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Desde el año 2014, la clase política latinoamericana se ha visto envuelta en lo que se puede considerar el mayor caso de corrupción conocido como “Odebrecht”. Este ha generado un sin número de acusaciones a altos jerarcas gubernamentales de todo el continente, e inclusive provocó el suicidio del ex presidente de Perú, Alan García, en el mes de abril. Es por ello, que se vuelve necesario analizar las implicaciones de este caso en el debilitamiento de la democracia latinoamericana y la politización en los sistemas de justicia de los países.

La división de poderes es un elemento fundamental de un sistema democrático maduro. Tal y como mencionaba John Locke, en su famoso Tratado sobre el Gobierno Civil: “Así ocurre cuando el que le gobierna, por mucho derecho que tenga al cargo, no se guía por la ley, sino por su voluntad propia; y sus mandatos y acciones no están dirigidos a la conservación de las propiedades de su pueblo, sino satisface su propia ambición, venganza, avaricia o cualquier otra pasión irregular”, refiriéndose a la tiranía (o a los tiranos) y como esta puede dañar la institucionalidad democrática de cualquier sociedad.

En el año 2014 Sergio Moro (actual ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro), siendo juez en Curitiba, reveló los distintos sobornos implementados por la empresa constructora más grande de América Latina, Odebrecht, para pagar a políticos, partidos de la región y a altos funcionarios de dos países africanos; en una operación denominada “Lava Jato”.

Este caso generó una crisis y un debilitamiento de la institucionalidad democrática de todo el continente, principalmente en Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. En todos estos, hay jerarcas de alto nivel encarcelados y otros con procesos abiertos ante la justicia. En virtud de lo anterior es claro que en la región latinoamericana la corrupción está presente como un problema sistémico.

En Brasil tres expresidentes han sido acusados por corrupción, Lula Da Silva (2003-2010) condenado a 12 años de prisión, Michael Temer  (2016-2018) en prisión preventiva, y Dilma Rousseff (2011- 2016) quien fue destituida del cargo, tienen en común estar vinculados a escándalos de corrupción.

Con respecto a Lula da Silva, se encuentra encarcelado por en apariencia recibir sobornos de la empresa OAS (consorcio brasileño) y por facilitar el proceso de internacionalización de la empresa Odebrecht. Es importante destacar el proceso de juicio contra el expresidente, fue muy cuestionado por la falta de transparencia, además el único juez que llevó adelante la causa en su contra fue el actual titular de Justicia del gobierno de Bolsonaro, el exjuez Sergio Moro lo condenó en 2017 a 12 años de prisión. Moro se ha destacado por ser uno de los principales detractores del Partido de los Trabajadores.

En relación al caso de Dilma Rousseff, fue separada del cargo el 12 de mayo de 2016, después de un proceso de impeachement realizado por el Senado Federal. Las acusaciones contra la expresidenta tienen relación a sobornos que en apariencia recibió siendo primeramente ministra de Minas y Energías y posteriormente como presidenta de la República a través de la empresa de hidrocarburos Petrobras, pagados por Odebrecht.

Al igual que Rousseff; Temer, que el pasado 1 de enero le entregó la banda presidencial al ultraderechista Jair Bolsonaro, fue arrestado en Sao Paulo, por orden del juez Marcelo Bretas, que destapó un enorme escándalo de desvíos de capital de la Empresa Odebrecht a la empresa estatal de hidrocarburos Petrobras. En relación a estos actos, es importante señalar que tanto Rousseff como Temer estaban vinculados en el mismo escándalo, sin embargo el Senado y el sistema judicial solo enjuiciaron a la expresidenta.

Actualmente, la Fiscalía brasileña acusa a Temer de beneficiarse de sobornos pagados por empresas y de ser el principal líder de una organización criminal que incurrió en repetidos delitos de corrupción durante 40 años.

Perú fue el primer país en donde estalló el caso Odebrecht, ya que un alto director de la empresa reconoció (en un proceso judicial llevado a cabo en Estados Unidos) el pago de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Actualmente, la Fiscalía investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta inicios de 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Por estos casos quedan bajo investigación los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a EE.UU. y ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (1985-1990, 2006-2011); y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo de 2018, agobiado por denuncias de corrupción.

Además, es el primer país en registrar una muerte vinculada de forma directa con el caso Odebrecht; el expresidente Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido por la investigación de recepción de sobornos para adjudicar a la constructora obras públicas en Perú. También está siendo investigada Keiko Fujimori, líder de la oposición y excandidata a la Presidencia quien cumple prisión preventiva de 36 meses acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht en su campaña de 2011.

En el caso concreto de Panamá, resaltan entre los investigados el expresidente Ricardo Martinelli y dos de sus hijos. Además, el bufete Mossack Fonseca, reconocido por su vinculación con los Panamá Papers, están siendo investigados y ya fueron detenidos por la justicia panameña a comienzos del 2017 por su presunta conexión con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en varios países

Otro investigado por estar vinculado con este caso de corrupción es el presidente Juan Carlos Varela, quien reconoció que su campaña por la vicepresidencia en 2009 recibió dineros de Odebrecht a través de terceros, y recalcó que las donaciones políticas "no son sobornos" ni constituyen un delito.

Este caso es un golpe directo a la democracia panameña al implicar al propio jefe de Estado; el cual, termina su mandato quinquenal el próximo 1 de julio del 2019. Esto deja evidencia que en Panamá existe un sistema débil de frenos y contrapesos y que esta debilidad supone una amenaza para la democracia.

Y así se podría continuar la lista con varios altos perfiles latinoamericanos, también están enlazados altos jerarcas argentinos, de República Dominicana, Guatemala. El caso Odebrecht refleja que, no importa la ideología a la que adhieran los mandatarios en la región, la corrupción es un problema sistémico que afecta a todos los países de la región por igual. Además de ello, no solo es un problema latinoamericano, las investigaciones hechas por Lava Jato también demuestran las redes transnacionales de financiamiento mediante paraísos fiscales, que incluía cuerpos financieros de Suiza, Andorra, Antigua y Barbuda, Panamá, entre otras.

Así, los problemas estructurales que permiten la corrupción no son de soluciones sencillas. Para ello se necesitan sociedades educadas e informadas, que puedan generar escrutinio público y rendición de cuentas, lo cual es complejo en sociedades con libertad de prensa restringida y acceso desigual a la educación y recursos.

La corrupción se mantiene como "un problema sistémico en Latinoamérica". Oderbrecht abre una ventana gigante que evidencia la profundidad que ha alcanzado la corrupción dañando los tejidos más sensibles de los Estados latinoamericanos y perjudicando la percepción pública sobre la democracia y sus representantes. Esto puede desembocar en un ascenso de regímenes populistas que lleguen al poder con un discurso anti corrupción que le provocará más daños al sistema democrático latinoamericano.