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El 26 de noviembre se cumplieron 78 días naturales desde que comenzó la huelga indefinida (10 de setiembre) convocada por el sector sindical del país –supuestamente– en oposición al Proyecto de Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20.580.

Casi un mes después de su comienzo, el 9 de octubre, la huelga de los sindicatos de los trabajadores del sector educación (SEC, ANDE y APSE) fue declarada ilegal en una primera instancia por un Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, y los tres sindicatos que aglutinan a los empleados del MEP decidieron mantenerse en huelga hasta que existiese sentencia de segunda instancia, cuya resolución se dio el 19 de noviembre (a 71 días de huelga) y en la cual el Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José devolvió la sentencia a la primera instancia, anulando el fallo inicial.

Según los datos que ha recopilado el MEP, aproximadamente un 65% de sus empleados, particularmente docentes, aún no regresan a las aulas, lo que implica que cientos de miles de estudiantes han dejado de recibir lecciones académicas durante 50 días lectivos (excluyendo fines de semana, feriados y congresos sindicales), un 25% de los 200 días programados en el calendario escolar del sistema educativo costarricense.

Fuente: Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, MEP.

Sin necesidad de entrar en las polémicas discusiones sobre el derecho a la huelga, la definición de servicios esenciales o las fortalezas y debilidades del necesario proyecto 20.580, me referiré a las consecuencias de un hecho que es irrefutable: la disminución del tiempo de aprendizaje para los estudiantes.

Y es que bien ha hecho el ministro de Educación al ser claro sobre sus implicaciones: “Los días de clases perdidos no pueden ser recuperados de ninguna manera, pues no existe plan remedial que pueda compensar la materia que no fue evaluada en el tiempo que tuvo que hacerse”.

En algunas otras administraciones del MEP por el contrario se ha tratado de confundir a la población haciéndole creer que sí existen tales planes remediales, pero lo cierto es que la malla curricular que no ha podido ser cubierta desde el pasado 10 de setiembre será imposible de recuperar, tanto en lo que queda del 2018 como en el venidero ciclo del 2019.

Las consecuencias irán más allá del periodo inmediato, donde se han tenido que hacer ajustes de las estrategias de evaluación (promediar solo el primer y segundo trimestre o ponderar con un 60% la nota de presentación de los estudiantes que deben hacer pruebas de bachillerato) y sus verdaderos efectos se conocerán en el largo plazo.

En octubre del año anterior David Jaume y Alexander Willén, de la Universidad de Cornell, publicaron un estudio titulado Los efectos de largo plazo de las huelgas docentes: evidencia de Argentina, siendo este el primero estudio que utiliza técnicas estadísticas rigurosas de evaluación de impacto y del cual se desprenden hallazgos relevantes aplicables a nuestro contexto actual.

En síntesis, los autores encuentran “evidencia robusta de que las huelgas docentes empeoran los resultados futuros del mercado de trabajo: haber estado expuesto al nivel de duración promedio de una huelga docente en Argentina (88 días) en educación primaria reduce los salarios y ganancias del mercado de trabajo en cerca del 3% para personas entre 30 y 40 años de edad; adicionalmente, incrementa la tasa de desempleo para este grupo en 11% y aumenta la probabilidad de no estudiar ni trabajar en un 8%. Todo esto como consecuencia de un menor nivel educativo de estos individuos (un 2% menos años de escolaridad que el grupo de individuos no expuesto a huelgas prolongadas)”.

Los números anteriores son preocupantes, y son parte del daño colateral que están causando hoy día los docentes que, influidos por sus líderes sindicales, continúan sin retornar a las aulas. De hecho, algunas estadísticas similares fueron producidas como consecuencia de la crisis económica de la década de los 80’s en nuestro país y que tuvo efectos similares (aunque de mucha mayor severidad) a los que podría causar una huelga docente prolongada.

Los jóvenes que abandonaron el sistema educativo durante la crisis son hoy conocidos como la generación perdida. Según el último informe del Estado de la Educación, un 66% de estos individuos no llegó a concluir la educación secundaria, y en su mayoría ni siquiera finalizaron la educación primaria (hoy día el 46% de los jóvenes no concluyen la educación secundaria).

La escolaridad promedio de esta generación perdida es de 8,2 años, un año inferior a la generación siguiente a ellos y hasta casi dos años por debajo del nivel de escolaridad de las generaciones más recientes, con la consecuencia de que hoy día, el 65% de los hogares en condición de pobreza tienen como jefe del hogar a individuos pertenecientes a esta generación perdida o de generaciones incluso anteriores, con aún más bajo nivel educativo.

El 9 de octubre, el Ministro de Educación agregó: “Esta huelga tendrá consecuencias en la formación en los niños y muchachos que no asistieron a clases, eso ya no es remediable, es responsabilidad de este movimiento de huelga”. Lastimosamente, las consecuencias las padecerán con mayor intensidad en su etapa adulta.