La diputada oficialista propone que la CCSS realice obligatoriamente la prueba antes de suministrar el medicamento, pese a que las recomendaciones médicas internacionales no exigen ese requisito.
La presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, Kathia Calvo Cruz, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió este jueves la propuesta de exigir una prueba de embarazo a las víctimas de violación sexual antes de suministrarles anticoncepción de emergencia, al considerar que el procedimiento permitiría dar tranquilidad a las mujeres que temen que el medicamento pueda afectar un embarazo previo que desconocen.
La diputada justificó la medida durante una conferencia de prensa convocada por las integrantes de la Comisión de la Mujer para explicar la decisión de eliminar la anticoncepción de emergencia del texto sustitutivo aprobado el miércoles para el expediente 23.633, que busca convertir en ley el Protocolo de las 72 horas para la atención integral de personas víctimas de delitos sexuales.
Calvo explicó que las diputadas oficialistas acordaron retirar provisionalmente el anticonceptivo porque tenían dudas sobre sus efectos y necesitaban determinar si se trataba de un medicamento anticonceptivo o abortivo. Según afirmó, posteriormente conversaron con profesionales de distintas disciplinas y mujeres con posiciones diferentes sobre el aborto, hasta alcanzar un acuerdo para reincorporar el medicamento acompañado de una prueba de embarazo.
La presidenta de la comisión sostuvo que esa condición permitiría atender las preocupaciones de mujeres que se identifican como provida y que, según dijo, sienten temor de recibir el medicamento ante la posibilidad de encontrarse embarazadas sin saberlo.
"Coincidimos entonces en que podíamos darle a esas mujeres que son provida la tranquilidad de una prueba de embarazo previa al suministro de la pastilla para que ella sintiera y supiera que efectivamente no estaba embarazada y pudiera tomar el medicamento con total tranquilidad y sin quedarse con esa duda ahí sembrada para siempre", explicó.
Calvo agregó que, debido a que la comisión ya había agotado las oportunidades reglamentarias para presentar nuevas mociones, las diputadas acordaron continuar el trámite legislativo y promover posteriormente modificaciones que permitan reincorporar el anticonceptivo junto con el examen previo.
La legisladora defendió esa solución bajo el argumento de que permitiría atender las preocupaciones de las diferentes posiciones representadas en la comisión, al plantear la incorporación de la pastilla "con la prueba de embarazo, que no le quita absolutamente nada a nadie".
La prueba sería obligatoria, según Calvo
Durante el periodo de preguntas, un periodista de La Nación consultó expresamente a Calvo si la prueba de embarazo sería obligatoria para todas las víctimas o si únicamente se realizaría a solicitud de aquellas mujeres que manifestaran preocupación por un posible embarazo previo.
La diputada respondió que la intención es incorporar el examen entre los procedimientos médicos obligatorios. Argumentó que las personas que acuden a emergencias después de una violación sexual ya son sometidas a diferentes pruebas para evaluar su condición de salud y que la de embarazo se practica habitualmente, aunque, según señaló, los médicos no siempre comunican su resultado.
Calvo explicó que pretende garantizar que las pacientes conozcan el resultado del examen antes de recibir la anticoncepción de emergencia, de manera que puedan saber si se detectó un embarazo previo.
"Se le informe a la paciente que su examen, su [beta-hCG], ha salido negativo. Eso le va a generar a ella una gran tranquilidad", afirmó.
La legisladora también sostuvo que establecer legalmente los procedimientos impediría que los centros médicos decidieran cuáles componentes del protocolo aplicar y cuáles omitir.
"Lo que queremos es que sea obligatorio", señaló Calvo, quien insistió en que la totalidad del protocolo debe convertirse en una obligación legal.
Consultada sobre quién asumiría el costo de la prueba, la diputada aseguró que estaría cubierto por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como parte de la atención de emergencias, incluso para las víctimas que no cuentan con seguro.
"Esos casos entran por emergencia, así que ni siquiera requiere usted contar con un seguro. La Caja lo asume", manifestó.
Durante la conferencia no se precisó qué ocurriría si una víctima rechazara someterse al examen, si podría recibir el medicamento sin ese resultado o cómo se evitarían eventuales retrasos en la atención.
Organismos médicos desaconsejan exigir pruebas previas
La propuesta de Calvo contrasta con las recomendaciones de organismos internacionales de salud, que no consideran necesario realizar una prueba de embarazo antes de suministrar las píldoras anticonceptivas de emergencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que estos medicamentos impiden el embarazo al evitar o retrasar la ovulación. El organismo aclara que las píldoras anticonceptivas de emergencia no provocan abortos, no interrumpen un embarazo establecido ni dañan al embrión en desarrollo.
Por su parte, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) establece que no se necesita una exploración clínica ni una prueba de embarazo antes de administrar o prescribir anticoncepción de emergencia y recomienda expresamente no retrasar el tratamiento para realizar esos exámenes.
La organización también señala que estos medicamentos deben suministrarse cuanto antes después de una relación sexual sin protección para maximizar su eficacia, una consideración especialmente relevante para las víctimas de violación sexual.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten, además, que una prueba de embarazo negativa no permite descartar necesariamente una gestación muy reciente. Los exámenes detectan la presencia de una hormona que comienza a producirse después de la implantación, por lo que no pueden identificar un embarazo originado en una relación sexual ocurrida pocos días antes.
En consecuencia, un resultado negativo obtenido durante las primeras 72 horas posteriores a una violación no permite determinar si esa agresión produjo un embarazo. Tampoco descarta necesariamente una gestación previa que todavía sea demasiado reciente para detectarse mediante el examen.
Frente Amplio insiste en evitar la revictimización
La diputada del Frente Amplio, Vianey Mora Vega, recordó durante la conferencia que su fracción votó contra el texto sustitutivo porque eliminó la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos que pretende garantizar el proyecto.
Mora afirmó que existe respaldo científico suficiente para sostener que el medicamento no provoca abortos y consideró indispensable que las modificaciones legislativas eviten cualquier procedimiento que pueda revictimizar a las mujeres que ya sufrieron una agresión sexual.
La frenteamplista manifestó su disposición a continuar las conversaciones para reincorporar la anticoncepción de emergencia, pero insistió en que debe mantenerse como un componente central de la atención.
Por su parte, la diputada liberacionista Karen Alfaro Jiménez, quien respaldó el texto sustitutivo, señaló que su fracción está dispuesta a seguir negociando mejoras. También recordó que la anticoncepción de emergencia ya forma parte del protocolo institucional vigente y que la modificación legislativa aprobada no implica prohibir su suministro en los centros médicos.
La diputada oficialista Kattia Mora Montoya defendió la posición de su bancada y afirmó que sus preocupaciones responden tanto a convicciones de conciencia como a argumentos que considera científicos. Sostuvo que los medicamentos sobre cuyos efectos existan dudas deberían someterse a una evaluación clínica y a una prueba de embarazo negativa, mientras que los medicamentos abortivos tendrían que quedar excluidos del procedimiento.