— La discusión que tendrá la Corte Plena el día de hoy para decidir si el Plan Fiscal afecta o no la independencia judicial, empezó la semana pasada, pero calentó durante el fin de semana largo...

— Todo empezó el viernes, cuando se dio a conocer que el presidente de la Corte, Fernando Cruz, había solicitado a la Dirección Jurídica de la Corte su criterio. La respuesta de la Dirección Jurídica —que se “filtró” el viernes— señalaba que el proyecto sí afecta la independencia de la Corte, principalmente porque “se mete” con los salarios del Poder Judicial.

Lea también en A Fondo: Según la jurisprudencia de la Sala IV, el plan fiscal no necesita 38 votos (sección exclusiva para suscriptores de D+)

— Aunque el criterio de la Dirección Jurídica no es vinculante, la solicitud de Cruz no pasó desapercibida. Al respecto, Eli Feinzag, señaló: “Esta es una táctica rastrera de Cruz: se supone que los magistrados son la crema y nata del Poder Judicial, y no necesitan que abogados jerárquicamente inferiores —y cuyos puestos dependen de la Corte Plena— hagan el análisis por ellos”. ?

—Por su parte, en una entrevista con el Semanario Universidad el día de ayer, Cruz dijo:

“La reforma fiscal es necesaria y los números lo reflejan, pero tiene que hacerse conforme a lo que dice la Constitución, por ejemplo, consultarle previamente al Poder Judicial en aquellas materias que podrían incidir en su funcionamiento”.

— Cruz  —quien ha venido durante toda la semana “toreando” a la Asamblea con declaraciones similares en distintos medios— indicó demás que, a pesar de sus declaraciones, el considera que todavía no ha adelantado criterio, por lo que en caso de que el proyecto de ley llegue a la Sala Constitucional tendría que valorar si se recusa del mismo. Mmm ya.

— Mientras tanto en el Congreso —con las recientes declaraciones de Erwen Masís— ya son 6 de los 7 jefes de fracción quienes han señalado que sería importante la inhibitoria de Cruz. ¿El único jefe de fracción que no se ha unido a la solicitud? José María Villalta, jefe de la fracción unipersonal del Frente Amplio.

— Por otro lado, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, señaló a La Nación el mismo viernes que aún no conocía el informe de la Dirección Jurdícica, pero que según las consultas a expertos que se realizaron en la elaboración del proyecto este "no toca ningún aspecto de carácter jurisdiccional. No modifica, altera, amplia, reduce en ningún momento las competencias jurisdiccionales ni los tribunales ni absolutamente nada que tiene que ver con la esencia del Poder Judicial en la administración de la Justicia".

— Hay que señalar además que en el mes de abril la Corte Plena —a través del entonces presidente y hoy pensionado de lujo Carlos Chinchilla— había señalado que el proyecto de ley no afectaba la organización del Poder Judicial por lo que no se necesitaba el criterio de los magistrados...

— De la versión del texto de abril a la aprobada en primer debate —y que será la discutida el día de hoy—  solo existen modificaciones en el tema de la amnistía tributaria —que según el informe aumentaría la carga de los jueces contencioso administrativos— así como en el de la rendición de cuentas al servicio civil —que obliga a todas las instituciones a detallar acerca de los pluses salariales que otorgan a los funcionarios—.

— A pesar de eso, el informe de la Dirección Jurídica señala otras 3 posibles intromisiones del proyecto —para un total de 5 posibles intromisiones en la independencia judicial— que no fueron consideradas por Chinchilla en su momento como tales.

— A criterio la dirección jurídica —por ejemplo— el proyecto afecta la autonomía judicial, porque otorga al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica la rectoría en tema de las evaluaciones de desempeño  —que determinarían el otorgamiento de las anualidades...—.

—Esto ya que el artículo 47 del capítulo “Rectoría y evaluación del desempeño de los servidores públicos”  señala que los lineamientos generales para las evaluaciones de desempeño de todos los empleados públicos (incluyendo a todos los poderes del Estado e instituciones autónomas) estarán a cargo del MIDEPLAN.

— Sin embargo, sobre este tema la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ha señalado que el artículo 47 es claro en que, en el caso de los poderes del Estado y las instituciones autónomas, ellos darán las herramientas base para las evaluaciones, pero cada institución podrá adaptarlas a su competencia y realidad de manera independiente.

— Adicionalmente, el informe de la Dirección Jurídica señala que el plan fiscal afecta las potestades de autogobierno que tiene el Poder Judicial en materia de empleo público y que la regla fiscal que contiene pone en riesgo los destinos específicos creados a favor del Poder Judicial en caso de que la deuda del país supere el 50% del PIB. Claro, porque en medio de una crisis fiscal, lo esperable es que todos se vean afectados, excepto el Olimpo Judicial. ?

— Más allá de los cambios en temas de empleo y evaluación de desempeño que implementaría la reforma fiscal no se puede negar que una de las principales consecuencias de la reforma —que no se menciona en el informe de DJ— sería la afectación directa sobre el salario de quienes conforman la Corte Plena.

— Esto debido a que las reformas al impuesto sobre la renta (ISR) así como el tope a los salarios de los altos jerarcas del Gobierno significarían una reducción importante al salario neto —y futuras pensiones— que reciben los máximos jueces del país.

— Haciendo un cálculo a lo interno de nuestra redacción en torno a este tema, pudimos determinar que el salario de los integrantes de la Corte Plena se vería reducido en un mínimo de 5.5 millones anuales por las modificaciones al ISR. Dicho monto sería mayor dependiendo de las anualidades y cargos dentro de la Corte que ostente cada uno de sus miembros. #pequeñograndetalle

— Así las cosas, no podemos dejar de preguntarnos si —bajo estas condiciones— la objetividad de los jueces es, no solo esperable, sino ¿posible? Flashback macabro a la Sala Constitucional tratando de resolver la constitucionalidad del #autoaumentazo e ideando una figura digna de estudio internacional: aquella de juzgarse a uno mismo.

— En fin, tomando en cuenta que estarían en discusión no solo temas administrativos y jurídicos, sino también una afectación directa sobre sus finanzas personales... ¿se puede tomar una decisión “objetiva” en tales condiciones? Nosotros no podríamos hacer tal cosa, pero tal vez sea porque no tenemos un salario base de 7.8 millones mensuales. ?

— Como recién recordamos ya en el pasado la Corte Plena ha sido capaz de autoregular sus salarios a la alza… ¿Estarán dispuestos esta vez a regularlo a la baja? Agarren las palomitas...

— Recordemos que, justamente porque la reforma toca los salarios de los altos jerarcas, los magistrados del TSE decidieron abstenerse de opinar sobre la reforma fiscal,  enviando un mensaje —como quien no quiere la cosa— a la Corte Plena.

— Por último hay que señalar que la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD) denunció que el director jurídico de casa presidencial, Marvin Carvajal, ha estado visitando a los magistrados. Aunque desconocían sus motivos, Mario Mena, presidente de ANEJUD, señaló su preocupación de que se estuviera presionando a los altos jueces para conseguir el visto bueno de la Corte a la reforma fiscal...

— No se puede ignorar que esto es igualmente de preocupante. Es tan perjudicial para la democracia un Poder Judicial ajeno a la realidad del país como un Poder Ejecutivo que se crea con la potestad de influir sobre la Corte. Que no quepa duda: todo intento de injerencia debe ser denunciado e investigado como corresponde.

Bonus Track: Ayer en Sinart, 3 diputados y una diputada discutieron sobre la reforma fiscal en Mesa 13.

Hidden Track: La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto por representantes de pueblos indígenas en contra de la reforma fiscal, por supuestamente violar los tratados internacionales de los derechos de los pueblos indígenas.