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La reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el colectivo LGBTI era algo que se esperaba, pero no con tanta contundencia.  Si aquí en lo relativo a las parejas homosexuales las autoridades más generosas apostaban por una especie de contrato civil de segunda categoría (migajas, ni más ni menos), la CIDH llegó a lo máximo con la figura legal del matrimonio y todos sus derechos, incluido el de la adopción; y lo mismo en cuanto a la identidad de género de los transexuales, su legítima expresión y su trámite perentorio por parte del Estado.

En efecto, el caso reveló hasta qué punto importantes autoridades, haya o no un torneo electoral a las puertas, se pliegan ante grupos de presión constituidos en un real poder fáctico. Dígase claramente: la todopoderosa Conferencia Episcopal, católica, y sus nuevos aliados, las iglesias pentecostalistas locales, sospechosas de inspiración y financiamiento en el extranjero.  A pesar de sus odios y persecuciones en el pasado, estos socios de conveniencia se unen anteponiendo sus creencias particulares al imperio de la Constitución, las leyes y los convenios internacionales con su énfasis en el respeto a los derechos humanos y su extensión a todos los ciudadanos sin excepción, guste o no guste a supuestas mayorías.

Es de reconocer el esfuerzo realizado por el actual gobierno, que culminará su período cumpliendo así con una importante promesa de campaña.  Y esto no solo a pesar de carecer esta administración de la mayoría necesaria en la Asamblea Legislativa, sino también por la poca receptividad con que parece contar en la Sala Constitucional.

En suma: paso inicial suficiente para entrar en la Historia por tan alto logro. Mención especial debe hacerse de la señora vicepresidenta de la República, doña Ana Helena Chacón, sin cuya guía y tesón la barca nunca habría llegado a buen puerto. ¿Y qué decir de la onda expansiva que también afectará necesaria y positivamente a los colectivos LGBTI del resto de los países americanos aún sin logros y con la mirada puesta en este país, supuesto adalid en los derechos humanos?

Más aún, ¡qué oportunidad perdida por la Sala Constitucional de hacer historia! Con fecha diez de febrero de 2016 (previo a la consulta gubernamental), la Sala Constitucional recibió una acción de inconstitucionalidad presentada por los abogados Marco Castillo Rojas y Yashin Castrillo Fernández.  Su objetivo: impugnar por inconstitucional y discriminatorio el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia en cuanto establece la imposibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.  Lo curioso es que la argumentación legal aducida es bastante similar a la que presenta la CIDH en su texto.  ¿Por qué con tantos argumentos locales la Sala se negó a la historia? ¿Cuáles son los poderosos argumentos basados en la Constitución y en los tratados internacionales que la hacen caer en silencio total?  O ¿se manifestará negativamente poniéndose así al lado de quienes quieren romper absurdamente toda relación con la CIDH con base en lo dicho en su opinión consultiva?

Porque dígase lo que se diga, es inimaginable que ese documento vertido como OC-24/17 deje de verse como lo que es: un muy serio dictamen vinculante, que debe tomarse en cuenta si el país no quiere volver a recibir otra reprimenda como la que le llegó por su posición retrógrada ante la fecundación asistida (FIV).

Para empezar: un conjunto de prestigiosos juristas americanos se vieron abocados, por meses, al estudio y discusión de noventa y un escritos, así como a atender cuarenta participaciones en audiencia para presentar observaciones e intervenciones recibidas de parte de Estados, órganos de la OEA, organizaciones internacionales, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y personas de la sociedad civil, entre ellos los dos abogados costarricenses citados en el párrafo anterior.  El documento final consta de unas 122 páginas, con numerosísimas citas al pie de página como respaldo para la argumentación, lo que hace imposible poner en duda la seriedad y los alcances de un trabajo tan prolijo y puntual.

La pelota está ahora en suelo nacional.  Que cada poder del Estado -como ya lo ha hecho el Ejecutivo- se aboque seriamente a reconocer los derechos ahí consignados.  Y que no permitan la intromisión de funcionarios de bajo nivel, o de grupos de presión empeñados en meter palos al carro de la justicia con el fin de entorpecer el ágil tramite de los cambios que deben implementarse para poner al país entre los más avanzados en el mundo en el campo de los derechos humanos.

Esta en juego la paz social si se continúa haciendo la vista gorda ante el peligro que representa la intromisión del poder religioso en la vida pública.  Que se cumpla la ley, que los dogmas y creencias religiosas privados no interfieran en el sano gobierno de esta república.  A cada cual lo suyo.