El pronunciamiento se da después de que la diputada oficialista Kathia Calvo defendiera la propuesta de exigir una prueba de embarazo antes de suministrarlo, pese a que las recomendaciones médicas internacionales no establecen ese requisito.
El Movimiento Balance cuestionó la decisión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa de excluir la anticoncepción de emergencia del texto sustitutivo del proyecto que busca convertir en ley el Protocolo de las 72 Horas para la atención integral de personas víctimas de delitos sexuales. La organización advirtió que condicionar el acceso al medicamento a una prueba de embarazo obligatoria podría generar nuevas barreras para quienes han sufrido una agresión sexual.
La posición de la organización se conoce después de que, el miércoles 21 de octubre, la comisión aprobara un texto sustitutivo del expediente 23.633 que eliminó la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos contemplados en la iniciativa. La propuesta recibió seis votos a favor y uno en contra, emitido por la diputada del Frente Amplio, Vianey Mora Vega.
Un día después, el jueves 22 de octubre, la presidenta de la comisión, Kathia Calvo Cruz, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió la posibilidad de reincorporar el medicamento al proyecto, pero con la condición de que las víctimas se sometan previamente a una prueba de embarazo.
Durante una conferencia de prensa, Calvo sostuvo que la medida permitiría dar tranquilidad a las mujeres preocupadas por la posibilidad de tener un embarazo previo que desconocen. La legisladora afirmó que la prueba sería obligatoria y que su costo estaría cubierto por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La propuesta todavía no constituye una modificación aprobada del texto legislativo. Las diputadas oficialistas plantearon continuar el trámite del proyecto y promover posteriormente los cambios necesarios para reincorporar la anticoncepción de emergencia bajo esa condición.
Movimiento Balance pide priorizar la evidencia científica
En su pronunciamiento, el Movimiento Balance reconoció que la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento constituye un derecho humano fundamental, pero señaló que su protección debe coexistir con otros derechos, entre ellos la salud, la dignidad y la integridad de las personas.
La organización consideró indispensable que las decisiones legislativas relacionadas con la atención sanitaria se fundamenten en evidencia científica y criterios médicos reconocidos internacionalmente, especialmente cuando afectan a mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual.
Balance recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las píldoras anticonceptivas de emergencia no son abortivas, ya que actúan impidiendo o retrasando la ovulación y no interrumpen un embarazo establecido.
En este contexto, la organización expresó preocupación por la posibilidad de que el acceso al medicamento quede condicionado a una prueba de embarazo obligatoria.
Advierten sobre posibles barreras y revictimización
El Movimiento Balance sostuvo que las víctimas de violación requieren una respuesta institucional sensible, integral y oportuna, que evite obstáculos innecesarios y proteja su autonomía.
A criterio de la organización, imponer una prueba de embarazo como requisito para recibir anticoncepción de emergencia podría constituir una forma adicional de revictimización, al añadir cargas a quienes ya han sufrido una agresión sexual y trasladarles consecuencias de un delito del que no tienen responsabilidad.
Ante este escenario, el Movimiento Balance hizo un llamado a las integrantes de la Comisión de la Mujer para que armonicen el respeto a la libertad religiosa con la protección del derecho a la salud.
La organización insistió en que ninguno de estos derechos debe prevalecer sobre el otro y señaló que el reto de una sociedad democrática consiste en garantizar su coexistencia, con especial atención a las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.