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Tras dos días de discusión, Congreso aprueba en primer debate jornadas de 12 horas con 31 votos

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate, con 31 votos a favor y 19 en contra, el proyecto que permitiría establecer jornadas laborales excepcionales de hasta 12 horas en determinadas actividades del sector privado, luego de dos días de discusión por el fondo.

La votación del expediente 24.290 ocurrió durante la sesión extraordinaria de este jueves, después de que el miércoles las diputaciones comenzaran a utilizar los 10 minutos de intervención que les concede el procedimiento abreviado. La Presidencia Legislativa fijó el 13 de octubre para el segundo debate.

A los 30 votos a favor emitidos por el oficialismo —el diputado Gonzalo Ramírez Zamora estuvo ausente— se sumó la socialcristiana Abril Gordienko López, mientras que el resto de las diputaciones opositoras presentes votaron en contra. Del PLN estuvieron ausentes Iztarú Alfaro Guerrero, Víctor Hidalgo Solís, Ángela Aguilar Vargas, Jesús Calderón Calderón, Mangell McLean Villalobos y Karen Alfaro Jiménez.

El texto permitiría aplicar jornadas ampliadas únicamente en los casos definidos por la iniciativa y mediante autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) o, cuando corresponda, mediante un acuerdo colectivo homologado por esa cartera. Para las jornadas diurnas y mixtas, permitiría trabajar hasta 12 horas diarias durante un máximo de cuatro días consecutivos, seguidos de tres días completos sin jornada ordinaria; para la jornada nocturna, permitiría hasta tres días consecutivos de 12 horas y cuatro días libres.

La iniciativa restringe la modalidad a puestos esenciales en procesos de manufactura tecnificada de operación continua, fabricación de implementos médicos vinculados con las ciencias de la vida, servicios indispensables de apoyo a esas actividades y determinados servicios corporativos que operen continuamente entre distintas zonas horarias. El proyecto excluye, entre otros, trabajos pesados, peligrosos o insalubres, actividades agrícolas y agropecuarias, construcción, personas menores de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas trabajadoras del sector público.

El cambio de una jornada ordinaria a una excepcional deberá constar en una adenda escrita al contrato y el texto establece que la aceptación tendrá que ser voluntaria. La empresa deberá conservar al menos un turno ordinario para quienes no puedan o no quieran acogerse al nuevo régimen y no podrá despedir, discriminar ni tomar represalias contra una persona por negarse.

En materia salarial, el proyecto establece que quienes laboren jornadas excepcionales diurnas o mixtas recibirán, como mínimo, el salario mínimo por hora correspondiente a su perfil ocupacional más un 17%. Para la jornada nocturna, el incremento será de 25,5% sobre el salario mínimo horario ajustado para esa modalidad. El texto también protege la remuneración que actualmente reciben quienes ya trabajan bajo esquemas equivalentes, de modo que su salario no pueda disminuir con la entrada en vigor de la reforma.

La propuesta dispone además un mínimo de 90 minutos diarios para alimentación, descanso y recreación, incluidos dentro de la jornada remunerada, y obliga a las empresas a facilitar transporte cuando al inicio o al final del turno no exista servicio regular de transporte público.

Asimismo, reserva un periodo de 24 horas de descanso absoluto inmediatamente después de concluir la jornada semanal. En determinadas circunstancias, la persona trabajadora podrá aceptar laborar voluntariamente durante uno de los restantes días libres, con un recargo del 50%, siempre que no sea durante ese día de descanso absoluto y sin superar 12 horas adicionales por semana.

Más de 5.000 mociones antes de llegar a la votación

La aprobación llegó después de un extenso trámite legislativo. El expediente acumuló 5.121 mociones durante su recorrido legislativo: 2.564 mociones de fondo y 2.557 revisiones, pese a que el Plenario aprobó un procedimiento abreviado para acelerar su conocimiento.

La anterior Asamblea Legislativa había resuelto las primeras 880 mociones de fondo, mientras que la actual integración tuvo que despachar las 1.684 restantes y todas las revisiones. En total, el Congreso actual realizó 4.241 votaciones vinculadas con esas mociones antes de cerrar esa fase del procedimiento el 17 de setiembre.

Pueblo Soberano reivindicó ese trámite como una muestra de su decisión de impulsar la reforma. En un comunicado divulgado después de la votación, la fracción oficialista sostuvo que la iniciativa busca mantener empleos, atraer inversiones y fortalecer la competitividad del país.

El jefe de fracción, Nogui Acosta Jaén, declaró:

Vinimos a tomar decisiones y lo estamos demostrando con hechos. Después de extensas jornadas de trabajo y de votar más de 5.000 mociones presentadas por el PLN y el Frente Amplio, logramos aprobar en primer debate este importante proyecto. Costa Rica no puede seguir esperando. Estamos hablando de proteger empleos, generar nuevas oportunidades y atraer inversión”.

El subjefe oficialista, Juan Manuel Quesada Espinoza, sostuvo que la seguridad jurídica derivada de la reforma favorecerá la inversión y anticipó que la oposición podría intentar frenar nuevamente la iniciativa mediante una consulta constitucional.

Las empresas extranjeras y las nacionales invierten donde hay seguridad jurídica. Eso estamos haciendo con esta ley. Formalizar las jornadas 4x3 es dar seguridad jurídica, esto implica más inversión, más empresas, más empleos y mayor bienestar para nuestra población”.

PLN: el texto cambió al eliminarse el voto secreto

El Partido Liberación Nacional (PLN), por su parte, sostuvo durante los dos días de discusión que no se opone a debatir mecanismos de flexibilización laboral, pero rechazó el texto sometido a votación porque la actual Asamblea eliminó una disposición que permitía a los trabajadores decidir mediante una votación secreta y vinculante si la empresa podía solicitar la aplicación de las jornadas excepcionales.

Esa fue la tesis que repitieron durante el debate diputados liberacionistas como Istarú Alfaro Guerrero, Álvaro Ramírez Bogantes y Ronald Campos Villegas.

Campos resumió la posición de la bancada durante la sesión del miércoles:

El Partido Liberación Nacional no cambió de posición. Lo que cambiaron fue el proyecto que estamos discutiendo”.

Según el comunicado que emitió este jueves la bancada verdiblanca, el mecanismo de consulta había recibido anteriormente el respaldo de cámaras empresariales y de varias fracciones, incluida la oficialista, pero se eliminó durante la actual etapa de mociones. El PLN sostuvo que esa modificación rompió el equilibrio que había permitido construir un texto de consenso.

La agrupación también afirmó que las jornadas excepcionales alcanzarían al 1% o menos de las empresas y cuestionó que el proyecto pueda presentarse como una solución relevante para el desempleo. La fracción planteó que asuntos como el tipo de cambio, la infraestructura, la educación y la capacitación tienen un impacto mayor sobre la competitividad nacional.

Durante el debate, varios diputados liberacionistas también cuestionaron los efectos de las jornadas de 12 horas sobre la salud, las responsabilidades de cuido y las posibilidades de estudio, aunque la bancada mantuvo que podría respaldar una reforma distinta que conservara mayores controles y capacidad de decisión para los trabajadores.

Frente Amplio acudirá a la Sala Constitucional

El Frente Amplio centró su oposición en los posibles efectos salariales y de salud de las jornadas prolongadas, en la capacidad del MTSS para fiscalizarlas y en cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proyecto.

El diputado Edgardo Araya Sibaja cuestionó durante el debate que la voluntariedad prevista en la iniciativa pueda funcionar de manera efectiva debido a la relación de poder existente entre empleador y trabajador. También sostuvo que conceptos como los “servicios de apoyo” amplían excesivamente las actividades que podrían acogerse a la excepción.

Por su parte, Antonio Trejos Mazariegos argumentó que el texto podría contradecir el Convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Protocolo de San Salvador, especialmente en materia de duración de las jornadas nocturnas y de los requisitos que deben cumplir las excepciones a los límites ordinarios.

El oficialista Gerardo Bogantes Rivera rechazó esos argumentos y sostuvo que la iniciativa sí delimita los sectores autorizados. También señaló que el Convenio 1 de la OIT contempla excepciones para actividades continuas y defendió que el proyecto otorgará seguridad jurídica a empresas que actualmente utilizan modalidades similares.

Tras la aprobación, el Frente Amplio confirmó que presentará una consulta ante la Sala Constitucional y adelantó que planteará objeciones tanto al procedimiento legislativo seguido como al contenido del proyecto.

El jefe de fracción, José María Villalta Flórez-Estrada, afirmó:

Este proyecto es un retroceso para las personas trabajadoras, aunque el oficialismo lo pretenda presentar como un avance. Vamos a presentar la consulta, esta lucha no ha terminado”.

La fracción adelantó que entre sus cuestionamientos procesales figuran la forma en que se suspendió anteriormente el trámite del expediente y la aplicación del principio de continuidad entre legislaturas. Por el fondo, cuestionará la compatibilidad de las jornadas con normas internacionales, la amplitud de algunas actividades contempladas y la delegación al reglamento de aspectos que, a criterio del partido, debería determinar directamente la ley.