La legisladora responsabiliza a la rectoría por el riesgo de cierre, pese a que fue el Gobierno quien propuso recortar ₡492,9 millones y suspendió los giros de recursos a la sede regional.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kristel Ward Hudson, presentó junto con otros 11 legisladores oficialistas un recurso de amparo contra la rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez, por el riesgo de cierre técnico del Centro Académico de Limón, pese a que fue el propio Gobierno el que ordenó suspender el giro de los recursos presupuestarios destinados al funcionamiento de esa sede regional.
La gestión, recibida por la Sala Constitucional el martes bajo el expediente 26-040419-0007-CO, pretende evitar la eventual interrupción de las actividades académicas del centro universitario, donde estudian 417 personas. Entre los firmantes figuran la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, y la vicepresidenta legislativa, Esmeralda Britton González.
Sin embargo, el propio escrito reconoce que los recurrentes no atribuyen a Estrada la decisión presupuestaria que originó la controversia. En su primera página, los diputados aclaran que no afirman que la rectora haya decidido dejar de girar recursos ni que exista una resolución formal de cierre atribuible a ella. El recurso se fundamenta, en cambio, en las advertencias realizadas por la jerarca universitaria sobre la imposibilidad de mantener las operaciones si no se reciben los fondos correspondientes.
La controversia comenzó cuando el Ministerio de Hacienda incluyó una rebaja de ₡492.879.477 en las transferencias destinadas al TEC dentro del segundo presupuesto extraordinario de 2026 (expediente 25.803), presentado por el Poder Ejecutivo el 28 de septiembre. Los recursos corresponden al financiamiento del Centro Académico de Limón durante el último trimestre del año.
Aunque esa reducción todavía requiere aprobación de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó al TEC el pasado 13 de octubre que no había realizado el giro correspondiente a ese mes y que tampoco efectuaría los de noviembre y diciembre, debido a disposiciones del Ministerio de Hacienda.
El TEC explicó en un pronunciamiento institucional que utilizó temporalmente recursos propios para cubrir becas y salarios, con el objetivo de evitar la interrupción de las actividades académicas. Sin embargo, advirtió que esa solución no puede mantenerse indefinidamente y que, sin las transferencias correspondientes, la sede enfrentaría un cierre técnico por falta de recursos para operar.
Diputados cuestionan advertencia de la rectora
El amparo presentado por Ward y sus compañeros de bancada señala que la advertencia de la rectora se produjo durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, celebrada el 14 de octubre.
Según un comunicado divulgado este miércoles por la fracción de Pueblo Soberano, los recurrentes consideran que la advertencia de cierre carece de sustento técnico y financiero, pues sostienen que el TEC dispone de recursos suficientes en su superávit y en partidas presupuestarias sin ejecutar para mantener las operaciones de la sede.
La bancada solicita una medida provisional urgente para conservar la programación académica y las evaluaciones mientras se resuelve el recurso. También pretende que la rectoría presente informes técnicos y financieros sobre el uso de los fondos institucionales.
En el comunicado, los diputados sostienen que debe garantizarse que la comunidad estudiantil no sea utilizada como "medida de presión frente a los ajustes hacendarios necesarios en la coyuntura fiscal del país".
No obstante, la universidad ya había respondido a los cuestionamientos sobre sus superávits. Estrada explicó que los recursos de capital y determinados fondos del superávit no pueden utilizarse legalmente para financiar gastos ordinarios de funcionamiento, por lo que su existencia contable no significa que estén disponibles para sustituir las transferencias que el Gobierno dejó de girar.
La rectora también sostuvo que los recursos destinados al Centro Académico de Limón tienen una protección legal específica. El artículo 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, reformado mediante la Ley 9732, establece una garantía sobre las asignaciones presupuestarias de las sedes regionales de las universidades públicas. Según la interpretación del TEC, esa disposición impide reducir los recursos que el Estado debe transferir para el funcionamiento del centro académico.
Congreso mantiene pendiente el recorte
La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó el segundo presupuesto extraordinario de 2026 con la reducción de ₡492,9 millones al TEC incluida. Una moción de la diputada del Partido Liberación Nacional, Diana Murillo Murillo, para restituir esos recursos no prosperó, por lo que el recorte permanece en el proyecto pendiente de votación en el plenario.
El pasado 19 de octubre, Ward también presentó el proyecto de ley para el fortalecimiento de las sedes regionales del sistema universitario estatal (expediente 25.847), que pretende permitir a las universidades públicas utilizar recursos de sus superávits para financiar gastos operativos, inversiones, becas y otras necesidades de los centros regionales.
La propuesta incluye excepciones a restricciones legales que actualmente limitan la utilización de recursos no recurrentes para financiar gastos corrientes.