La durísima comparecencia de Brett Kavanaugh en el Senado refleja el enorme interés público que despierta en Estados Unidos la selección de un juez de la Corte Suprema de Justicia. Es verdad que las acusaciones de abuso sexual que han hecho varias mujeres contra el candidato nominado por el presidente Trump aumentaron el interés mediático. Durísima audiencia que más allá de lo anecdótico y lo coyuntural debe servir como ejemplo. La implicación mediática y de la sociedad civil es una condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar que a nuestro vértice judicial lleguen las personas más cualificadas.
En un comentario anterior, hice algunas observaciones del proceso legislativo en el que se seleccionaron a los finalistas que serán entrevistados ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea para, finalmente, hacer una terna de la cual saldrá el próximo magistrado (a) de la Sala Constitucional. Advertí, en lo que me reafirmo, que hubo inconsistencias por confusión de criterios, dobles puntajes y criterios porosos en la asignación del puntaje en ciertos rubros.
Mencioné casos como el de H.F. y V.S. en los que, como en el primero, se contó la experiencia como doctorado –y como experiencia también- o que, como en el segundo, se puntuó un curso de algunas semanas como postgrado adicional y como capacitación por cursos de aprovechamiento. Es decir dobles puntajes por la misma condición. V.S. aclaró en este medio que su curso fue de una universidad chilena fruto de un notable esfuerzo personal del que, vaya por delante, no dudo. El problema no es el lugar dónde se hizo ni el sacrificio que supuso su culminación. El tema es que valorar dos veces un atestado coloca en desventaja a los otros aspirantes y revela una calificación poco rigurosa que plantea dudas razonables sobre el camino seguido para llegar a esa lista de nominados. Del mismo modo, que se le de condición de postgrado a un título que no tiene en Costa Rica el valor de una maestría o de una especialización deja más dudas que certezas.
Pero hay más, otro de los rubros considerados en el concurso fue haber trabajado en uno de los cantones con menos desarrollo humano del país, ese puntaje, para seguir revisando casos, se le concedió a A.B. por haber ejercido su cargo de juez en Goicoechea que, según entiendo, no es un cantón que entre en aquel índice. O a C.Z. se le dieron 4 puntos por haber desempeñado un puesto atinente al de magistrado constitucional –juez contencioso-, pero a A.B. en ese apartado le asignaron 0 desconociendo su trayectoria como juez penal.
Vale la pena provocar este debate, es necesario. No se trata de egos ni de exhibir una enorme currícula —los líderes políticos de un partido conservador español, recientemente, han demostrado lo fácil que es inflar hojas de vida y terminar apareciendo como profesor invitado en Harvard—, lo relevante, ahora, es lo institucional.
Que la ciudadanía tenga seguridad de que en momentos en que el Poder Judicial requiere de toda la legitimidad posible, los nuevos miembros de la Corte serán los mejores, los que tenga las mejores condiciones intelectuales, las mejores condiciones morales y las mejores condiciones mentales. Los mejores y, por supuesto, las mejores. Feminizar la justicia con las mejores también es un reto pendiente.
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