El proyecto busca obligar a las universidades estatales a destinar sus superávits a la operación, inversión, becas y ayudas de sedes y recintos fuera de la GAM según un orden territorial de prioridad, exceptuar esos recursos del reintegro previsto por la Ley 9635 y de restricciones para financiar determinados gastos, prohibir que las universidades mantengan superávits y exigir rendición anual de cuentas; aunque la exposición de motivos afirma que Hacienda podrá presupuestar los superávits universitarios, el articulado no le entrega esa potestad y coloca la obligación de redistribuirlos en las propias universidades, además de presentar contradicciones sobre los superávits con destino específico y sobre el indicador territorial que debe utilizarse.