, así sea. Estos temas país son lo suficientemente urgentes como para plantear proyectos que dupliquen funciones y gastos, sin contar siquiera con el fundamento técnico necesario.
Esta nota es parte del Reporte: Caos en Japdeva, inicio de la huelga en el MEP y el proyecto de Ivonne...
