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Tras la polémica generada las últimas dos semanas después de que la Universidad Nacional —en media crisis fiscal— anunciara la construcción de un plaza valorada en $14,5 millones, seguido de la comparecencia del rector Alberto Salom ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, y por último la eventual cancelación de las obras anunciadas hace tres días, nos hace cuestionarnos diferentes premisas acerca de la utilización de recursos estatales otorgados a la educación pública.

¿Son suficientes los recursos? ¿Son los recursos excesivos? ¿Los utilizan de una manera eficiente?

Estas tres preguntas son primordiales para entender la situación actual de los recursos estatales de las universidades públicas y de la educación en general.

Primeramente tras la reforma educativa del 2011, se establece constitucionalmente un presupuesto educativo equivalente al 8% del PIB. ¿Son suficientes? Sí, en comparación con otros países, se otorga cerca del 8%, según el Banco Mundial mucho más a que el 3.6% de Japón, el 4.2% de Alemania, el 6.1% de Islandia o el 6% de Finlandia.  Por lo tanto determinado por este indicador, sabemos que es al menos lo suficiente.

Estos números nos hacen pensar ¿por qué no tenemos los mismos niveles educativos que estos países si invertimos un porcentaje aún mayor?

Siguiendo otros indicadores como las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) vemos que estamos muy por debajo de estos países que realizan una inversión mucho menor que Costa Rica. El problema recae en la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, donde el MEP y las universidades Públicas (UCR, UNA y TEC) no han utilizado de la mejor manera estas partidas educativas. Organizaciones como la OCDE ha manifestado de una manera clara que estos recursos girados para educación son sumamente ineficientes tanto con relación al proceso de aprendizaje como en términos de reducción de la desigualdad.

El problema de la eficiencia también recae en la desigualdad de oportunidades, donde el informe Estado de la Educación ha manifestado que la utilización de recursos estatales para la educación presentan indicios de desigualdad, ya que las zonas periféricas al GAM perciben un porcentaje menor a  los cantones más centralistas, por lo que  las oportunidades de una movilidad social y un desarrollo económico se ve limitado de gran manera en las zonas centrales.

Del gasto en educación se pueden establecer varias conclusiones, primeramente sabemos que el manejo de recursos es sumamente ineficiente en relación con los resultados, si queremos mantener el 8% del PIB en educación, debemos exigir que se refleje en el capital humano, que se fiscalice el manejo y gestión administrativa de estos recursos en búsqueda de una mayor trasparencia.

Por otro lado, existe la necesidad de una legislación que permita un mejoramiento de la educación, donde nos permita un desarrollo educativo acorde a las necesidades del siglo XXI.

Por último, el país necesita llevar el desarrollo a las zonas periféricas, a Limón, Guanacaste, Puntarenas, Los Chiles, Upala y demás zonas con bajos índices de desarrollo humano, por lo que se necesita más que una utilización eficiente de los recursos, se necesita una utilización equitativa de estos.