Hablar de recortes presupuestarios en la educación superior pública no es hablar únicamente de números, porcentajes o partidas financieras. Es hablar de oportunidades, de sueños y del futuro de miles de jóvenes que ven en la educación una posibilidad real de transformar sus vidas y contribuir al desarrollo de nuestro país.
Escribo estas líneas no solo como profesional, sino también como egresado de la Universidad de Costa Rica y como profesor que hoy tiene el privilegio de regresar a esta institución desde las aulas, aportando a la formación de nuevas generaciones. Conozco el valor de la universidad pública y comprendo lo que representa para quienes encuentran en ella una puerta abierta hacia un futuro mejor.
La Universidad de Costa Rica no es simplemente una institución académica. Es un motor de movilidad social, un espacio de pensamiento crítico y una herramienta fundamental para el desarrollo de las comunidades. Su presencia en las distintas regiones del país, particularmente en sedes como la del Atlántico, representa una oportunidad invaluable para jóvenes que, de otra manera, podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a la educación superior.
Por eso, cuando se habla de reducir los recursos destinados a la universidad pública, debemos preguntarnos qué hay detrás de esas decisiones. ¿Qué sucede con el estudiante que depende de una beca para continuar su carrera? ¿Qué ocurre con quien debe trasladarse desde una comunidad rural para asistir a lecciones? ¿Qué oportunidades pierde una región cuando se debilita la formación de profesionales capaces de responder a sus necesidades?
Las consecuencias de un recorte no siempre se reflejan de inmediato en un informe financiero. A veces aparecen en un estudiante que debe abandonar sus estudios por falta de recursos, en una carrera que pierde capacidad para atender la demanda o en una comunidad que deja de contar con profesionales que podrían contribuir a su desarrollo.
El presupuesto universitario no debe entenderse únicamente como un gasto del Estado, sino como una inversión estratégica en el presente y el futuro de Costa Rica.
Por supuesto, las instituciones públicas deben administrar sus recursos con responsabilidad, transparencia y eficiencia. La rendición de cuentas es indispensable y nadie debería estar exento de ella. Sin embargo, esa responsabilidad debe ir acompañada de una visión de país que reconozca que la educación no puede valorarse exclusivamente desde una perspectiva contable.
Una decisión presupuestaria puede parecer razonable sobre el papel, pero convertirse en una barrera para quienes más necesitan las oportunidades que ofrece la educación pública.
Por eso, antes de reducir recursos, es indispensable analizar con seriedad el impacto que esas medidas tendrán sobre la población estudiantil, el personal docente, la investigación, la acción social y el desarrollo de las regiones.
Desde mi experiencia como egresado y profesor, considero que defender a la Universidad de Costa Rica no significa desconocer los desafíos que enfrenta, sino reconocer su importancia y exigir que se le brinden las condiciones necesarias para cumplir su misión.
La universidad pública ha sido, para miles de costarricenses, mucho más que un lugar donde obtener un título. Ha sido la posibilidad de superar barreras económicas, ampliar horizontes, desarrollar capacidades y construir un proyecto de vida que también beneficia a sus familias y comunidades.
En una sociedad que enfrenta profundas desigualdades, debilitar las oportunidades educativas puede significar ampliar las brechas que tanto esfuerzo nos ha costado reducir.
Y es precisamente ahí donde debemos centrar la discusión: ¿qué país queremos construir y qué lugar ocupa la educación pública en ese proyecto?
No podemos aspirar a mayores niveles de desarrollo, innovación, competitividad y bienestar social si, al mismo tiempo, limitamos las herramientas que permiten a nuestra población prepararse para los desafíos del futuro.
La educación pública no debe verse como una concesión ni como un privilegio. Es una oportunidad que Costa Rica ha construido a lo largo de su historia y que tenemos la responsabilidad de proteger y fortalecer.
Hoy, como egresado de la Sede del Atlántico y como profesor de la misma institución, reafirmo mi convicción de que invertir en educación es invertir en personas, en familias y en comunidades enteras.
Porque detrás de cada estudiante hay una historia; detrás de cada título, un esfuerzo familiar; y detrás de cada profesional formado en nuestras universidades públicas existe una oportunidad de contribuir a una Costa Rica mejor.
El recorte no termina en el presupuesto. Puede terminar en un aula vacía, en un sueño postergado o en una oportunidad que nunca llegó.
Y cuando las decisiones de hoy comprometen las posibilidades de las generaciones de mañana, la discusión deja de ser únicamente presupuestaria: se convierte en una decisión sobre el futuro del país.