Restauración Nacional continúa su camino populista.
Contradicción entre valores
El documento trata de dar una apariencia de programa, pero en realidad corresponde a una colección de ocurrencias. Hay un gran desbalance, por ejemplo la parte de Seguridad Ciudadana recoge el conjunto de ideas que se han dado en las últimas dos administraciones, y es extensa (11 páginas). lo que contrasta con el tratamiento muy reducido de otras áreas no menos importantes, como Relaciones Exteriores (5 páginas). Al inicio del documento se dice que los valores fundamentales son la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, pero desde una óptica cristiana. Sin embargo, al final del documento se enuncian otros valores como valores fundamentales, en este caso vida, matrimonio y familia. Obviamente, a la luz de la ética cristiana, como es interpretada por Restauración Nacional, solo sobrevive el matrimonio heterosexual y la familia convencional. Entonces es falso el respeto pregonado al inicio del documento de los valores de Libertad e Igualdad.
Educación como en Finlandia
La parte de Educación muestra claramente que se trata de ocurrencias. Se propone imitar el modelo Finlandés, y no dice cómo. Solo indica que instará una mejora del profesorado y esto instando a las universidades (sobre las que el Ejecutivo no tiene competencia) a hacer algo. Copia textos del Programa Estado de la Nación pero no los profundiza. Así, al adherir la idea de inspirarse en el sistema educativo finlandés, que ojalá así fuera, no se entiende cómo se aplicará a Costa Rica un modelo que enseña educación sexual desde el nivel-preescolar, que a los muchachos de quince años de edad les entrega condones, y que la abstinencia sexual (prioridad 1 para Restauración Nacional en este campo) es la prioridad 14 de los educadores finlandeses. Así, hablan por hablar, sin verdaderos fundamentos ni análisis.
Grupos especiales
En relación con los grupos que llaman especiales, incluyen a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las minorías étnicas. Pero al concretizar en las etnias solo mencionan pueblos indígenas y la población afro-descendiente queda borrada. No demuestran conocer que en Costa Rica hay 24 territorios indígenas con varios pueblos distintos. A la población LGTBI, que se menciona dos veces en el documento, únicamente se la cita como enemiga y propulsora de la Ideología de Género. Esto entra en contradicción con los valores de Libertad, Igualdad y Solidaridad. No incluyen dentro de grupos discriminados a las poblaciones migrantes, tema tan importante en Costa Rica. Por el contrario, sobre las personas migrantes se les advierte que se aplicará mano dura contra la migración ilegal, desconociendo que los verdaderos impulsores de la migración ilegal son los empresarios inescrupulosos, y no los migrantes que –en esa visión- son revictimizados. Si la migración laboral no registrada se persigue en vez de ayudarla y auxiliarla, lo que pasa es que se favorece la migración ilegal, pues los empleadores no asegurarán a los trabajadores y estos aceptarán esa decisión para no ser descubiertos. La transformación del INAMU en el Instituto de la Familia es otra ocurrencia y es discriminatoria, pues al tomar el concepto de familia tradicional cristiana deja por fuera otros tipos de protección para mujeres que pueden haber decidido no constituir una familia, o bien estar en modelos de convivencia distintos a la familia tradicional. El conjunto de las mujeres no puede disolverse en el conjunto de las familias cristianas. Lo que proponen, por tanto, es una disminución de la protección jurídica de las mujeres promovida hoy por el INAMU, para todas las mujeres (Igualdad).
Seguridad y Justicia
Sobre Seguridad y Justicia hay una cierta instigación a la discriminación. Se acusa al sistema legal de ser alcahuete e hiperflexible y de ser perverso pues premia a los delincuentes y revictimiza a las víctimas. Este es un mensaje populista puro. Ninguna persona de bien, que conozca el sistema penitenciario, podría equiparar la estadía allí como un premio. Por otra parte, desconocen que cualquier sistema represivo debe cuidar con esmero la protección del valor Libertad, que al principio del Programa de Gobierno fue enunciado. Entonces, lo que afirman en el fondo es que un sistema penal que protege derechos humanos es un sistema perverso. No se ofrece nada a cambio. Insinúan una coordinación entre el OIJ y el Ministerio de Seguridad y esto debe hacerse con mucho cuidado, porque no es conveniente que la Fuerza Pública investigue los crímenes, porque esta es una función que la ley asigna el OIJ, mucho más especializado en el campo. Poner policías comunes a investigar es arriesgado y podría terminar en corrupción. Otra cita al vuelo es su apoyo al proyecto de ley sobre extinción de dominio, que se concibe para intervenir los bienes producto del lavado de dinero del narcotráfico. Si bien, la finalidad es buena, el actual proyecto de ley es inaceptable porque atenta contra uno de los derechos garantizados por la Constitución Política, como lo es el de la Propiedad. Si el Estado va a tomar bienes de los particulares, esto solo puede hacerse mediante una autoridad judicial regida por el debido proceso, esto es respetar la ley. Extraña por qué no se visualiza una propuesta de mejora de la figura del comiso, que ya existe en materia penal y que sería un camino mucho más sencillo y legal, y evitaría el “picadillo” de normas inconexas.
Temas sociales y gasto público
En cuanto a los temas sociales, la parte de la CCSS es una colección de puntos de buenas intenciones (bullets, varios de una sola línea). Pero no indica claramente cómo el Gobierno central podrá fortalecer o incidir en una entidad sobre la que no tiene competencia directa. De nuevo, se dice lo que las personas manipulables quieren oír. La sección de vivienda es más rigurosa, y tiene un planteamiento sobre el problema pero cuando menciona la necesidad de cambiar la localización de precarios en zonas de alto riesgo no indica a cuáles terrenos los pasará, y es universalmente conocido el problema de falta de tierras del Estado. Si hay que comprarlas, entonces se requiere de una financiación que afecta el gasto público. Y con respecto a este último, cuya restricción se apareja al cambio del impuesto de ventas por IVA al 13%, que es una idea de la actual Asamblea Legislativa, como medio para luchar contra el déficit fiscal, propone directamente congelar plazas y no remplazarlas, ni nombrar crear nuevas plazas. Este es un camino equivocado, pues cualquier mejora o modernización que se haga requiere de plazas nuevas. Por ejemplo, informáticos para desarrollar un verdadero gobierno digital, personal que trabaje en los centros cívicos por la paz para prevenir la violencia, o en las unidades de atención integral del sistema penitenciario. No se podrá enseñar y capacitar a los privados de libertad sin personal apto para ello. En este campo, lo importante es valorar adecuadamente los recursos, y con estricto apego a la ley hacer un plan serio de mejor aplicación de los mismos, sin licencias populistas. Se dice recortar el gasto público pero no cómo hacerlo. Entonces haremos menos acueductos, menos hospitales, menos carreteras, cuáles serán las comunidades sacrificadas. ¿O acaso disminuiremos la inversión en educación?
Imposibilidad de ignorar la autonomía de algunas entidades
A lo largo del documento existen falsas premisas. El Gobierno no puede incidir directamente en las instituciones autónomas, como la CCSS, el ICE, Recope, las universidades y los gobiernos municipales. Las relaciones inter-institucionales en Costa Rica son complejas, difíciles, necesitan de personas muy abiertas al diálogo y a la negociación, no pueden lograrse a base de visiones unilaterales de la realidad, es un proceso que dista mucho de la religiosidad tradicional: obediente, jerárquica y de entrega, y se centra más directamente en las funciones políticas típicas de establecimiento de alcances de competencias, diálogo, interpretación, acuerdos que deben ser respetados tolerando diferencias y resolviéndolas. Prometer algo que no se puede hacer es un medio seguro de decepcionar al pueblo, el que primero impulsivamente creerá y luego lamentará. Por ejemplo, asigna funciones educativas al Ministerio de Gobernación, desconociendo el rol del Ministerio de Educación y del Vice-paz en prevención de la violencia. Las tres entidades, y tal vez algunas más, tendrían que coordinarse, pero esto no se logra visualizar en el 2.0
Cuestiones arcaicas
Sobreviven cuestiones arcaicas, que más bien deberían ser modificadas algún día. Se dice que al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se le fortalecerá en la oficina de Culto para que proteja a las iglesias. Esto no huele bien, porque además lo ligan a un argumento falaz, como que haciendo esto se respeta la voluntad del 87% de los costarricenses que profesan formas de cristianismo, y olvidan que el la República debe proteger al 100% de los y las habitantes. Incluso más allá de su nacionalidad.
Obra pública y transportes
Lo presentado se aleja mucho de la idea de un Plan de Gobierno. Le falta columna vertebral. Pago electrónico en los buses con acuerdo de los transportistas, qué ironía; generalidades en obra pública donde se limita a mencionar los grandes proyectos y agregar una serie de lugares comunes.
Conclusión
Obviamente, la razón de que este programa no se presentara antes no fue el cuidado y la rigurosidad, sino la imposibilidad de defenderlo en un debate serio.
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