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En los últimos treinta años, Costa Rica ha ejercido una política exterior basada en efectivas capacidades de liderazgo, negociación y búsqueda de consensos en el ámbito internacional, aprovechando su autoridad moral y técnica en temas de fortalecimiento democrático y de derechos humanos, desarmamentización y desarrollo sostenible. Esas capacidades se han visto materializadas, por ejemplo, en el proceso de paz de Esquipulas II, las negociaciones del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, o el Acuerdo de Escazú (iniciativa regional que garantiza derecho a la información, participación y justicia en temas ambientales). La concreción de dichas iniciativas ha sido posible gracias al compromiso de sus líderes, como a la existencia de una masa crítica y técnica que las fundamenta.

No obstante, debemos estar vigilantes respecto al impacto que tendría un potencial gobierno del candidato del PRN, Fabricio Alvarado, que arriesga a transformar al país en un actor antiderechos, utilizando nuestra imagen para construir consensos alrededor de una agenda internacional que sataniza la labor de los sistemas y organizaciones internacionales de derechos humanos. El propósito del equipo de política exterior del candidato de liderar una reforma al Pacto de San José que proteja la cultura de los países del hemisferio frente a las resoluciones del la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que busca es erosionar la esencia misma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con eso, Costa Rica se estaría uniendo a otros actores del sistema internacional que promueven la cultura por encima de los derechos humanos con el fin de legitimar la reproducción de esquemas de discriminación de minorías, ventaja política y/o económica y abusos disfrazados de tradiciones que atentan contra el bienestar y la dignidad humana.

Los actores antiderechos son aquellos actores gubernamentales y no gubernamentales que operan en los espacios internacionales de derechos humanos con el fin de socavar los objetivos y funcionamiento de esos derechos. Estos actores germinaron particularmente tres décadas atrás, a medida que se dieron avances significativos en temas de sexualidad y género luego de las Conferencias del Cairo y de Beijing. Ellos han procurado desalentar la lucha por los derechos sexuales y de diversidad de género, los derechos reproductivos y la salud (incluyendo la educación sexual), el derecho a una vida libre de violencia de género, la igualdad plena de las mujeres y la igualdad en el derecho de familia. Estos actores, que actualmente interactúan en el seno de la ONU, OEA y otros espacios internacionales de derechos humanos, han trascendido las fronteras locales, nacionales y sectoriales y están creando complejas relaciones entre grupos de la sociedad civil, entidades religiosas fundamentalistas y Estados y bloques regionales de orientación conservadora que hacen causa común para revertir los alcances en las materias mencionadas. Según el Reporte Derechos en Riesgo 2017 (OURs), el impacto de estos grupos en el marco de Naciones Unidas se ha traducido en la dilución de acuerdos y compromisos de la organización, la erosión sostenida de sus agencias y sistemas de monitoreo, el obstruccionismo de las negociaciones, así como la introducción de lenguaje regresivo en los documentos de derechos humanos.

Estos comportamientos se han evidenciado también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con países que se oponen a los fallos e interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos sexuales y de género, o las llamadas guerras culturales por esos temas en el marco de la Asamblea General de la OEA, particularmente después del año 2013, luego de que se incluyeran los temas de diversidad y expresiones de género en la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. Honduras, Paraguay, Perú, Guatemala y los Estados del Caribe han sido ejemplo vivo de posiciones férreas en los temas mencionados, y a ellos se han unido grupos religiosos ultraconservadores que utilizan los espacios de la sociedad civil en la Asamblea General para presionar en contra del avance de los derechos de las poblaciones diversas sexualmente y la identidad de género.

Paralelamente, han aparecido en el continente una serie de agrupaciones transnacionales como el Congreso Hemisférico de Parlamentarios (en el que el candidato ha participado); alianzas entre fundamentalistas evangélicos de varios países latinoamericanos con sus pares en Estados Unidos, articulados por Liberty University, que desarrollaron la campaña contra las guías de educación sexual #conmishijosnotemetas; o entre grupos religiosos regionales que se unen a las campañas online y offline contra la identidad de género de la organización española CitizenGo.

La gran pregunta será si el 1º de abril, Costa Rica, permitirá –contra su misma esencia- convertirse en miembro activo de esos grupos, y quizá hasta en articulador de las diversas iniciativas y agendas antiderechos en el continente.