Durante la marcha del 20 de octubre, convocada en respuesta a los recortes al presupuesto universitario, el monumento al expresidente José Figueres Ferrer sufrió actos de vandalismo. Su superficie quedó rayada y cubierta con plástico negro.
A unas cuadras del monumento, las paredes de los locales comerciales de San José también estaban vandalizadas, como ocurre habitualmente. En sus calles, además, duermen decenas de personas que no tienen un hogar. Descansan sobre el concreto, en las aceras o cerca de las alcantarillas, y se cubren con bolsas de basura o cartón.
Durante algunas horas, ambas situaciones coexistieron. Sin embargo, solo una de estas recibió atención inmediata.
Un día después de la manifestación, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, lamentó y condenó los daños al monumento. Las instituciones correspondientes realizaron una inspección y presentaron una denuncia. Dos días más tarde, el diputado oficialista Robert Junior Barrantes presentó una iniciativa para aumentar las sanciones a quienes vandalicen durante manifestaciones ocultando su rostro.
Mientras tanto, las calles del cantón central de San José siguieron albergando a 2.273 personas en situación de calle, un problema al cual el Estado sigue sin hacerle frente de manera eficiente.
Actualmente, la Municipalidad de San José y las organizaciones no gubernamentales ofrecen, en conjunto, menos de 500 espacios para que estas personas pasen la noche. La capacidad disponible resulta claramente insuficiente. A esto se suma la propuesta del Gobierno de trasladar el 98% del presupuesto destinado a esta población hacia otros programas.
El vandalismo contra el patrimonio cultural resultó indignante, pero mucho más indignante debería ser caer en la cuenta de que hemos incorporado a las personas en situación de calle como parte de nuestra cotidianidad. Debería indignarnos saber que son seres humanos. Son quienes duermen y despiertan en un espacio público, quienes comen —si tienen la oportunidad— en la calle.
El daño al monumento se consideró ofensivo, pero más ofensivo debería resultar que la pintura sobre el concreto consiga conmover a nuestra sociedad con mayor rapidez que el abandono de personas sin hogar.
¿Cómo es posible ver rayones sobre un monumento e ignorar a la persona que escarba en la basura, justo al lado? ¿Cómo puede un daño reversible suscitar la creación de una propuesta que pueda evitarlo, mientras la discusión sobre el deterioro de la vida humana se sigue postergando?
Detrás de las manifestaciones contra los recortes presupuestarios existe una discusión sobre las prioridades del Estado. El daño a un monumento puede provocar una respuesta inmediata; la negligencia institucional frente a una población vulnerable, en cambio, puede prolongarse durante años sin generar la misma urgencia.
¿Será que es más fácil indignarse por un monumento rayado que por un problema del cual es responsable el Estado? ¿O que resulta más cómodo señalar a un solo culpable por vandalismo, mientras ignoramos la indiferencia estatal?
El daño causado a un bloque de concreto no es equiparable a la pérdida de las condiciones necesarias para vivir dignamente. Los monumentos pueden restaurarse, reconstruirse e incluso adquirir nuevos significados. Son símbolos: su valor depende de la historia, la cultura y los valores de una sociedad.
Hay daños que son irreparables. El tiempo que una persona pasa en la calle, el deterioro de su salud y la pérdida de sus redes de apoyo pueden dejar consecuencias profundas, incluso imposibles de revertir.
No me indigna cuánto molestó el daño a un monumento, sino lo mucho que hemos normalizado ver, diariamente, a personas viviendo en la calle.