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El aborto impune, conocido como aborto terapéutico en nuestro país, tiene sus antecedentes en el Código Penal de 1918; está permitido y es legal según el Código Penal de 1970, bajo el claro entendido de que es aquel que se realiza para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre.

Pero, ¿En qué casos se define que hay un peligro para la vida y la salud de las mujeres?, ¿Quién define esto?, ¿Cómo actuar ante ello? No existe una norma técnica, protocolo o reglamento  que establezca o defina con precisión la respectiva actuación, que proteja efectivamente el derecho a la vida y salud de las mujeres en estas situaciones y brinde a la vez, seguridad jurídica al personal autorizado para practicarlo.

El Partido Acción Ciudadana se comprometió en campaña política, y por ende el Presidente de la República y la Fracción Legislativa a la que pertenezco, con la norma técnica y protocolo del aborto terapéutico, precisamente para llenar este sensible vacío.

No estamos inventando la rueda, ni comprometiéndonos con nada más allá de la ley. No hemos ni vamos a impulsar, por el momento, ningún proyecto de ley para ampliar las causales del aborto. Nuestro compromiso es con la norma técnica y su protocolo.

Sin embargo, vivimos en un país en el que la palabra aborto desata malestar e incomodidad en muchas personas y esa precisamente, es la razón por la que hay que hablar públicamente de estos temas, pero en un marco de respeto al derecho internacional que como país hemos suscrito,  haciendo a un lado los fundamentalismos, los fanatismos y la misoginia que suele permear en estas discusiones.

Recientemente hice una intervención crítica en Facebook, con motivo de la carroza que se presentó en el Festival de la Luz, con la malograda idea de representar un feto, y en menos de 72 horas mi página ha sido vista por 56 mil personas aproximadamente, ha tenido 773 comentarios y ha sido compartida 204 veces, por supuesto sin pagar publicidad por ello.

De las libertades, la de pensamiento es la que más defiendo, promuevo y practico en todos los espacios, pero basta con revisar el nivel de irracionalidad, odio, ataques personales y misoginia que desfiló en dicha publicación cual carroza, solo por atreverme a pensar y cuestionar. Incluso, personas autodenominadas “pro-vida” me han tildado de “pro-muerte”, desde esas posiciones binarias de lo bueno o lo malo, como si el tema fuera así de simple.

Para muestra un botón. Una persona escribió desde un perfil evidentemente falso, bajo el nombre de Jennifer Delgado, lo siguiente: “Deberían sacarle el útero y así asegurarnos que “mujeres” como usted no tendrá hijos. No se hagan abortos, mejor háganse la histerectomía, no mutilen fetos, mutílense ustedes mismas”.

Esas palabras no me lastiman, no me afectan; me dan la razón y me indica que estoy en la vía correcta. Lo grave es que detrás de estas reacciones virulentas hay una maquinaria política organizada para desinformar  y deslegitimar.

En lo que toca a esta Asamblea Legislativa, las diputadas y los diputados tenemos como mandato respetar las leyes, la Constitución Política y el marco de convencionalidad; es decir, aquellos instrumentos internacionales con los cuales el país se ha comprometido, y en materia de derechos humanos, estos instrumentos están por encima de la Constitución.

En una reciente intervención en el Plenario Legislativo llamé la atención respecto a la calidad que debe caracterizar los mensajes que cada una de las diputadas y diputados emitamos, porque somos una vitrina pública y todas nuestras actuaciones deben asumirse con esa gran responsabilidad, como referentes de nuevas formas de hacer política.

Sobre aborto terapéutico corresponde un debate de altura, un diálogo amplio del que todas las personas  salgamos  mejor informadas y educadas, pero sobre todo corresponde contar con la norma técnica y protocolo para proteger y garantizar derechos, así como brindar seguridad jurídica al personal que lo practique.