En Brasil, el plan de gobierno de su presidente electo incluye entre sus propuestas militarizar la enseñanza. Días previos a la jornada electoral, fuerzas policiales ingresaron en varias universidades para impedir conferencias sobre la democracia, censura clara al libre pensamiento. Afortunadamente, la Corte Suprema de ese país se pronunció contra estas intervenciones, señalando: “No hay derecho democrático sin respeto a las libertades (…) La única fuerza legítima que puede invadir las universidades es la de las ideas libres y plurales. Cualquier otra, es tiranía”.
Por otro lado, en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo se lanzó violentamente a atacar a jóvenes de diversas universidades, quienes a inicios del 2018 protestaban por la inacción del gobierno ante el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz y posteriormente contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Ortega vio amenazado su poder, justo desde las universidades, voces de pensamiento crítico, lo que lo empujó a dirigir ataques y liderar persecuciones hacia estudiantes que ejercían su derecho constitucional a la protesta pacífica.
Mientras tanto, en Costa Rica un discurso —cada vez más populista y peligroso— se asienta en la Asamblea Legislativa en contra de las universidades públicas, producto del envalentonamiento de fuerzas que atacan el pensamiento libre.
Quienes apoyan el recorte al FEES están enrumbándose por un camino peligroso para la democracia. Bien señala Roxana Pey: “La democracia exige ciudadanas y ciudadanos críticos, cultos, informados, conscientes, solidarios, dignos, que no sean fácil presa de la manipulación, […] Por eso la universidad para algunos ha sido y es tan inconveniente como peligrosa […]”
Desde el 1 de noviembre se discute el presupuesto ordinario para el 2019. Este presupuesto incluye un grave e inédito recorte al FEES por 10.000 millones de colones. Para el 2019, originalmente el FEES crecería un 3% —únicamente la inflación—. Esto quiere decir que el presupuesto crecía solo lo necesario para respetar el mínimo constitucional.
El recorte aprobado en la comisión es violatorio de la autonomía universitaria e inconstitucional, y debe ser revertido, por dos aspectos:
- La Asamblea Legislativa únicamente debe interferir con respecto al presupuesto de las universidades estatales cuando exista un diferendo respecto a la aprobación del monto presupuestario.
- Es probable que las rentas de las universidades para el año 2019 sean menores al año anterior, incumpliendo el mandato constitucional que señala que las “rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas”.
La autonomía presupuestaria de las universidades públicas no es un capricho. La importancia de la autonomía ha sido señalada por la Sala Constitucional:
[…] La autonomía universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. […] la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido.
La autonomía universitaria “protege el ámbito de la educación, la cultura y el conocimiento de abusos de poder”. Esto lo tenían claro los Constituyentes del 49, quienes hicieron una vehemente defensa de la importancia de que quedara incorporada en la Constitución. El diputado Baudrit lo resumía así:
Lo que perseguimos es evitarle a la Universidad la amenaza de futuros Congresos movidos por intereses politiqueros. […] Mañana, si la Universidad no se adapta al ambiente político imperante, un Congreso, con el propósito de liquidarla, lo podrá conseguir fácilmente rebajando el subsidio del Estado. […] Precisamente para evitar que esto pueda llegar a presentarse, es necesario, indispensable, dotar a la Universidad de Costa Rica de una auténtica independencia administrativa, docente y económica.
Para la Asamblea Constituyente era necesario resguardar a la universidad estatal—en aquel momento solo existía una—, de cualquier interés político que intentara someterla, y defendía que solo podía considerarse universidad en tanto fuese libre de presiones políticas.
Entonces, cuando escuchamos argumentos contra las universidades públicas, cuando leemos que su independencia presupuestaria está siendo manoseada con discursos politiqueros e irrespetuosos del espíritu que llevó a darles dicha autonomía económica y cuando observamos un contexto internacional donde los extremismos ideológicos atacan abiertamente a la educación superior pública o al pensamiento crítico, es que debemos alzar con más fuerza las voces en defensa de su autonomía y en total rechazo a la intervención legislativa. Estos ataques no son casualidad, por lo que deben elevar todas las alarmas de quienes defendemos la democracia.
Es preocupante ver fracciones legislativas que desdeñan los valores democráticos. Podríamos decir que no sorprende la posición de quienes representan la agenda del extremismo neopentecostal, pero ante eso no podemos ser simples espectadores. Una moción como la aprobada para recortar el FEES es solo el principio y un ejemplo más de su cinismo politiquero: recortan a la U pública, mientras promueven exonerar los alquileres de sus iglesias, ambas acciones dirigidas a aumentar su capital electoral.
Más preocupante aún es ver a fracciones como el PLN —quienes suelen ufanarse de los logros de la Constituyente— ser escuderos de quienes hoy atentan contra un principio básico de nuestra democracia
¿Quiénes lucran debilitando la educación superior pública?
La respuesta no debería ser tan difícil, se esperaría que las diputadas y diputados se den cuenta que ese discurso —que creen les favorece— es un arma peligrosa contra el Estado que juraron resguardar y los Derechos Humanos.
Sí, las universidades deben mejorar muchos aspectos de su gobierno interno y deben reflexionar sobre su rol en el siglo XXI, pero esto debe responder al objetivo superior de una Costa Rica más solidaria, más desarrollada y donde se cultiven tanto las ciencias como el arte. No es con el intervencionismo legislativo que esto se logra.
Sobre esto, quisiera rescatar lo dicho por el Dr. Baudrit, sobre la rendición de cuentas de las universidades públicas: “[…] la autonomía no significa negar una fiscalización adecuada posterior a las acciones, sino rechazar la desaprobación o la censura establecidas de antemano”.
Las universidades públicas deben ser transparentes y responsables en el manejo de los recursos pero, esto no puede distorsionarse para el uso populista de sectores que las ven como amenazas.
Un tirano que haga de la verdad uno de sus enemigos principales puede ser una amenaza más cercana de lo que creemos y el debilitamiento de la educación superior pública solo le allana el camino.
Las universidades son un necesario contrapeso social, al ser los espacios por excelencia del libre pensamiento. Deben fortalecerse como canales sociales cercanos a las poblaciones más excluidas, como espacios que aportan ideas y cuestionan de manera reflexiva, espacios de diálogo social, ante los intereses particulares que hoy pretenden consolidarse a través de las mentiras, el odio y el descontento popular.
La educación sigue siendo uno de los más grandes movilizadores sociales, esa ha sido la apuesta costarricense, por lo que no debe ser debilitada. La autonomía universitaria no debe ser tomada a la ligera.
Estoy segura que muchas personas no queremos ser cómplices de una estocada letal a nuestra democracia y por eso debemos demandar a la Asamblea Legislativa que respete un pilar democrático que, tan sabiamente, nuestros Constituyentes supieron consolidar y resguardar ante los intereses políticos de turno.
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