El Consejo Institucional pidió a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo proteger el financiamiento de las universidades públicas y evitar medidas que comprometan la continuidad de sus servicios.
El Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que reducir el presupuesto previamente aprobado para las universidades públicas puede vulnerar su autonomía y obligarlas a modificar decisiones adoptadas en el ejercicio de sus competencias constitucionales.
Mediante un pronunciamiento en defensa de la educación pública, el acceso a la justicia y la institucionalidad democrática, la institución rechazó los recortes y las restricciones presupuestarias que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos.
El Consejo fundamentó su posición en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política y en los alcances de la autonomía universitaria desarrollados por la Sala Constitucional. Según expuso, esta garantía comprende la potestad de las universidades públicas para definir sus planes, programas, presupuestos y organización interna, sin estar sujetas a la dirección del Poder Ejecutivo.
El pronunciamiento también detalla:
El financiamiento público no debe utilizarse como mecanismo de presión o represalia frente a posiciones universitarias que resulten incómodas para un gobierno o una agrupación política".
Defensa de los servicios universitarios
El Consejo Institucional pidió a la Asamblea Legislativa rechazar las rebajas presupuestarias y las disposiciones que puedan afectar la continuidad de los servicios universitarios. Asimismo, instó al Poder Ejecutivo y a los Ministerios de Hacienda y de Educación Pública a adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del Centro Académico de Limón.
La rectora del TEC, María Estrada Sánchez, señaló que los giros presupuestarios correspondientes a octubre, noviembre y diciembre estaban en riesgo, pese a que la modificación presupuestaria aún no había sido aprobada por la Asamblea Legislativa:
El giro de octubre no se efectuó y, conforme a lo comunicado por el Ministerio de Educación Pública, tampoco se realizarían los de noviembre y diciembre, aún cuando no se ha aprobado en sede legislativa la modificación presupuestaria. Esta situación, además de ilegal, pone en riesgo la continuidad de la operación del centro".
El Consejo rechazó la rebaja propuesta de ₡492.879.477 para el último trimestre de 2026 y advirtió sobre el riesgo que representa para las operaciones de esa sede. El tema ya había sido abordado públicamente por el TEC, que alertó sobre un posible cierre técnico del centro académico y sobre atrasos en la entrega de resultados de admisión relacionados con las restricciones presupuestarias.
La institución advirtió que debilitar la presencia universitaria en las regiones afecta especialmente a las personas que enfrentan mayores dificultades para trasladarse y sostener sus estudios lejos de sus hogares. Además, señaló que los recortes pueden comprometer proyectos de investigación, extensión y acción social vinculados con las necesidades de las comunidades.
Finalmente, el Consejo reafirmó el compromiso del TEC con la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, y convocó a la ciudadanía a defender la educación pública por medios democráticos y pacíficos. También sostuvo que la discusión presupuestaria debe resguardar los derechos de la población, la autonomía universitaria y el equilibrio entre los poderes del Estado.