Mucho antes de Donald J. Trump, en América Central estrenamos los primeros presidentes-empresarios. Alfredo Cristiani (1989) y Antonio Saca en El Salvador (2004), Álvaro Arzú (1996) y Óscar Berger (2004) en Guatemala; Enrique Bolaños (2002) en Nicaragua; Ricardo Martinelli (2009) y Juan Carlos Varela (2014) en Panamá o Carlos Flores Facussé en Honduras (1998). Para la región, la llegada de la élite económica a la presidencia de la república no es una historia nueva, tal vez, si lo sea, su llegada al poder por la vía institucional de las elecciones. Durante buena parte de la vida independiente de los países de la región el poder político estuvo en manos de la oligarquía o de los militares. No fue sino con la llegada de la paz a la región, en la década de los noventa, la modernización de las élites económicas, la retirada de los militares de la política y la mayor institucionalización de los partidos políticos y de las instituciones democráticas que se abrió paso a una nueva élite política.
Sin embargo, según sea el país de la región, la autonomía y capacidad de construir una agenda país distinta a la de las élites económicas se ha visto limitada debido a los múltiples canales de influencia y control de las élites económicas sobre las élites políticas en la región. Por ejemplo, la incapacidad de los estados centroamericanos de proveer financiamiento público para equiparar la cancha electoral, y, por otro lado, los escasos controles al financiamiento privado en las campañas electorales; quién paga, manda. También los propios orígenes de los partidos políticos anclados en una agenda de élites (ARENA en El Salvador o el Partido Panameñista en Panamá, por ejemplo), y, sobre todo, la incorporación cada vez mayor de élites económicas en la gestión de la política partidaria (Partido Liberación Nacional en Costa Rica, por ejemplo) han logrado maquillar e instrumentalizar los partidos políticos en función de intereses económicos particulares.
De cara a las próximas elecciones en El Salvador (2019) y Costa Rica (2018), tres prominentes miembros de las élites económicas han anunciado ya sus aspiraciones presidenciales: Antonio Álvarez por el Partido Liberación Nacional en Costa Rica, y Carlos Callejas y Javier Simán por ARENA en El Salvador. Hasta cierto punto, al igual que en los casos de Macri en Argentina o Piñera en Chile, las élites económicas centroamericanas poco a poco han ido perdiendo la confianza en los políticos. Asimismo, un hecho particularmente relevante es que, con base en su relativo éxito empresarial, los empresarios se han asumido como personas con mayores capacidades de gestión (administradores y creadores de empleo), lo que en consecuencia los convierte, de acuerdo a su mirada, en la mejor opción política.
Por otro lado, en países como los centroamericanos, con estructuras mediáticas altamente concentradas y poco pluralismo de ideas, los medios de comunicación siguen jugando un papel fundamental, definiendo y moldeando la discusión sobre los actores políticos y la política en general. En este sentido, las relaciones que se han tejido entre medios y élites económicas, les han permitido a estas últimas, con poca inversión, posicionar de manera privilegiada no solamente su agenda empresarial y personal, sino también su proyecto político: han capturado a los medios. Esto es claramente reflejado en la cobertura de La Prensa Gráfica sobre Carlos Callejas en El Salvador, y la de Antonio Álvarez-Desanti en La Nación en Costa Rica.
En sociedades como las centroamericanas donde la alta concentración de riqueza y poder en pocas manos sigue explicando una parte de los problemas que aquejan cada vez más a la región (violencia, desigualdad, pobreza, etc.), la posible toma del poder político por parte de las élites económicas no pareciera representar una solución. No se trata entonces de una crítica “a los empresarios malos por naturaleza”, sino que, por sus posiciones privilegiadas en la sociedad y sus intereses particulares, su agenda política no representa necesariamente la agenda y los intereses de la mayoría de la sociedad.
Así las cosas, el reto de un nuevo pacto social frente al avance de la violencia, la desigualdad y el narcotráfico pasa necesariamente por un mayor compromiso de las élites económicas de compartir sus privilegios, la limitación de los canales de influencia de las élites económicas, el fortalecimiento de nuevos liderazgos en la política y las instituciones de control, pero sobre todo por una mayor movilización ciudadana. De lo contrario, las puertas de un México donde sufren los de arriba y los de abajo están a la vuelta de la esquina.
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