Recientemente Costa Rica anunció la reducción en los indicadores de pobreza, que pasaron, según el INEC, de un 20,5% a un 20%. Si bien el Gobierno ha hecho esfuerzos por medio del programa Puente al Desarrollo lo cierto es que sigue siendo muy preocupante que un 20% de los hogares costarricenses vivan en esa condición. Además, mientras en el resto de Latinoamérica se reduce la desigualdad, en nuestro país sigue creciendo y no podemos negar que las oportunidades no son iguales para todos.
Tampoco podemos olvidar que el panorama global no es precisamente esperanzador: las personas con riqueza acumulada cada día tienen más, la clase media se debilita y los pobres tienen pocas posibilidades de llegar a ser exitosos financieramente. ¿Queremos eso para Costa Rica? Estoy convencido de que podemos coincidir en que no.
Mi trabajo en la Fundación Gente me ha dado la oportunidad de recorrer el país y conversar con habitantes de distintas comunidades. He escuchado a muchas personas en condiciones de pobreza y en la enorme mayoría de las veces me he encontrado con gente que quiere trabajar pero que por razones ligadas a su condición socioeconómica no pudo concluir sus estudios. En muchísimos casos la misma necesidad (o las malas decisiones) ha llevado a estas personas a entrar en deudas con tarjetas de crédito o prestamos informales, quedando condenas a vivir trabajando para pagar intereses y subsistir.
Estoy convencido de que la respuesta a la inequidad está en la educación. Costa Rica necesita un proyecto solidario que aumente la cantidad de estudiantes que se gradúan de bachillerato, dé más oportunidades a las personas una vez graduadas del colegio y que además, como resultado final, aporte a la reducción de los índices de delincuencia e inseguridad en el país.
Identificar la problemática
Costa Rica invierte más en educación —con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB)— que cualquier país del OCDE y sin embargo los resultados no son los esperados: desde los años 80 un 50% de los estudiantes no terminan la secundaria por diversas razones. Citando el Programa Estado de la Nación (2017): “Los estudiantes matriculados en undécimo año en 2016 representaron el 45,4% de los que iniciaron séptimo en 2012 (cohorte 2012). Además, solo el 50,4% de los jóvenes de entre 18 y 22 años había finalizado la secundaria en 2016”.
Una de las causas de la exclusión estudiantil es la necesidad de buscar ingresos a corto plazo para poder sobrevivir... muchos de estos jóvenes se retiran estando cerca de finalizar sus estudios. Por ejemplo, en el año 2017 4.400 estudiantes de décimo, 1.542 alumnos de undécimo y 268 alumnos de duodécimo no terminaron el año lectivo. Estos números nos hablan de una importante cantidad de estudiantes que se encontraban a las puertas de recibir su título de bachillerato pero se quedaron en esa recta final.
La problemática no termina ahí pues graduarse del colegio no necesariamente implica que la población socioeconómicamente comprometida continúa sus estudios. Por el contrario, muchos jóvenes costarricenses se ven obligados a concentrarse en trabajar y generarse un ingreso por lo que se les dificulta invertir en su desarrollo. Sin ir muy lejos en 2014 el Programa Estado de la Nación —con apoyo de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape)— determinó que solo la mitad de los jóvenes que concluyeron el colegio en la última década, realizaron estudios universitarios.
Estas dos problemáticas anteriores son parte de los factores que se combinan para generar otras consecuencias negativas al país: una menor atracción de inversión extranjera, mayor delincuencia y un alto desempleo en población joven no calificada.
La propuesta
Una propuesta para atender esta situación es que se le den $400 mensuales durante 5 años a todos los estudiantes que se gradúen de un colegio público en el país y asistan a un curso de finanzas personales creado por este programa en conjunto con el MEP. La transferencia de los fondos debe ser lo más directa posible, es clave que casi el 100% de lo recaudado llegue al beneficiario final a fin de evitar que un porcentaje significativo termine en salarios de personas que manejan el dinero —como sucede en muchos programas sociales—. Los costos totales de un programa de este tipo serían de $24,000 por estudiante durante los cinco años. La única condición que se pondría sería completar una encuesta mensual enviada por medios electrónicos en la cual detallarán en qué usaron los fondos y cuál es su condición laboral.
Los beneficios de un programa de este tipo serían muy prometedores para Costa Rica. El esfuerzo para graduarse se compensará con una remuneración que les dará más oportunidades para tener éxito en sus vidas. El solo hecho de mantener a estos estudiantes en el sistema educativo hasta terminar el colegio podría ayudar directamente a disminuir la delincuencia así como generar la posibilidad a estos estudiantes de tener mejores ingresos a futuro por contar por lo menos con el título de bachillerato al entrar al mercado laboral.
Adicionalmente generaría una disminución en los índices de pobreza, al otorgarle un ingreso fijo a la población joven que sale del colegio. Además, daría condiciones más igualitarias para que los estudiantes que terminan el colegio tengan los recursos para acceder a una educación universitaria y no se vean obligados a trabajar sin poder seguir estudiando. Inclusive podrían arriesgarse con iniciativas de emprendimiento, pues ese ingreso fijo les posibilitaría a las personas iniciar sus propios proyectos.
¿De dónde saldría el dinero para una iniciativa de este tipo?
Tomando en cuenta la cantidad de estudiantes que se gradúan actualmente de bachillerato provenientes de colegios públicos (aproximadamente 23.500) iniciar el programa con una primera generación tendría un costo de $112 millones en el primer año. Una vez que se alcance 5 generaciones, los costos totales, para sostener un programa de este tipo, serían aproximadamente $672 millones anuales. A esto habría que sumarle un gasto administrativo, que sea lo menor posible y no llegue a representar más del 1% del gasto total del programa.
Acá es donde la propuesta se vuelve solidaria. Actualmente muchos de los estudiantes que salen de colegios privados acceden a la educación superior pública, pagando costos de aproximadamente $809 anuales. Si estos estudiantes pagaran en las universidades públicas el costo promedio anual de las mejores universidades privadas en el país ($4.048) el pago adicional generaría una fuente de ingresos que permitiría iniciar el financiamiento de una iniciativa de este tipo.
Actualmente 101.499 (49%) estudiantes están en alguno de los cinco centros de educación pública, mientras que 107.113 (51%) cursan estudios en casas de enseñanza privada. Tomando en cuenta que el 25% de los 101.499 estudiantes en las universidades públicas vienen de colegios privados esta medida generaría un ingreso anual adicional de $83 millones, que podría ser dedicado exclusivamente al programa.
"La mayoría de los alumnos que se benefician de las universidades públicas son de contextos acomodados. Los estudiantes que pueden pagar educación secundaria privada tienen el doble de probabilidades de ingresar a las universidades públicas comparados con aquellos que asisten a la pública. Por el contrario, los estudiantes de universidades privadas casi no tienen acceso a becas, a pesar de hacer frente a montos mucho más elevados y muchos de ellos provienen de familias de bajos ingresos".
Ver en La Nación: OCDE recomienda que estudiantes de universidades públicas paguen mucho más.
El ingreso del pago adicional generado por esta medida ciertamente no alcanzaría para cubrir al 100% de los estudiantes una vez se tenga 5 generaciones pero sí generaría el recurso necesario para cubrir el 12%, un bueno número para probar y validar la propuesta con resultados que permitirían luego la búsqueda de más recursos hasta alcanzar al 100% de los graduados. Para esto, los indicadores principales serían el porcentaje de estudiantes que termina secundaria y las condiciones y desarrollo de los estudiantes que estuvieron en el programa comparados con un grupo control que no sea parte de este.
No se puede pretender llegar al 100% de los estudiantes en un inicio. Una iniciativa de este tipo requiere como primer paso validar que todos los supuestos e impacto sean una realidad y los resultados sean los esperados. La única manera de comprobarlo a ciencia cierta es haciendo una prueba con un porcentaje de la población.
Si la propuesta funciona ¿cómo llegaríamos a cubrir el 100% de los estudiantes graduados?
Con un modelo funcionando y resultados positivos podemos lograr encontrar ingresos para cubrir el 100% de otras maneras. Una posibilidad es mediante las pensiones de lujo. Técnicamente las pensiones con cargo al presupuesto son pensiones como las de expresidentes, las de hacienda y exdiputados y sobre todo las del régimen viejo del Magisterio (RTR). De acuerdo con SUPEN la pensión de lujo es toda aquella que exceda el tope de la CCSS, 1.500.000 colones. Con esa definición encontramos aproximadamente 9.700 pensiones mayores a 1.500.000: unas 1.700 en el Poder Judicial y unas 8.000 con cargo al presupuesto nacional. Estas casi 10.000 pensiones alcanzan en promedio 2.500.000 colones mensuales. Entonces si a esas pensiones se les saca el excedente al tope de la CCSS se generarían 130 mil millones al año ($228.000.000) que podrían utilizarse en financiar este proyecto.
Adicionalmente se pueden tomar otras medidas, como incentivar a todas las personas que fueron parte del programa a que posteriormente donen $10 mensualmente. Si esto se lograra y tomamos en cuenta que en promedio vivirían 50 años más se lograría recaudar alrededor de $6,000 por persona a través de su vida (un 25% de lo que recibieron siendo parte del programa). Una medida de este tipo no solo traería sostenibilidad al proyecto, sino que será un buen indicador para medir que tanto le ayudo este programa a cada estudiante ya que mediremos el porcentaje de beneficiarios que si devuelven $10 al programa. Si el porcentaje de personas que contribuyen posteriormente es muy bajo, es una señal que el programa posiblemente necesitaría modificarse.
No nos quedemos de brazos cruzados pensando que lo mismo que hemos venido tratando de hacer por muchos años de repente va a funcionar. Sabiendo que esta es una propuesta más compleja de lo que se puede cubrir en este espacio, he preparado una serie de preguntas y respuestas adicionales, para cubrir algunas de las posibles dudas que puede generar esta propuesta. La única constante del mundo es el cambio... si no arriesgamos y buscamos nuevas soluciones nunca vamos a ser potencia mundial.
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