Supongamos que el Estado es una embarcación navegando en alta mar y su motor se está deteriorando de forma vertiginosa. En la misma viajan pasajeros de características muy distintas, a saber, ricos, pobres y de clase media, funcionarios públicos, empleados del sector privado, pequeños y medianos emprendedores, dentro de los que se encuentran profesionales liberales.
En el supuesto anterior, hay consenso generalizado entre los pasajeros en cuanto a que se debe reparar el motor del navío urgentemente, siendo que ante un eventual naufragio todos morirían sin importar qué hacen, de donde vienen, ni su poder adquisitivo. Hasta aquí diría yo que llega el entendimiento colectivo, pues todos tendrán maneras distintas para proceder con el arreglo y en la mayoría de los casos sus soluciones son excluyentes.
Esa es la situación económica actual de Costa Rica: un barco que se está hundiendo, con distintos sectores sociales proponiendo medidas para evadir la crisis y llegar a buen puerto.
Algunos abogan por el recorte —o al menos la contención— del gasto público, que aplicado a la metáfora inicial sería tirar por la borda todo aquello que no sea esencial para sobrevivir la travesía, alivianando la sobrecarga que fue la causante de la lamentable falla mecánica.
Otros dirán que hay que incrementar los ingresos por la vía de más impuestos y redistribución de la riqueza, lo cual podría analizarse en el ejemplo desde una óptica de las raciones que tiene cada pasajero. En primer lugar habrían impuestos de carácter progresivo, cuyo objeto sería que los que tengan más raciones entreguen más al colectivo y otros de carácter regresivo, que serían aquellos que pueden afectar más a los que menos tienen.
Por último, habrá también pasajeros que piensen en el largo plazo, porque el viaje es largo y aun no hay tierra a la vista, requiriendo que se establezcan reglas, límites y responsabilidades a la tripulación, para que no se vuelva a malograr la barcaza a los niveles tan peligrosos en los que se encuentra actualmente.
Ahora bien, tomando en consideración el complicado panorama descrito líneas atrás, como sociedad debemos entender que se deben hacer reformas que impliquen sacrificios, para avanzar en el concierto de las naciones. Cada uno de los pasajeros debe de contribuir para dar el golpe de timón que se necesita para encausar el camino costarricense y recuperar el liderazgo en la región que se ha ido desmoronando paulatinamente.
Es aquí en donde la sociedad costarricense se encuentra en un punto de inflexión. ¿Cuánto sacrificio debe realizar cada sector del colectivo, tratando que sea lo más justo y equitativo?
Ninguna consolidación fiscal es perfecta y el proyecto 20.580 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) dista bastante de serlo. Sin embargo, creo que no hay un solo sector que esté totalmente de acuerdo con todo lo que se plasma en el texto, lo cual considero como buena señal (si alguien estuviera contento implicaría que no le tocó cargar con su parte correspondiente). El Gobierno dice que se han erosionado mucho los ingresos que se esperan generar —pasamos de estimaciones de casi un 2% del PIB a cerca de un 1,2% actualmente—, el sector privado alega que tiene la carga más pesada de todas —cuando es quien de todas maneras ya sostiene al Estado— y parte del sector público expone que no son las remuneraciones las causantes del deterioro exponencial de las finanzas públicas, sino que la culpa es de los grandes evasores.
Veamos entonces lo que propone la reforma tributaria, para determinar si se toman medidas en todas las direcciones que apuntan las colectividades, o si en su lugar se le asigna una carga excesiva a una parte de la sociedad y la otra parte logra esquivar en su mayoría el trago amargo.
Empecemos por clases sociales: recurriendo a la justicia y equidad, lo lógico sería que los pobres paguen menos, la clase media pague algo razonable y los ricos paguen más (progresividad). ¿Cumple la reforma con dicho propósito? Me parece que sí.
Los pobres no deberían verse afectados en lo absoluto por los títulos II, III y IV de la reforma, que refieren respectivamente a ganancias de capital, reformas al empleo público y la regla fiscal. El único impuesto que sí tendría una afectación sobre la clase menos privilegiada sería el IVA (impuesto al valor agregado), en donde se introducen una serie de medidas que buscan mitigar el impacto sobre los que menos tienen. Por ejemplo, la clase baja no debería ver incrementos en el pago de agua, electricidad, o alquileres, ya que el impuesto surte efectos a partir de sumas que sobrepasan sobradamente el consumo promedio de los que viven en pobreza. Además, se establece la tarifa reducida del 1% para los productos de la canasta básica y se destina parte de esos ingreso a fortalecer las pensiones del Régimen no Contributivo.
La clase media sí se verá afectada a mucho mayor medida con el IVA, ya que los miembros de este estrato sí utilizan más servicios, que no estaban gravados por el impuesto de ventas pero, ahora con el IVA sí lo estarían. Cada vez que alguien de clase media requiera acudir a un contador, abogado, arquitecto, o médico privado, deberá desembolsar más a la hora de pagar por sus servicios. Asimismo, ya en este estrato sí sentirán en mayor o menor medida los aumentos en el costo de la vida, pero de una manera razonable y con un impacto mucho menor de lo que sería si no se llegase a aprobar el proyecto. En reiterados medios de comunicación economistas de renombre han explicado las consecuencias que traería la no aprobación del paquete tributario, en donde la factura cobrada a través de alta inflación, devaluación de la moneda local y presión a las tasas de interés sería mucho más alta que la propuesta por la reforma.
Vamos con los ricos, tanto del sector público como del privado (sí, hay bastantes miembros de la clase alta que son del séctor público). La incidencia del IVA en este estrato tal vez no sea tan fuerte en relación a su poder adquisitivo, pero no se puede negar que comenzarán a pagar sobre gran cantidad de servicios que utilizan cotidianamente (a diferencia de la clase media que probablemente no los use con tanta frecuencia). Además, el proyecto incorpora tributos que afectarán en mayor medida a los ricos. El impuesto de ganancias de capital, la incorporación de dos nuevos tramos para el impuesto al salario (el primero del 20% para salarios superiores a los 2.1 millones de colones y del 25% para aquellos por encima de los 4.2 millones), la incorporación de topes salariales en el sector público, los límites a beneficios como la dedicación exclusiva y prohibición, serían medidas que inciden en mayor proporción sobre la clase más privilegiada.
Ahora bien, analizadas las clases sociales podríamos ver la distribución de la carga desde la óptica de sectores a nivel laboral, sea empleados del sector privado, empleados del sector público, pequeños o medianos emprendedores, y grandes contribuyentes.
Para los empleados del sector privado, ellos pondrían su aporte a través del pago del IVA en los servicios gravados que consuman y aquellos con altas remuneraciones también tendrán que contribuir más en lo relativo al impuesto al salario. Los del sector público, además de lo anterior, tendrán límites y recortes a beneficios excesivos que fueron incorporados paulatinamente por clientelísimo político.
Al pequeño y mediano emprendedor —en donde incluyo a los profesionales liberales— le tocará cargar con su buena parte del IVA, ya que no solo tendrá que pagarlo sobre los productos y servicios que consuma, sino que además muchos tendrán que empezar a cobrarlo como agente retenedor del Estado, lo cual les genera un costo administrativo importante (declaraciones, retenciones, pagos). Aunado a lo anterior, en el caso de profesionales liberales, muchos usuarios probablemente buscarán negociar a la baja los honorarios, siendo que ahora deberán pagar un 13% adicional en impuestos.
También tendrán que pagar ganancias de capital. Todo aquel emprendedor que a través de su esfuerzo logró generar un ahorro suficiente para convertirlo luego en inversión, ahora tendrá que pagar un tributo adicional por la ganancia que obtenga, cuando finalmente haga líquida nuevamente su inversión
Por último, analicemos la afectación de los grandes contribuyentes: Es menester dejar claro que las empresas catalogadas como grandes contribuyentes (que son un poco más de cuatrocientas), contribuyen con aproximadamente un setenta por ciento de la recaudación interna local. En términos de distribución de carga, sin lugar a dudas este número reducido de empresas es la que lleva la mayor parte del peso. Tomando lo anterior en consideración, estas empresas deberán pagar el IVA en la gran cantidad de servicios que utilizan de manera recurrente, así como el nuevo impuesto a las ganancias de capital, adicionl a las imposiciones que actualmente pagan, como lo son el impuesto sobre la renta, el impuesto a la distribución de dividendos, al impuesto a remesas al exterior, aranceles de importación, cargas sociales y demás tributos directos o indirectos que existen en el país.
Así las cosas, pareciera que la reforma tributaria sí le soca la faja a la mayoría los sectores, en donde nadie está contento lo cual es normal cuando se habla de impuestos. Probablemente habrán maneras de mejorar la distribución de la carga y si usted tiene ideas que cree que puedan ser de utilidad para mejorar el proyecto, no deje de compartirlas en todo tipo de foros, ya que al fin y al cabo es por el bien del país.
Lo que no se puede compartir es una huelga general de una parte del sector público (que en su totalidad representa un 15% de las fuerza laboral activa), en donde se vean cercenados los derechos de los demás ciudadanos que no están en huelga. Bloqueos, interrupción de servicios esenciales, actos de vandalismo y distribución masiva de información falsa, que busca engañar y enfurecer al pueblo. Esto no es un juego de suma cero y los sindicatos no pueden pretender mantener incólumes todos los privilegios que el proyecto de ley busca reducir, proponiendo que el sector privado asuma toda la carga.
Deben recordar los sindicatos que todos vamos en el mismo barco y que si como pasajero no le gusta el sacrificio que le está solicitando el colectivo, es válido proponer compromisos alternativos, pero del sector que usted representa. No resulta coherente pretender que la alternativa sea recargar toda la parte que les correspondía en los otros pasajeros y si no lo aceptan pues entonces que se hunda la embarcación. La historia nos dice que Costa Rica logró grandes cosas a inicios del siglo pasado en virtud que las distintas facciones, tanto políticas como sociales, lograron converger y remar hacia la misma dirección.
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