Pueblo Soberano advierte que, si no se alcanza un acuerdo antes de las 3:00 p. m. del lunes, llevará el proyecto a segundo debate.
La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) acusó este viernes al Partido Liberación Nacional (PLN) de romper las negociaciones sobre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414, después de que los verdiblancos condicionaran su permanencia en las conversaciones a que el Gobierno restituya los recursos presupuestarios destinados a las universidades públicas.
En un comunicado de prensa, la bancada oficialista calificó de "vergonzosa e inaceptable" la posición del PLN y advirtió que si no existe un acuerdo antes de las 3:00 p. m. del próximo lunes 19 de octubre, la iniciativa tendría que someterse a votación en segundo debate, pese a que actualmente no cuenta con los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva.
La controversia surgió después de que Liberación Nacional comunicara formalmente al jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta Jaén, que su continuidad en las negociaciones dependerá de que el Poder Ejecutivo atienda los reclamos de las universidades públicas por las modificaciones presupuestarias propuestas para 2026 y 2027.
Los verdiblancos justificaron su condición en las advertencias de los rectores sobre las consecuencias que tendrían esos ajustes para el funcionamiento de las universidades, particularmente en sus sedes regionales y en las oportunidades de ingreso de nuevos estudiantes. La exigencia del PLN se refiere a modificaciones presupuestarias que todavía se encuentran bajo discusión legislativa.
El subjefe de la bancada oficialista, Juan Manuel Quesada Espinoza, cuestionó que el financiamiento de la educación superior se vincule con la negociación de una reforma al mercado eléctrico.
El futuro energético de Costa Rica no puede convertirse en moneda de cambio político. Estamos hablando de la estabilidad del sistema eléctrico, la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de nuestro país. Son temas que deben abordarse con responsabilidad y sin condicionamientos políticos”.
La fracción oficialista también sostuvo que la defensa de la educación pública no debe confundirse con la protección de privilegios o el mantenimiento de las condiciones actuales de las universidades. A su juicio, las diferencias sobre el financiamiento de la educación superior deben discutirse por separado de la reforma eléctrica.
Por su parte, Acosta afirmó:
Costa Rica necesita acuerdos para avanzar, no condicionamientos políticos que puedan frenar decisiones fundamentales para su desarrollo. Las diferencias presupuestarias no deben utilizarse para bloquear el diálogo sobre el futuro energético de los costarricenses”.
El acuerdo político que estaba sobre la mesa
La ruptura denunciada por el oficialismo ocurre mientras ambas agrupaciones negociaban una propuesta de acuerdo político que contemplaba 11 compromisos legislativos relacionados con el sector eléctrico, incluidos proyectos para fortalecer instituciones públicas, modificar la organización del mercado y establecer una ruta para aprobar definitivamente la Ley de Armonización.
El documento, titulado "Acuerdo político entre las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional y el Partido Pueblo Soberano", está fechado para el próximo 19 de octubre y plantea compromisos que ambas bancadas asumirían para facilitar la aprobación de distintas iniciativas.
El primer compromiso consistía en aprobar el martes 20 de octubre una moción para ampliar el plazo cuatrienal del expediente 23.414, cuyo vencimiento está previsto para el 21 de octubre. Esa ampliación permitiría que la propuesta continuara su trámite legislativo sin quedar archivada por el transcurso del plazo máximo ordinario.
A cambio, ambas fracciones impulsarían la aprobación de mociones para dispensar de trámites a tres proyectos presentados por legisladores liberacionistas. La dispensa permitiría acelerar su discusión parlamentaria, pasar por una comisión.
Las iniciativas contempladas eran la creación del Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio de Electricidad (Fonassel), expediente 25.783; la reforma del régimen jurídico de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), expediente 25.784; y la modernización de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), expediente 25.782.
El borrador establecía que las mociones de dispensa debían aprobarse el 20 de octubre y que ambas fracciones trabajarían para mejorar los textos de los tres proyectos, con la meta de aprobarlos en primer debate a más tardar el 6 de noviembre. También incluía el compromiso de no presentar mociones destinadas a obstaculizar sus respectivos trámites.
El quinto punto fijaba la condición central de la negociación: aprobar en segundo debate la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional en la sesión siguiente a aquella en que los otros tres proyectos recibieran su aprobación en primer debate.
El documento también contemplaba una alternativa si las tres iniciativas no lograban superar esa primera votación en el plazo previsto. En ese escenario, las bancadas se comprometerían a aprobar definitivamente el expediente 23.414 el 9 de noviembre de 2026, independientemente de que las otras reformas continuaran pendientes.
Reformas al ICE y eliminación del ente coordinador
Los restantes puntos del borrador proponían una agenda legislativa adicional para modificar el funcionamiento de varias instituciones del sector eléctrico.
Pueblo Soberano asumiría la elaboración de un proyecto para fortalecer al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mientras que Liberación Nacional prepararía otra iniciativa para fortalecer a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Cada bancada remitiría su propuesta a la otra para su valoración y, una vez consensuados los textos, ambas impulsarían su presentación y una dispensa de trámites.
El oficialismo también se encargaría de redactar una propuesta para aclarar el funcionamiento de las subastas eléctricas. Por su parte, el PLN elaboraría un proyecto para facultar al ICE a explorar y explotar recursos geotérmicos dentro de parques nacionales, una materia que requeriría una reforma legal específica.
Uno de los compromisos más relevantes estaba relacionado con el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), cuya creación constituye uno de los cambios centrales del proyecto de armonización eléctrica.
El borrador proponía desarrollar una iniciativa posterior para derogar las disposiciones relativas a la creación y funcionamiento de Ecosen y sustituirlo por un órgano integrado dentro de la estructura institucional del ICE, con las competencias que se definieran en esa nueva legislación.
Esto significa que el eventual acuerdo no eliminaría directamente a Ecosen del texto de armonización eléctrica que ya recibió aprobación en primer debate. Para concretar ese cambio sería necesario tramitar y aprobar otra ley, mediante los procedimientos correspondientes.
El documento fijaba el 6 de noviembre como plazo para avanzar en las propuestas adicionales y establecía mecanismos de coordinación política y técnica entre ambas bancadas. Los compromisos se definían expresamente como acuerdos de naturaleza política sujetos a los procedimientos legislativos vigentes.
El plazo legislativo se agota
La Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional fue aprobada en primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos a favor y 24 en contra. Sin embargo, su aprobación definitiva requiere una mayoría calificada de 38 diputados debido a las disposiciones que plantean crear una nueva institución autónoma.
La bancada oficialista cuenta con 31 legisladores, por lo que necesita obtener el respaldo de otras agrupaciones para alcanzar esa mayoría. El PLN, que dispone de 17 curules, se había manifestado contrario al proyecto aprobado en mayo, aunque en los últimos días ambas fracciones reconocieron que mantenían conversaciones para alcanzar una fórmula de consenso.
El expediente fue presentado el 21 de octubre de 2022, por lo que su plazo cuatrienal vencerá el próximo miércoles 21 de octubre. Para impedir su archivo por vencimiento, el plenario tendría que aprobar una ampliación del plazo, alternativa que estaba contemplada en el borrador de negociación.