Las organizaciones advirtieron que excluir el medicamento de las garantías legales y exigir una prueba de embarazo previa podría obstaculizar la atención oportuna de las víctimas de violencia sexual.
La Fundación Paniamor, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Pediatría manifestaron su rechazo a la decisión de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa de eliminar la anticoncepción de emergencia de los servicios expresamente garantizados en un proyecto de ley para fortalecer la atención integral de las víctimas de violación sexual.
En un pronunciamiento conjunto, las tres organizaciones advirtieron que la exclusión representa un riesgo de retroceso en la protección de los derechos de las víctimas, particularmente de las niñas y adolescentes, y solicitaron a los diputados restituir el acceso al medicamento sin establecer requisitos que puedan retrasar su suministro.
La reacción se produce después de que, el miércoles 21 de octubre, la comisión legislativa aprobara, por seis votos a favor y uno en contra, un texto sustitutivo del expediente 23.633, que busca convertir en ley el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual, conocido como Protocolo de las 72 Horas.
Delfino.cr detalló que el texto anterior garantizaba expresamente la anticoncepción de emergencia entre los servicios mínimos disponibles para las víctimas, a solicitud de estas y mediante consentimiento informado. La nueva versión eliminó esa disposición y la sustituyó por una relacionada con medicamentos para prevenir la infección por VIH después de una exposición.
Las organizaciones firmantes señalaron que la protección de las víctimas de violencia sexual constituye una obligación del Estado y no una decisión discrecional de las autoridades. Para fundamentar su posición, citaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También recordaron que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece principios como el interés superior de las personas menores de edad y la aplicación preferente de las normas que más favorezcan sus derechos. A su juicio, estas obligaciones deben orientar cualquier reforma que afecte la atención sanitaria de niñas y adolescentes víctimas de violación.
Cuestionan propuesta de exigir una prueba de embarazo
El pronunciamiento también cuestiona la posibilidad de condicionar el suministro del anticonceptivo a una prueba de embarazo previa, como propusieron las diputadas oficialistas después de aprobar el texto sustitutivo.
El jueves 22 de octubre, la presidenta de la comisión, Kathia Calvo Cruz, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió la posibilidad de reincorporar la anticoncepción de emergencia, pero estableciendo que las víctimas deban someterse previamente a un examen para determinar si ya están embarazadas.
Calvo argumentó que la prueba permitiría dar tranquilidad a las mujeres que temen recibir el medicamento sin saber que tienen un embarazo previo. La legisladora confirmó que su intención es establecer el examen como un procedimiento obligatorio y aseguró que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asumiría su costo. Esa condición todavía no forma parte del texto aprobado por la comisión, pero las diputaciones oficialistas anunciaron su intención de promover posteriormente las modificaciones necesarias para incorporarla.
Paniamor y las dos asociaciones médicas rechazaron que se impongan exámenes previos innecesarios para acceder al medicamento, especialmente cuando pueden retrasar una intervención cuya eficacia depende del tiempo transcurrido desde la agresión.
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las píldoras anticonceptivas de emergencia actúan al impedir o retrasar la ovulación. Por esa razón, no provocan abortos, no interrumpen un embarazo establecido ni dañan al embrión en desarrollo.
En su criterio, esa evidencia debe orientar las decisiones legislativas, en lugar de establecer condiciones basadas en dudas sobre el funcionamiento del medicamento.
Advierten sobre posibles retrocesos en la protección de derechos
Las organizaciones señalaron que la anticoncepción de emergencia ya está contemplada en los protocolos nacionales de atención a víctimas de violencia sexual. Por ello, consideran que excluirla de una garantía legal expresa podría debilitar la protección de las pacientes, aunque su eliminación del proyecto no significa que el medicamento haya dejado de estar disponible conforme a los protocolos sanitarios vigentes.
El pronunciamiento también insiste en que los servicios de salud sexual y reproductiva deben prestarse sin violencia, discriminación ni coerción, y garantizar una atención integral que incluya apoyo médico, psicológico, social y de protección.
Desde esa perspectiva, las organizaciones advirtieron que las decisiones legislativas deben evitar imponer nuevas cargas a quienes ya han sufrido una agresión sexual, particularmente cuando se trata de niñas y adolescentes.
Ofrecen presentar evidencia científica ante la comisión
Paniamor, la Asociación de Obstetricia y Ginecología y la Asociación Costarricense de Pediatría hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa para que, durante la continuación del trámite del expediente, se garantice expresamente la anticoncepción de emergencia como parte de la atención integral de las víctimas de violación sexual.
Las entidades también manifestaron su disposición de presentar ante la comisión legislativa estudios científicos y evidencia respaldada por organismos internacionales, con el objetivo de contribuir a la discusión sobre las garantías sanitarias que debe establecer el proyecto.
El posicionamiento se suma a los cuestionamientos expresados por otras organizaciones. El Movimiento Balance advirtió que exigir una prueba de embarazo obligatoria podría generar barreras adicionales y revictimización, mientras que el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica solicitó reincorporar el medicamento y eliminar requisitos que carezcan de justificación clínica.