Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

Hace unas semanas, cerraba un artículo, diciendo que aún falta mucho, de verdad mucho, para depurar el proceso de selección de las nuevas magistraturas. Una revisión minuciosa de cómo se hará es todavía necesaria, la metodología propuesta adolece de defectos que deberían corregirse.  Superada ya la primera etapa para la selección de los magistrados de la Sala Constitucional, quizás la única buena noticia es que se descartaron los nombres de candidatos con una militancia partidaria activa. Eso, sin duda, es un alivio.

Sin embargo, he revisado, a partir de la información publicada por el Semanario Universidad, las puntuaciones de las personas mejor calificadas y hay una verdadera inconsistencia que refleja algunos de los defectos que ya había apuntado y que debe ser corregida al menos si el espíritu de la transparencia y la —razonable— objetividad es lo que anima el proceso.

En suma, se asignaron o se quitaron  —en lo que suponía la parte más objetiva del escrutinio— puntos de manera arbitraria lo que, en mi opinión, favoreció a algunas candidaturas y perjudicó a otras sin que existan motivos que lo justiquen.

Recordemos cuáles fueron los rubros evaluados:

  • Grados: máximo 30 puntos. 20 por maestría o 25 años de experiencia y 30 por doctorado o 30 años de experiencia.
  • Capacitación: máximo 3 puntos. 1 por cursos del Colegio de Abogados o la Escuela Judicial, 1 por mínimo 50 horas de cursos de aprovechamiento y 1 por idiomas.
  • Publicaciones: máximo 2 puntos.
  • Experiencia profesional: máximo 65 puntos. 35 por más de 20 años de experiencia, 25 por menos de 20 años de experiencia, 16 por haber ejercido: la docencia (8) u otro cargo atinente a la magistratura constitucional (8), 8 por haber impartido talleres de capacitación de más de 30 horas y 6 por tener un postgrado adicional o haber trabajado en alguno de los cantones con menos desarrollo humano del país.

He encontrado los siguientes defectos:

  • Confusión de criterios: esto ya se sabía. No tiene ningún sentido que se equiparara el grado académico con la experiencia. Es un absurdo porque como expliqué se trata de condiciones distintas. Por ejemplo, H.F., el candidato mejor evaluado, recibió 30 puntos en “Grados” —como si fuera doctor aunque solo tiene maestría—, esto obedeció a que es un abogado con 30 años de experiencia. Sin embargo, su maestría se le contó también en el apartado de postgrados adicionales —aunque solo tenga uno— y por la experiencia se le concedieron 35 puntos más en el acápite “Experiencia profesional”. Vaya enredo.
  • Candidatos doblemente puntuados: parece claro que a H.F. se le valoró su experiencia dos veces. No fue el único caso, A V.S. le contaron un curso de un mes en la Universidad de Pisa que, por razones de nomenclatura en Italia se llama Especialización, aunque en Costa Rica no lo es en términos oficiales, en el rubro de capacitación. Y luego, el mismo cursillo se lo volvieron a sumar, pero esta vez en el acápite de postgrados adicionales. Doble puntaje por el mismo atestado.
  • Criterios porosos: A esta misma candidata, V.S, en el rubro de experiencia en cargos vinculados al puesto al que se aspira le dieron 8 puntos más por haber sido letrada de la Sala Constitucional, lo mismo que a Z.C. por su trayectoria como jueza contencioso-administrativa. No obstante, P.V. y A.B. puntuaron cero a pesar de haber sido jueces penales y letrados de la Sala Tercera y de que, seguramente, no haya otra jurisdicción más vinculada a la justicia constitucional que la penal (no es casualidad que la jurisdicción constitucional sea llamada por la doctrina la jurisdicción de los derechos). Una melcocha.

No dudo de que estos errores hayan obedecido más a descuido que a mala fe, cuando menos no hay elementos para pensar lo contrario. Sin embargo, están ya registrados y lo lógico y honesto sería enmendarlos para no cometer injusticias, sobre todo los que tienen que ver con dobles puntajes y criterios porosos. Y, de nuevo, seguir pujando para designar a las mejores personas. Entiendo que el país atraviesa un momento difícil, la crisis fiscal parece consumir todas las energías, y es natural que sea así, en cualquier caso, fortalecer a la Corte Suprema de Justicia es un desafío también mayúsculo y quiénes la integrarán en los próximos años una preocupación de la mayor importancia.

Queda mucho todavía, esta escogencia debe abrirse lo más posible y es necesario que la sociedad civil se implique para convertirla en un ejemplo de accountability y de participación a través de un debate público que permita el más riguroso escrutinio de los aspirantes y del camino que lleve a su nombramiento. En definitiva, una nueva cultura política para nombrar al vértice del Poder Judicial, una más democrática, más abierta, más cívica y más responsable.