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La imagen que las personas costarricenses tenemos de nuestro país y su riqueza marina, tiene dos problemas que nos perjudican grandemente. El primero es que a la pregunta de ¿cuánto mide Costa Rica? la respuesta inmediata de la mayoría -incluida Wikipedia- es “51,100 km2. La gravedad de esta respuesta es que incluye a las autoridades estatales expulsando al mar, además de compartir la noción del territorio basada en la tarabilla de ser la “Suiza Centroamericana”, es decir, se le compara con un país sin mar y con un territorio muy pequeño.

El segundo problema conceptual es el que el tico promedio entiende que un atún es una lata, un producto procesado y hasta folclóricamente combinado con vegetales, chile, maní y demás. Siendo que el atún es una especie marina de importante presencia en nuestros mares y de alto valor nutricional, económico, turístico, entre otros. En nada se compara una simple lata de atún con un hermoso ejemplar de uno de los peces más veloces del océano, que puede llegar a pesar hasta 400 kg y con un precio de 20 o 30 dólares por kilo, si la carne está fresca.

Abordar el primer problema, nos obliga a reconocer que la extensión del territorio costarricense solamente en el Océano Pacífico es de 589.683 km2 según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Falta sumar 24 000 km2 del mar Caribe, y la extensión continental para tener un país de 664 783 km2. Nuestra querida tiquicia es 13 veces mayor de lo que nos han contado, un poco mayor que Francia (643 801 kms2) y casi el doble de Alemania (357 021 kms2).

Ya es hora de que dejemos de hacer “chiquitica” a nuestra patria, de “sólo” 51.100 kms2, y entendamos que somos un país realmente grande y con una riqueza marina grande, invisibilizada y muy vulnerable. Gracias a nuestras costas y a la Isla del Coco, nuestro país posee la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que, de acuerdo a la Convención Internacional del Mar (CONVEMAR) es territorio nacional sobre el cual tenemos “plena soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de os recursos naturales tanto vivos como no vivos” (CONVEMAR art. 56).

El principal recurso pesquero en aguas de la ZEE del Pacífico Costarricense es sin duda, el atún. No por casualidad el país establece la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en 1949 junto con los Estados Unidos, y no es porque seamos una potencia pesquera precisamente. Como a todo perro flaco se le pegan pulgas, a nosotros, se nos pegan barcos, a estas alturas del partido, además de ignorar la inmensidad de nuestros recursos marinos, las embarcaciones atuneras que lo aprovechan son todas de bandera extranjera, y operan a sus anchas extrayendo estas riquezas.

El país no cuenta con ninguna embarcación especializada en captura del atún. Éstas tienen capacidad para desplegar redes de cerco de hasta 2 kms de longitud y 200 mts de profundidad; pueden capturar por lance hasta 200 toneladas de atún y de almacenar entre 1.000 y 1.800 toneladas en sus bodegas, en viajes de pesca que duran unos 60 días. Estos barcos venden su carga en toneladas. Cada una de estas toneladas netas en el mercado internacional puede venderse entre 2.800 y 3.000 dólares.

Y ¿cómo regula el país esta pesca?, pues casi ni regula. No sabemos si el término correcto es regular o regalar. En el 2015 y 2017, el suscrito realizó, junto con otros profesionales, dos investigaciones  en las cuales se concluye que, como dicen por ahí, en casa de herrero normativas de palo: para regular la pesca de atún en aguas nacionales, el país maneja un conjunto de normas de rango ejecutivo, que lo obligan a cobrar poco y mal por este valioso recurso.

El decreto 23.943 MOPT-MAG del 5 de enero de 1995 le otorga al MOPT la potestad de calcular la capacidad del barco y cobrar por cada tonelada registrada, un canon de 54 dólares. Pero para registrar esta “tonelada”, se utiliza una antigua medida de capacidad del siglo XIX llamada “tonelada Moorsom” equivalente a un volumen de 100 pies cúbicos, que, trasladado a atún pescado, equivale a unas 2,83 toneladas métricas aproximadamente.

En otras palabras, el barco paga los 54 dolares, es decir unos 30.000 colones por una “tonelada”, pero carga casi 3 toneladas de pescado de nuestras aguas, es decir, le sale a unos 10.000 colones la tonelada de pescado, y no cualquier pescado. Así, mientras que el kilogramo de atún fresco —no el de lata— en el mercado internacional puede cotizarse entre 20 y 330, estos barcos nos pagan la tonelada, o sea los 1000 kg en unos 10 dólares. Como quien dice, de por sí, como nadie se da cuenta…

El decreto 28528-MOPT del año 2000 revisa supuestamente los parámetros de medición de los barcos, pero mantiene la tonelada Moorsom, que se usa para cargas generales de volumen, pese a que los barcos transportan pescado que se vende en toneladas métricas, es decir, en peso. Este decreto establece , una formula obligatoria: TNR=Vc/2,83 (art. 6): que indica que la Tonelada Neta de Registro del barco (el registro que se le cobra al barco) se debe calcular dividiendo el volumen de carga (registro internacional de capacidad del barco declarado ante la CIAT) entre 2,83. En otras palabras, este decreto obliga al Estado a tomar el registro internacional de carga del barco en toneladas netas y convertirlo en toneladas Moorson para luego cobrar la tarifa de 54 dólares por cada una, en vez de cobrar según el registro internacional. O sea, que tras de que éramos tantos, parió la norma.

Tal medida tiene dos efectos: los barcos con una capacidad internacionalmente reconocida de 1200 toneladas, se convierten en el país por arte de magia y gracias a ese decreto, en barcos registrados como de 424 toneladas o incluso menos, si dentro del registro se incluyen espacios como máquinas, tanques de combustible y otros. El país entonces le cobra al barco solo 424 toneladas a 54 dólares, aunque la capacidad del barco es en realidad 3 veces más, y para mayor pérdida, esto se realiza sin alteración desde 1995 a la fecha, es decir una especie de tarifa plana durante casi 25 años para los pobrecitos barcos que tanto se esfuerzan.

Así, la licencia de pesca de un barco atunero de 1.200 toneladas de capacidad solo paga la tercera parte de esa capacidad del barco, porque una norma desactualizada del gobierno costarricense, así lo ordena. Ah, y de premio: si este barco entrega 300 toneladas a la industria nacional, la siguiente licencia no la tiene que pagar (art. 55 de la Ley de Pesca), viene a pescar atún gratis.

De esta manera, durante años, el país permitió (aunque ni usted ni yo dimos nuestro consentimiento) que 25 o 30 barcos de bandera extranjera (según registros de INCOPESCA), hicieran fiesta al extraer unas 60 o 70 mil toneladas anuales de atún dentro de la ZEE costarricense, esto asumiendo que cada uno de los barcos en promedio sólo hiciera dos viajes de pesca al año, a veces hacen tres y hasta cuatro. Esto representa un valor de unos 200 millones de dólares anuales, para las empresas dueñas de los barcos atuneros de Ecuador, Venezuela, México o los EE. UU. y esto todos los años en los últimos 25 años, saque usted la cuenta. De todo esto, el país obtiene las sobras: por concepto de licencia le quedan unos 900.000 dólares anuales, es decir, ofrecemos el recurso más valioso del océano por menos del 0,5% de su valor. Esto sólo en la ZEE. No mencionamos aquí que el país tiene una cuota internacional otorgada por la CIAT para pescar en aguas internacionales, y que también hemos regalado a manos llenas, tema del siguiente artículo. Pues bien, todo este “despelote” se debe a un grupo de normas ejecutivas no solo desactualizadas, sino claramente lesivas para los intereses nacionales.

El 8 de agosto del 2018, en el Tribunal Contencioso Administrativo, el suscrito junto a José María Villalta Flores-Estrada enfrentamos al Estado en un juicio en el cual hemos demandado por esta serie de normas que obligan al país a regalar el principal recurso pesquero nacional. En este juicio se ventilarán los efectos nefastos de estas normas para la economía nacional y para el recurso atunero, se buscará que el Tribunal obligue al Estado a elaborar un marco normativo moderno, robusto y basado en conocimientos científicos y económicos que realmente protejan los intereses del país, que logre aprovechar el recurso y beneficie a la población costarricense que vive del mar.

Existen formas de menor impacto y mayor valor para el aprovechamiento del atún, como la pesca de atún con caña, o la captura con palo verde, en donde la participación de los pescadores locales aumentaría significativamente, podría convertirse la obsoleta flota camaronera en una moderna flota de pesca de atún fresco y beneficiar a importantes sectores pesqueros. Pero debemos incorporar al mar y sus valiosos recursos como parte de nuestra soberanía, conforme al artículo 6 constitucional.

Este proceso quizá nos permita mirar al mar como parte del territorio nuestro y como fuente de riqueza costarricense y ¿por qué no? podríamos, también dejar de creer que el atún es una lata.