La presidenta Laura Fernández llamó esta semana “terroristas políticos” a diputados que votaron contra el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. También cuestionó la reelección del fiscal general, Carlo Díaz, con acusaciones de corrupción y alusiones a su vida privada.
En ambos casos, el Ejecutivo recibió una respuesta que no deseaba, pero ni los diputados estaban obligados a aprobar el proyecto ni los magistrados a elegir al fiscal que el Gobierno prefería.
Llamar “terrorista político” a un diputado que vota en contra tiene una ventaja: ya no hace falta discutir sus argumentos. Basta con condenarlo.
Franco Delle Donne, que estudia la comunicación política de la derecha radical, ha analizado cómo estos movimientos construyen la figura de un enemigo al que atribuyen buena parte de los problemas de la sociedad. El adversario deja de ser alguien con ideas distintas y pasa a representar una amenaza. Así resulta más fácil explicar los fracasos propios, movilizar a los seguidores y desacreditar a quienes se oponen.
En Costa Rica, el Estado de la Nación 2025 documentó durante la administración de Rodrigo Chaves una dinámica de “control político invertido”, en la que el Ejecutivo exigía cuentas a otros poderes del Estado y órganos de control. Cuando la confrontación se vuelve habitual, corremos el riesgo de empezar a interpretar cualquier desacuerdo institucional como una maniobra para impedir que el Gobierno haga su trabajo.
Me quedé pensando en la facilidad con que confundimos dos exigencias muy distintas: que una institución funcione bien y que funcione a nuestro favor. Sabemos distinguirlas en teoría, pero no siempre cuando una decisión contraría nuestras preferencias. Y no hablo solamente de quienes apoyan al Gobierno. La tentación de medir a las instituciones según cuánto nos complacen puede aparecer en cualquier sector político.
La idea de que una institución puede resultar incómoda apareció también en las palabras del fiscal general. Al ser reelegido, Carlo Díaz expresó su deseo de seguir siendo “un estorbo para algunos malos ciudadanos”, retomando las palabras del magistrado constitucional Jorge Araya. Hay instituciones que, para cumplir bien su trabajo, necesitan incomodar. Una Fiscalía que investiga, una Sala Constitucional que pone límites al poder o una Asamblea Legislativa que cuestiona las propuestas del Ejecutivo difícilmente van a complacer a todo el mundo. La incomodidad incluso podría mostrar que están haciendo bien su trabajo.
Hasta nuestra reacción ante un posible incumplimiento de la Constitución parece depender de quién gobierna. En una encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, publicada en setiembre, se preguntó cómo cambiaría la opinión sobre el Gobierno si este decidiera desobedecer una resolución de la Sala Constitucional. El 88% de quienes no apoyan al Ejecutivo respondió que su opinión empeoraría, frente al 59% de quienes sí lo respaldan. En ambos grupos, la mayoría reaccionaría negativamente, pero entre quienes respaldan al Gobierno esa reacción sería menos frecuente.
Este no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica. Al estudiar el comportamiento electoral en Estados Unidos, los politólogos Matthew Graham y Milan Svolik encontraron que las personas pueden tolerar conductas contrarias a principios democráticos cuando provienen de candidatos de su propio sector político.
La democracia no promete que todos terminemos pensando igual; ofrece una manera de convivir y elegir. Eso supone aceptar que otros puedan tomar decisiones que nos afectan y que consideramos equivocadas, sin que necesariamente nos corresponda tener la última palabra. La democracia no siempre es fácil de sobrellevar, pero sería bastante peor que nadie pudiera llevarnos la contraria.