El Consejo Universitario cuestionó los beneficios económicos del tratado y advirtió sobre sus implicaciones para los derechos humanos, la protección ambiental y la política exterior costarricense.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) manifestó su rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y el Estado de Israel y solicitó a la Asamblea Legislativa el archivo inmediato del proyecto de ley que pretende aprobar el acuerdo comercial, tramitado bajo el expediente 25.542.
La posición institucional quedó establecida mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-382-2026, aprobado durante la sesión ordinaria del pasado 29 de octubre, en respuesta a una solicitud de criterio remitida por la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Congreso.
El pronunciamiento incorpora criterios de la Asesoría Jurídica, las escuelas de Historia, Relaciones Internacionales, Sociología y Filosofía, el Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) y el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe).
A partir de estos aportes, el Consejo Universitario consideró que la conveniencia del tratado no puede evaluarse únicamente desde sus posibles beneficios comerciales, sino que también debe contemplar sus implicaciones para la soberanía nacional, los derechos humanos, la protección ambiental y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Costa Rica.
Cuestionamientos sobre los beneficios económicos
Uno de los principales argumentos de la UNA es el reducido intercambio comercial entre ambos países. Según los datos incorporados en el acuerdo universitario, durante 2025 las exportaciones costarricenses hacia Israel alcanzaron los $25,9 millones, mientras que las importaciones sumaron $35,8 millones. En conjunto, el intercambio representa aproximadamente el 0,2% del comercio total costarricense.
El análisis también identificó diferencias en las condiciones de acceso a los mercados. Aunque Israel eliminaría inmediatamente los aranceles correspondientes al 90,7% de sus líneas arancelarias y Costa Rica lo haría con el 82,2%, la universidad advirtió que las principales protecciones israelíes se concentran en la agricultura primaria y los alimentos frescos, sectores en los que Costa Rica posee capacidades productivas y potencial exportador.
Por el contrario, Costa Rica concedería beneficios arancelarios desde la entrada en vigor del tratado a productos de sectores industriales y tecnológicos en los que Israel tiene fortalezas comerciales. La UNA considera que estas condiciones ponen en duda el carácter inclusivo atribuido al acuerdo.
El Consejo Universitario también manifestó preocupación por los posibles efectos sobre la recaudación fiscal, el empleo y la producción nacional, así como por la inclusión de beneficios arancelarios para la importación de armas, municiones, sustancias y desechos peligrosos.
Otro aspecto cuestionado corresponde a las disposiciones sobre telecomunicaciones, servicios digitales y tratamiento de datos. La institución considera necesario garantizar que el intercambio tecnológico no facilite la incorporación de herramientas que puedan utilizarse para vulnerar la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Preocupación por productos provenientes de territorios ocupados
El pronunciamiento universitario cuestiona específicamente el artículo 1.6 del tratado, que define el territorio de Israel como aquel donde se aplican sus leyes aduaneras, sin establecer una delimitación geográfica expresa.
Según la UNA, esta definición podría permitir que mercancías producidas o transformadas en asentamientos israelíes ubicados en territorios palestinos ocupados reciban los beneficios arancelarios establecidos en el acuerdo comercial.
La universidad fundamentó esta preocupación en la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 19 de julio de 2024, que estableció obligaciones para los Estados relacionadas con la distinción entre el territorio de Israel y el territorio palestino ocupado.
Como ejemplo, la Escuela de Historia destacó que la Unión Europea utiliza mecanismos de control aduanero basados en los códigos postales de los lugares de producción, con el propósito de excluir de los beneficios arancelarios las mercancías provenientes de asentamientos israelíes en territorios ocupados.
Ausencia de mecanismos de protección ambiental y derechos humanos
La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Idela-UNA, mediante un criterio emitido el 20 de agosto de 2026, identificó la ausencia de capítulos específicos sobre derechos humanos y protección ambiental, así como de mecanismos para evaluar y prevenir posibles afectaciones derivadas de la implementación del tratado.
La instancia académica también advirtió sobre la falta de mecanismos de debida diligencia empresarial y estatal, es decir, procedimientos que permitan identificar, prevenir y atender posibles afectaciones a los derechos humanos y al ambiente relacionadas con las actividades económicas.
Asimismo, cuestionó que el tratado no contemple mecanismos específicos de participación para que las comunidades, organizaciones sociales e instituciones académicas puedan intervenir en el seguimiento de sus impactos.
La Clínica recomendó no aprobar el proyecto en su estado actual e incorporar evaluaciones integrales de impacto, mecanismos de trazabilidad del origen territorial de los productos, participación ciudadana, acceso a la información y seguimiento socioambiental permanente.
UNA advierte sobre implicaciones políticas y diplomáticas
El Consejo Universitario recordó que en 2025 adoptó una posición institucional mediante la cual condenó el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino y solicitó el cese de las acciones militares en la Franja de Gaza.
En su nuevo pronunciamiento, la institución también hizo referencia al proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La UNA considera que la ratificación del tratado podría interpretarse como un respaldo político a Israel y afectar la credibilidad internacional de Costa Rica como un país históricamente comprometido con la paz, el desarme, los derechos humanos y el derecho internacional.
El pronunciamiento se suma al criterio emitido en octubre por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), que también recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el acuerdo comercial.
Gobierno retiró temporalmente el tratado de la agenda legislativa
El tratado fue suscrito el 8 de diciembre de 2025 en Jerusalén y presentado a la Asamblea Legislativa el 24 de abril de 2026, durante la administración de Rodrigo Chaves Robles. El Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa en la búsqueda de oportunidades comerciales y de cooperación con Israel en sectores como innovación, ciberseguridad, agricultura de precisión y tecnología médica.
El pasado viernes 13 de noviembre, sin embargo, según informó Noticias Monumental, el Gobierno retiró el expediente de la convocatoria de sesiones extraordinarias para que las nuevas autoridades de Cancillería y Comercio Exterior analicen su contenido.







