La presidenta también acusó al fiscal general de instrumentalizar políticamente la justicia.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, manifestó este miércoles su rechazo a la reelección de Carlo Díaz Sánchez como fiscal general de la República y lanzó una serie de acusaciones contra el jerarca del Ministerio Público, a quien atribuyó supuestos actos de corrupción, nombramientos irregulares y conductas personales que consideró incompatibles con su cargo.
Durante la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial, Fernández afirmó que no le sorprendió la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el lunes reeligió a Díaz por unanimidad para un segundo periodo de cuatro años. La mandataria sostuvo que el fiscal llevaba meses realizando una campaña política para conseguir su continuidad.
Lamento la decisión. No voy a ser hipócrita en esto. Tampoco voy a ser hipócrita en desearle lo mejor".
La presidenta señaló que esperaba un cambio en la actuación del fiscal general durante su segundo mandato y lo acusó de utilizar el sistema de justicia con fines políticos. Además, hizo señalamientos sobre su gestión administrativa y su conducta personal.
Creo que saltan a la vista problemas de falta de transparencia y hasta de corrupción por parte de don Carlo; nombramientos a dedo, problemas de faldas que no le van a un fiscal general, sin lugar a dudas".
La mandataria afirmó que una de sus principales diferencias con Díaz es la falta de participación del Ministerio Público en los espacios de coordinación convocados por el Gobierno para atender la inseguridad y el crimen organizado.
Fernández sostuvo que la ausencia de representantes judiciales en esas reuniones constituye un desplante hacia el Ejecutivo y un obstáculo para desarrollar políticas conjuntas contra la delincuencia.
Para mí es un grave error negarse a trabajar en equipo con el Gobierno. Para mí no solamente es un desplante, sino una equivocación garrafal dejarme a mí las sillas vacías, donde vamos a coordinar cosas que van a beneficiar al pueblo de Costa Rica".
La presidenta también cuestionó que Díaz continuara ejerciendo sus funciones en medio de esas diferencias institucionales y expresó su expectativa de que, una vez superado el proceso de reelección, modificara su posición.
Le doy gracias a Dios que ya pasó la elección del señor, para ver si ahora sí se pone a trabajar".
Los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la coordinación de las políticas de seguridad se remontan a los primeros meses de la administración Fernández. En mayo, una reunión entre autoridades de ambos poderes terminó con cuestionamientos públicos sobre la disposición de las partes para trabajar conjuntamente. Posteriormente, la ausencia de autoridades judiciales en sesiones de coordinación convocadas por Casa Presidencial profundizó las diferencias.
Fernández también cuestionó las investigaciones penales relacionadas con integrantes del Gobierno y sostuvo que el fiscal general debería concentrar sus esfuerzos en resolver los problemas de criminalidad e impunidad que enfrenta el país.
La presidenta afirmó que el Ministerio Público abre expedientes contra ella y contra el ministro Rodrigo Chaves Robles por asuntos que considera carentes de relevancia penal. Como ejemplo, mencionó una denuncia por presunto prevaricato presentada cuando ejercía como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y ministra de la Presidencia.
Según su relato, aquella investigación se relacionaba con una fe de erratas publicada en el diario oficial La Gaceta en una fecha distinta de la esperada por una persona usuaria de un servicio público. Fernández cuestionó que ese asunto diera origen a una causa penal en su contra.
Durante ese intercambio, Fernández aseguró que el expresidente Chaves todavía tenía 77 causas penales pendientes, cifra que dijo haber consultado después de recibir una pregunta sobre los procesos judiciales relacionados con el exmandatario.
Chaves respondió inicialmente que desconocía cuántas causas permanecían abiertas en su contra. La presidenta insistió en que la cifra era de 77 y afirmó que los expedientes se estaban archivando progresivamente.
Chaves responsabiliza a Corte Plena
El expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, respaldó los cuestionamientos de Fernández y aseguró que la continuidad de Díaz representa una situación vergonzosa para el país.
Chaves afirmó que el fiscal general no controla plenamente sus decisiones profesionales y responsabilizó de esa situación a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, a las que atribuyó influencia sobre la actuación del jerarca del Ministerio Público.
El ministro insistió en que su cuestionamiento estaba dirigido particularmente a Corte Plena y no al conjunto de funcionarios del Poder Judicial. En ese sentido, diferenció entre los magistrados que tomaron la decisión y los miles de empleados judiciales que, según dijo, realizan correctamente su trabajo.
Chaves también recordó que había solicitado a la ciudadanía otorgar a Fernández una mayoría legislativa de 38 diputados y vinculó la composición actual de la Asamblea Legislativa con las dificultades del Gobierno para impulsar los cambios institucionales que propone.
Las declaraciones del ministro se suman a las que ofreció el lunes, inmediatamente después de la reelección, cuando afirmó que Díaz carecía de las capacidades necesarias para desempeñarse como fiscal general y cuestionó la decisión de las magistraturas.
Díaz había ofrecido retomar la coordinación con el Gobierno
Las acusaciones de Fernández contrastan con la disposición a colaborar con el Poder Ejecutivo que Díaz expresó después de su reelección.
En declaraciones recogidas por CR Hoy el lunes y ampliadas posteriormente en entrevistas con otros medios, el fiscal general manifestó que mantiene abiertas las posibilidades de coordinación con la administración Fernández para combatir la delincuencia.
Díaz explicó que, cuando Fernández resultó electa presidenta, le envió una carta para proponer un trabajo conjunto que contribuyera a reducir la polarización institucional. Sin embargo, afirmó que esa iniciativa no recibió una respuesta favorable.
En una entrevista publicada este miércoles por Semanario Universidad, el fiscal reiteró su disposición a trabajar con la mandataria, aunque advirtió que defenderá la independencia del Ministerio Público ante cualquier intento de debilitar sus competencias o reducir su presupuesto.
Asimismo, en declaraciones a Noticias Columbia, Díaz lamentó que la relación institucional con el Gobierno se encuentre prácticamente rota e insistió en que es necesario recuperar los mecanismos de coordinación para enfrentar la criminalidad.