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De la escuela nos graduamos recitando, al dedillo, el nombre de las siete provincias que integran Costa Rica; sin embargo, poco o nada sabemos sobre su funcionalidad. Además de la elección de las diputaciones y la definición del primer dígito en la cédula de identidad, ¿para qué sirven las provincias?

El artículo 168 de la Constitución establece que el país se divide en provincias, cantones y distritos; esquema que la Ley 4.366 define como la División Territorial Administrativa (DTA). Así, las provincias son ese nivel intermedio entre lo “nacional” y lo “local”. Pese a que los límites provinciales responden a lógicas propias de la incipiente sociedad costarricense del siglo XIX, estos no han experimentado cambios estructurales.

Son abundantes los criterios técnicos que fundamentan la obsolescencia de las provincias como nivel intermedio para la administración pública. Ya desde 1959 un preclaro estudio del alemán Gerhard Sandner, calificaba la DTA como “absurda” al haberse estructurado casi sin racionalidad alguna. En la misma dirección, los influyentes estudios de Helmut Nuhn, plantearon la urgencia de una reforma político-administrativa que fomentara la descentralización del Estado costarricense.

Los tímidos y descoordinados intentos de planificación regional a finales del siglo pasado, no fueron capaces de reducir las brechas e inequidades territoriales. La regionalización establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), ha sido sistemáticamente ignorada por muchas instituciones públicas.

Tristemente el esquema provincial no hace otra cosa que reafirmar el talente vallecentralista; las cabeceras de cuatro de las siete provincias se ubican en la región Central del país, la cual concentra el 62% de la población en tan solo el 17% del territorio nacional.

El 70% de las exportaciones costarricenses se origina, nuevamente, en la Región Central. Además, 97 de los 100 distritos con mejor índice de desarrollo social están en el Gran Área Metropolitana (GAM), mientras que 92 de los 100 distritos con menor desarrollo social se ubican fuera de esta.

La desigualdad centro-periferia es indiscutible y se explica en un centralismo cultivado a lo largo de los 200 años de vida republicana.

Provincias como Heredia aglutinan cantones tan disímiles en elementos sociodemográficos, culturales y de extensión territorial, tales como Flores y Sarapiquí. Mientras que el vallecentralino Flores, cantón más pequeño del país (7 km2), es segundo a nivel nacional en el índice de progreso social, el fronterizo Sarapiquí se ubica en la posición 71 y su extensión (2.141 km2) es 300 veces más grande que su par provincial.

Pero, ¿es la reforma de la DTA un capricho academicista? La evidencia señala lo contrario.

Tanto Barrantes (distrito de Flores) como Cureña (distrito de Sarapiquí) están adscritos al Hospital San Vicente de Paúl en Heredia; sin embargo, el trayecto es de 5km y un bus en el primer caso, mientras que en el segundo hay 115km y tres buses de por medio, eso sí, se necesita la “suerte” de enfermarse alguno de los tres días a la semana que sí hay transporte público (Para el cálculo de las distancias en ambos casos se utilizó la cabecera de distrito como punto de referencia, San Lorenzo de Barrantes y Golfito de Cureña.). Es decir, la calidad de vida de las personas está en juego por una desfasada DTA.

Los ejemplos de disparidades territoriales y asimetrías en el diseño político-administrativo son abundantes, así como las propuestas de reforma. No obstante, el blindaje político-partidario que acompaña a la DTA vigente, históricamente ha impedido reformas sustantivas.

El texto Organización territorial del Estado en Costa Rica (1994) afirma que “las instancias intermedias no tienen personería jurídica y (…) no desarrollan competencias ni siquiera desconcentradas. Las regiones, en la práctica no existen como entidades con su propia fisionomía y las provincias no son más que un referente geográfico o protocolario, desde el punto de vista administrativo”.  Esperemos que dicha claridad se refleje en los resultados de la Comisión de Reforma del Estado, ya que su autor es quien la lidera y funge como Ministro de la Presidencia del llamado gobierno del bicentenario.

Es urgente que nuestra DTA pase de un añejo estorbo para la administración pública, a ser un instrumento de planificación estatal que concrete una descentralización real del país, tendiente a disminuir, progresivamente, las desigualdades territoriales y a satisfacer con eficiencia las crecientes demandas sociales.