Con el paso de las décadas, el proyecto socialdemócrata, que vislumbraba una nación próspera teniendo como base un entramado institucional robusto y una economía centralizada y planificada desde el Estado, ha fracasado. Basta mencionar la actual situación fiscal del país para darnos cuenta que nuestro sistema burocrático colapsó, y que esto pone en riesgo la labor del Estado en los aspectos más esenciales, que hoy en día ocupa un papel en sectores cuyas funciones no son de su naturaleza. Otra muestra de esto es la actual crisis de nuestro Poder Judicial, donde parece haber permeado la corrupción con tintes políticos. La institucionalidad de nuestro país está en peligro y esto es, a todas luces, un serio problema para la sociedad moderna e inclusiva con la que soñamos muchos jóvenes.
La reforma del Estado que debe aplicársele a este modelo socialdemócrata debe ser una reforma enfocada desde el respeto a la libertad en su conjunto. La focalización de las labores del Estado debe hacerse en las áreas esenciales y abandonar aquellas actividades que no son propias de su naturaleza. La reducción del aparato estatal es necesaria, y debe pensarse como la optimización de recursos para la mejor ejecución en aras de proteger y asegurar los derechos de todos los ciudadanos, sin distingo alguno. Esta discusión tiene espacio desde el liberalismo, así lo demuestra la historia costarricense. Es ahí donde se puede hacer la transición hacia un Estado funcional que permita al país crear las oportunidades de progreso que anhela.
El liberalismo en Costa Rica tiene una historia amplísima. Prácticamente sirvió como base para la fundación de nuestra república, pero después de la guerra civil de 1948 los vencedores de aquel enfrentamiento, José Figueres Ferrer y el ejército de Liberación Nacional (luego Partido del mismo nombre) borraron los mayores vestigios del legado liberal en cuanto a patrimonio y han reescrito la historia contada desde las aulas, casi que dándole inicio desde la fundación de la segunda república y dejando en el olvido todo lo que sucedió desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Pese a esto, es necesario recordar que los liberales fueron los propulsores de la educación gratuita y obligatoria, la separación entre el Estado y la Iglesia y la promulgación de campañas para la salubridad, así como ser los promotores de la construcción del Teatro Nacional. Sí hay desde el liberalismo cabida para hablar de temas sociales, y es por esto que dada la necesidad de implementar reformas que reduzcan el tamaño del Estado se debe realizar desde un espectro ideológico socialmente responsable.
Quizás la formación académica con la que crecimos la mayoría de personas en este país nos brinde una perspectiva poco clara de lo que significa liberalismo, pese a que hay prueba empírica que demuestra que las políticas liberales son progresistas tanto en lo económico como en lo social. Es necesario recalcar que el liberalismo implica el respeto irrestricto por la libertad y autonomía del individuo sobre su cuerpo y sus acciones mientras estas no afecten derechos de terceros, de modo que una sociedad liberal es inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, cosmopolita y amparada en un Estado de Derecho, que brinde un marco jurídico uniforme para todos sus miembros.
Otro hecho importante es que el liberalismo promueve el respeto a la propiedad y la iniciativa privada, entendiendo que es de esta forma en la que una sociedad puede desarrollarse de manera más eficiente y que esto debe ir acompañado de un marco regulatorio sencillo, uniforme y sin distinción en cuanto a sus alcances. La creación de privilegios para grupos económicos o sociales específicos no es propia del pensamiento liberal como sí lo es del modelo estatista e interventor actual, que ha creado odiosos privilegios para sectores específicos en detrimento de grupos mayoritarios que no poseen el músculo político o económico para defender sus intereses.
La política nacional ha estado polarizada en los últimos tiempos. El Estado de Derecho, baluarte de nuestra democracia, se ha visto amenazado no solo por la corrupción sino también por discursos incendiarios y populistas, cuyo fin último es vulnerar los derechos de minorías o poblaciones históricamente violentadas. Sin embargo, tuvieron que aparecer estos discursos para que la ciudadanía comprendiera que el Estado había acumulado mayor poder del que era deseable, y que esto en manos de políticos populistas es sumamente peligroso para la conformación de una sociedad moderna, inclusiva y progresista.
Si las personas jóvenes queremos una sociedad en donde el progreso económico se lleve de la mano con el progreso social, debe considerar seriamente las ideas de la libertad como el espacio correcto para la discusión de la reforma al Estado y la implementación de política pública basada en resultados. Es necesario hacer una revisión retrospectiva de la historia de nuestro país y revisar las causas y consecuencias del deterioro social que hoy padecemos para determinar la mejor forma de salir él. En pleno 2018 y en un mundo globalizado, las ideas de libre comercio, libre mercado, libertad de expresión, respeto por los derechos humanos e integración no tienen por qué percibirse como antagónicas.
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