El criterio institucional señala vacíos en derechos humanos, protección ambiental y participación ciudadana, además de cuestionar las condiciones de acceso comercial negociadas para Costa Rica.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel, tramitado bajo el expediente 25.542, atendiendo la solicitud de criterio enviada por la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa.
La decisión se adoptó el 1 de octubre, durante la sesión ordinaria 7033 del Consejo Universitario, después de analizar criterios elaborados por distintas instancias académicas de la Universidad.
Entre los insumos considerados figuran análisis de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y la Facultad de Ciencias Sociales. Esta última incorporó aportes del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Escuela de Trabajo Social, el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria y la Escuela de Antropología.
Cuestionamientos sobre acceso a mercados
El análisis de Administración Aduanera y Comercio Exterior identificó lo que considera asimetrías en las condiciones de acceso a los mercados pactadas en el tratado.
Según ese criterio, de las 8.061 líneas arancelarias israelíes con desgravación inmediata, 8.060 ya tenían una tasa base libre de arancel, por lo que el acuerdo consolidaría un acceso que ya existía para gran parte de esos productos.
El documento también señala que 81% de la oferta agrícola costarricense que actualmente enfrenta aranceles en Israel quedó excluida de la desgravación o sometida a contingentes arancelarios. Entre los productos mencionados figuran frutas congeladas, jugos, flores, piña seca y papaya.
Además, el criterio identifica carencias relacionadas con medidas sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión y servicios, así como la ausencia de disposiciones que, según el análisis, protejan suficientemente intereses nacionales vinculados con recursos genéticos, conocimiento tradicional y distribución de beneficios.
Derechos humanos y ambiente
El Consejo Universitario también cuestionó que el tratado no incluya un capítulo específico sobre derechos humanos ni cláusulas democráticas.
El criterio sostiene que los acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica deben analizarse tomando en cuenta sus principios constitucionales, el derecho internacional, el interés público y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En materia ambiental, el análisis señala que el TLC carece de un capítulo ambiental y de mecanismos específicos para que la ciudadanía denuncie eventuales incumplimientos de la legislación ambiental por parte del Estado.
Según el criterio aprobado:
El texto presenta vacíos en cuanto a la protección de bienes naturales, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana".
El Consejo también señaló que el intercambio comercial con Israel representa una porción relativamente reducida del comercio exterior costarricense y consideró que la valoración del acuerdo debe incorporar variables relacionadas con desarrollo sostenible, agricultura, salud pública y otros compromisos internacionales.
Bienes provenientes de territorios ocupados
Otro de los puntos incorporados al análisis corresponde a la procedencia territorial de los bienes comercializados bajo el acuerdo.
El Consejo Universitario recomendó que la Asamblea Legislativa valore incorporar disposiciones para identificar el origen territorial de los productos y establecer procesos de debida diligencia.
El objetivo planteado es evitar que actividades económicas promovidas por el tratado contribuyan, directa o indirectamente, al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a situaciones contrarias al Derecho Internacional.
El criterio universitario también sostiene que los costos sociales y ambientales derivados de determinadas actividades económicas podrían concentrarse en poblaciones o territorios ambientalmente vulnerables, mientras los beneficios se dirigirían principalmente a empresas exportadoras, zonas francas y sectores altamente tecnificados.
Con base en estos argumentos, el Consejo Universitario acordó comunicar a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el expediente 25.542 y manifestó su disposición de aportar criterios de personas expertas durante el trámite legislativo.