El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, tramitado bajo el expediente 23.414, una iniciativa que plantea abrir el mercado eléctrico costarricense y cambiar el modelo bajo el cual funciona actualmente el sector, en el que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene un papel dominante como comprador y operador del sistema.
La votación cerró con 27 votos a favor y 24 en contra, tras más de seis horas de uso de la palabra. Para superar el segundo debate, el proyecto necesitará al menos 38 votos afirmativos, debido a que la iniciativa toca competencias de instituciones autónomas, y dado que tanto Liberación Nacional, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana se opusieron al proyecto, este no prosperará en un segundo debate.
El cambio más importante del proyecto consiste en crear un mercado eléctrico mayorista, en el que distintos actores podrían comprar y vender energía, dejando atrás el actual modelo mediante el cual generadores públicos o privados deben poner a disposición del ICE la energía que generen. En la práctica, la iniciativa permitiría que participen empresas públicas, privadas, cooperativas, distribuidoras, comercializadores y grandes consumidores, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley y por la regulación.
El texto define ese nuevo esquema como el Mercado Eléctrico Nacional (MEN), un espacio para transacciones de energía, potencia, transporte eléctrico y servicios asociados. La propuesta indica que ese mercado incluiría actividades de generación, transmisión, distribución, agregación y comercialización de electricidad.
La iniciativa también crea una nueva institución autónoma: el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Ese órgano asumiría funciones que hoy se concentran en el ICE, entre ellas la operación, planificación y administración del sistema eléctrico y del nuevo mercado mayorista.
En términos sencillos, el ECOSEN funcionaría como el árbitro y administrador del nuevo mercado. Tendría a cargo coordinar qué energía entra al sistema, bajo qué condiciones se despacha, cómo se atiende la demanda nacional y cómo se ordenan las transacciones entre los diferentes participantes.
El financiamiento de esa nueva institución saldría de un canon de energía eléctrica, que tendrían que pagar los agentes del mercado eléctrico nacional, según las transacciones de energía ejecutadas en el Mercado Eléctrico Nacional.
El proyecto también dispone que la metodología para calcular ese canon se establecerá por reglamento y que su monto máximo tendrá como referencia el presupuesto anual aprobado para el ECOSEN. Además, señala que cada transacción energética en el mercado nacional, incluidas importaciones y exportaciones en el mercado regional, generará un cobro anual cuyo cálculo deberá determinar la ARESEP.
El texto incluye además disposiciones transitorias sobre el traslado de activos, sistemas, bienes y recursos que hoy utiliza el ICE para operar el sistema y el mercado. Según el expediente, el ECOSEN recibiría esos activos y asumiría pasivos financieros y el valor en libros de los bienes trasladados por medio del canon de energía eléctrica en el primer presupuesto que se apruebe.
La propuesta mantiene al ICE como actor relevante, pero le quitaría la función de operador único del sistema y del mercado. El instituto seguiría habilitado como agente del nuevo mercado, junto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), JASEC, cooperativas de electrificación rural y otros generadores con contratos de concesión.
El expediente también abre espacio a la figura del comercializador, es decir, un actor autorizado para comprar y vender bloques de electricidad. Sin embargo, el proyecto aclara que los agentes no estarían obligados a utilizar comercializadores para sus transacciones nacionales o regionales.
Otro elemento central es la prioridad de la demanda nacional. El texto establece que la energía producida en el país deberá atender primero las necesidades internas. Incluso, el texto dice que cualquier contrato de venta o compra en el Mercado Eléctrico Regional podría interrumpirse si el ECOSEN lo requiere para satisfacer la demanda nacional.
Las empresas distribuidoras también tendrían nuevas obligaciones de contratación. El proyecto dispone que deberán contratar, en periodos de uno a cinco años, al menos el 90% de su demanda mediante subastas convocadas anualmente por el ECOSEN. La ARESEP revisaría cada año ese porcentaje.
Objeciones de la oposición
El Frente Amplio encabezó el uso de la palabra para oponerse al proyecto de ley. La legisladora Sigrid Segura Artavia resumió las razones de su bancada para objetar la iniciativa.
Segura mencionó en reiteradas ocasiones el traspaso del "cerebro" del ICE al ECOSEN. Sobre este tema, el proyecto ordena trasladar al ECOSEN los activos, sistemas, bienes y recursos del ICE vinculados con la operación del sistema y del mercado eléctrico, que hoy se concentran en la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE).
La legisladora frenteamplista criticó que el ICE, al ceder esos equipos y personal, deberá reconstruirlos, con un consecuente traslado de costos para los clientes de la empresa estatal.
Segura también mencionó que la creación de mercados de subasta de energía en otros países se ha traducido en prácticas colusorias entre los actores que conforman parte del mercado, argumento que también fue replicado por su compañero Edgardo Araya Sibaja.
Iztarú Alfaro Guerrero, subjefa de fracción de Liberación Nacional, intentó desligar a la agrupación verdiblanca de la autoría de la actual versión del proyecto de ley, insistiendo en que el expediente fue propuesto por el Poder Ejecutivo.
Ayer, Barra de Prensa (proyecto de Delfino.cr) publicó un análisis de las firmas del texto sustitutivo que dio pie a la actual versión del expediente, en el que se demuestra que todas las firmas de dicha moción correspondían a diputados de la anterior bancada liberacionista.
El texto actual del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional sí es autoría exclusiva de la anterior bancada del PLN, según un análisis de las firmas de la moción de texto sustitutivo. https://t.co/37pE9fOXID pic.twitter.com/d7g2RY1Hoq
— Barra de Prensa (@barradeprensa) May 26, 2026
Por su parte, el jefe del FA, José María Villalta Flórez-Estrada aprovechó una intervención que se prolongó durante media hora para advertir al oficialismo que esta iniciativa no podía ir a referéndum, pues al incluir un canon, se volvía un proyecto en materia tributaria. A eso se sumaba que, al necesitar mayoría calificada del parlamento, un referéndum sobre este proyecto requería una participación nacional de al menos 40% del padrón para poder aprobar la ley, eso siempre y cuando la votación fuera afirmativa para la iniciativa en la consulta popular.
Asimismo, Villalta listó seis razones por las cuales el proyecto, de aprobarse, se traduciría en incrementos tarifarios, incluida la eliminación del subsidio cruzado en el cual las grandes empresas y grandes consumidores eléctricos subsidian las tarifas residenciales.
Defensa del oficialismo
La diputada Nayuribe Guadamuz Rosales, del oficialismo por Guanacaste, refutó que el proyecto de ley "destruyera" al ICE, señalando que se mantenía la rectoría del Estado, la regulación tarifaria de la Aresep, y el monopolio del ICE en transmisión y regulación.
El diputado Gonzalo Ramírez Zamora, oficialista por San José, recriminó a Liberación Nacional haber abandonado el apoyo al proyecto de ley, pese a que el texto en discusión era de autoría de la bancada verdiblanca en la anterior legislatura, y
Aunque este sea un expediente que ingresó por parte del Poder Ejecutivo, lo que hoy estamos discutiendo aquí es un texto sustitutivo que firmó la fracción del Partido Liberación Nacional hace tan solo unos meses atrás. Entonces, es aquí donde nos podríamos preguntar a cuál fracción o a cuál PLN le vamos a creer".
Ramírez agregó que el PLN estaba abandonando su discurso histórico de la necesidad de modernizar el sistema eléctrico nacional, de mejorar la competitividad, y de abrir el mercado eléctrico, a tal punto de no permitir que otras bancadas de la anterior legislatura pudieran apoyar con su firma ese texto sustitutivo.
Cerca de las nueve de la noche una importante cantidad de diputados oficialistas se anotó para hacer uso de la palabra, sin embargo, la presidenta legislativa informó que por indicación de la gerencia la sesión tenía una hora límite para respetar la jornada laboral diaria máxima del personal administrativa del Congreso, por lo que llegado ese momento, tendría que levantar la sesión.
Ante ello, todos los oficialistas se retiraron de la lista para hacer uso de la palabra.
Breves
Este martes se realizó la instalación de las últimas tres comisiones permanentes ordinarias.
En la Comisión de Asuntos Jurídicos el oficialismo colocó a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez en la presidencia, y a su compañera Cindy Blanco González en la secretaría.
En la Comisión de Asuntos Sociales fue electa como presidenta Esmeralda Britton González del PSSO, y como secretario Robert Barrantes Camacho.
Por último, en la Comisión de Asuntos Agropecuarios no se requirió realizar rondas de votación, pues por acuerdo entre oficialismo y oposición fue colocada la liberacionista Karen Alfaro Jiménez, y en la secretaría estará Osvaldo Artavia Carballo del PPSO.
Proyectos dictaminados
No se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones este martes.
Leyes publicadas
En el Alcance N.° 62 a La Gaceta N.° 95 del martes 26 de mayo de 2026 se publicó y entró a regir la siguiente ley:
— Ley 10.956 "Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Europeo de Inversiones, para el proyecto de construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del sistema de tren rápido de pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana" que se tramitó bajo el expediente 25.291. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 11 de mayo de 2026, por lo que transcurrieron 15 días para su publicación en La Gaceta.