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Diputaciones celebran rechazo del Gobierno al Acuerdo Transpacífico

Legisladores de diferentes partidos respaldaron la decisión de Laura Fernández de abandonar el proceso de adhesión, mientras que las cámaras de Comercio y Comercio Exterior advirtieron sobre la necesidad de preservar las oportunidades comerciales del país.

La decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, de no firmar el Acuerdo Transpacífico provocó reacciones entre las fracciones legislativas y las cámaras empresariales este miércoles 28 de octubre. Varias diputaciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Pueblo Soberano (PPSO) celebraron el anuncio, mientras que organizaciones del sector comercial expresaron preocupación por sus posibles consecuencias para la apertura de mercados y la competitividad nacional.

La mandataria anunció que ordenó archivar el proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, a quien responsabilizó por la falta de información sobre los términos negociados con los países integrantes del bloque.

Fernández sostuvo que había solicitado compartir las condiciones del acuerdo con los sectores productivos, pero que estos no recibieron la información necesaria para conocer sus posibles efectos. La presidenta también afirmó que Costa Rica debe proteger a las familias dedicadas a la ganadería, la producción lechera y otras actividades agropecuarias que podrían enfrentar una mayor competencia de productos importados.

PLN celebra decisión y destaca oposición legislativa

La fracción del Partido Liberación Nacional recibió favorablemente el anuncio y recordó que había manifestado su oposición al ingreso de Costa Rica al acuerdo, principalmente por las preocupaciones del sector agropecuario.

La diputada Karen Alfaro Jiménez atribuyó la decisión presidencial a la oposición que productores y legisladores expresaron durante los últimos meses.

El día de hoy ganó el agro costarricense. Desde Liberación Nacional hemos dado una lucha incansable durante los últimos meses para solicitarle al Poder Ejecutivo que no apruebe el Acuerdo Transpacífico, que no se vaya a firmar por parte de la señora presidenta y el día de hoy ha sido anunciado que este acuerdo no va a ser firmado".


Alfaro también felicitó a los productores que participaron en las manifestaciones y recordó que el PLN no estaba dispuesto a aportar votos para aprobar el tratado en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, la diputada Janice Sandí Morales consideró que Fernández tomó una decisión favorable al escuchar las preocupaciones del sector agropecuario. La legisladora aseguró que su fracción había presentado argumentos técnicos y científicos sobre los posibles efectos del acuerdo en la producción nacional.

Sandí calificó la iniciativa comercial como perjudicial para el agro costarricense y sostuvo que la decisión presidencial responde a los reclamos de productores que habían cuestionado las condiciones de competencia que enfrentarían.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez Bogantes, también celebró el anuncio y recordó que los 17 integrantes de su bancada habían expresado su intención de votar contra el acuerdo si el Poder Ejecutivo lo remitía al Congreso.

Hoy ganó el sector agropecuario, hoy ganó Costa Rica. El anuncio de la presidenta Fernández de que el gobierno está echando marcha atrás en su decisión de aprobar el Acuerdo Transpacífico es una excelente noticia. Liberación Nacional anunció hace días que los 17 diputados votaríamos en contra si el acuerdo llegaba a la Asamblea".

Ramírez aseguró que su fracción mantuvo reuniones con comunidades y organizaciones agropecuarias para explicar sus cuestionamientos al tratado. También felicitó a Fernández por la decisión y afirmó que el PLN continuará promoviendo medidas para mejorar las condiciones de producción y empleo en las zonas rurales.

La liberacionista Diana Murillo Murillo afirmó que se trata de  "una victoria de la gente, de los productores y productoras, de las cámaras empresariales que estuvieron ahí detrás, dando seguimiento a los acuerdos que se estaban tomando a puerta cerrada y en la que ellos no formaban parte". 

Vemos como la señora presidenta para justificar las malas decisiones, decide cortarle la cabeza a alguien en su gabinete. Al final, el resultado es positivo. Los que ganan son los productores y con ellos vamos a estar hasta el final".

Mientras que el legislador Ronald Campos Villegas llamó a las autoridades del Ejecutivo a sentarse a conversar para atender los problemas del agro costarricense.

 Falta de asistencia técnica, falta de crédito, falta de mercados y parar la invasión de productos traídos del extranjero sin ninguna regulación. El hecho de que el Transpacífico haya decidido no firmarse es un triunfo para los agricultores costarricenses. Pero hay que llamar también a la presidencia de la República y decirle: "los problemas del agro no eran solamente el tema del Transpacífico".

Frente Amplio pide políticas de apoyo al agro

El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, atribuyó la decisión gubernamental a las movilizaciones de las organizaciones sociales y productivas que se opusieron al acuerdo.

El legislador mencionó a productores de palma, leche, café y hortalizas entre los sectores que expresaron preocupación por las condiciones del eventual ingreso de Costa Rica al bloque comercial.

El archivo del Tratado Transpacífico es un triunfo de las organizaciones sociales y productivas de nuestro país, de los agricultores, de los palmeros, de los lecheros, de los cafetaleros, de los horticultores, de todos los sectores que se manifestaron señalando el inmenso daño que este tratado injusto y desigual le haría al agro de nuestro país".


Villalta también cuestionó la manera en que el Gobierno condujo las negociaciones y consideró que el proceso no garantizó suficiente información ni participación de los sectores que podrían verse afectados.

El diputado sostuvo que la decisión de abandonar el CPTPP debe acompañarse de políticas públicas para fortalecer la producción agropecuaria, particularmente en materia de acceso al crédito, seguros de cosechas, riego, comercialización y adaptación al cambio climático. Además, mencionó los efectos del tipo de cambio sobre los productores nacionales y pidió desarrollar una política agropecuaria mediante consultas con las organizaciones del sector.

Diputados oficialistas respaldan anuncio de Fernández

Dentro del Partido Pueblo Soberano, los diputados Ariel Mora Fallas y José Miguel Villalobos Umaña también expresaron su respaldo a la decisión de la presidenta.

Mora Fallas afirmó que la negociación del acuerdo requería mayor transparencia y comunicación con los sectores productivos. Recordó que anteriormente había manifestado que no apoyaría el tratado si las condiciones negociadas resultaban perjudiciales para los agricultores.

La postura mía como diputado lo que yo les decía a los sectores era que si el tratado no estaba bien negociado no iba a contar con mi voto, pero que de momento desconocía el contenido, pero que primero estaban nuestros agricultores, nuestros productores, nuestra gente y que yo no llegué a la Asamblea Legislativa para darle la espalda a nuestra gente".


Por su parte, el diputado José Miguel Villalobos Umaña felicitó a Fernández y señaló que durante las últimas semanas se reunió con productores agropecuarios de distintas regiones del país.

Villalobos aseguró que había expresado reservas sobre el tratado y que condicionaba su eventual voto favorable a que se aclararan las inquietudes del sector productivo.

Hoy la presidenta Fernández decidió que no hay Transpacífico. Eso me parece que es una noticia digna de celebración, de alegría y de enorgullecimiento para esta patria".

Cámaras empresariales expresan diferentes posiciones sobre el retiro del acuerdo

Las cámaras empresariales y organizaciones del sector productivo reaccionaron de manera distinta a la decisión del Gobierno de abandonar el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico. Mientras que la Cámara Nacional de Productores de Leche (CNPL), el Instituto del Café de Costa Rica (Icafe), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agroinsumos de Costa Rica (Asoagro) y la Corporación Ganadera (Corfoga) celebraron el anuncio, la Cámara de Comercio de Costa Rica manifestó su rechazo y la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) pidió mantener la continuidad de la política comercial del país.

La CNPL respaldó la decisión presidencial y planteó la necesidad de construir una agenda conjunta con el Gobierno para fortalecer la producción nacional. Su presidenta, Ivannia Quesada, señaló que el anuncio permite abrir una nueva etapa de trabajo con las autoridades, después de meses de preocupación por las condiciones de competencia que podría enfrentar la actividad lechera.

En esa misma línea, el Icafe calificó como acertada la decisión de no continuar con la incorporación al CPTPP y pidió trasladar la atención hacia los problemas internos que afectan la rentabilidad del sector cafetalero, particularmente el tipo de cambio y los costos de los insumos agrícolas.

El director ejecutivo del Icafe, Gustavo Jiménez, señaló:

Desde el sector cafetalero de Costa Rica consideramos absolutamente acertada la decisión de no avanzar en el Transpacífico; estamos convencidos de que esa es la línea de protección y visión estratégica que debe llevar nuestro país. No obstante, al cerrar este capítulo, debemos enfocar con la misma firmeza nuestros esfuerzos en atender la agenda interna. Necesitamos avanzar en pasos urgentes como la estabilidad y competitividad del tipo de cambio, así como en la reducción de los costos de los insumos agrícolas, variables clave para devolver la rentabilidad y el respiro a nuestras familias productoras".

El instituto también solicitó fortalecer la transferencia tecnológica y facilitar el acceso a insumos a precios razonables, como parte de una agenda para mejorar la competitividad de la caficultura y mantener su presencia en los mercados internacionales.

Por su parte, la CNAA agradeció a la presidenta Laura Fernández Delgado por abandonar el proceso de adhesión y consideró que el Gobierno debe priorizar el fortalecimiento de la producción agropecuaria, la generación de empleo rural y la sostenibilidad económica de las familias que dependen de estas actividades.

La cámara, que agrupa a distintas organizaciones del sector agropecuario y agroindustrial, afirmó que su oposición al CPTPP no significa un rechazo a la apertura comercial, sino a condiciones de competencia que, según su criterio, no reconocen las diferencias entre las economías participantes. También cuestionó que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) no incorporara las solicitudes y argumentos de los productores durante las negociaciones.

La CNAA recordó que el pasado 9 de octubre sostuvo una reunión con Fernández, quien se comprometió a analizar las preocupaciones del sector antes de tomar una decisión. Tras el anuncio, la organización solicitó avanzar en medidas para reducir los costos de producción, facilitar el acceso al crédito, mejorar la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria, y atender los efectos de la política cambiaria sobre las actividades agropecuarias.

A estas posiciones se sumó Asoagro, que expresó su respaldo a la decisión de no firmar el protocolo de incorporación al CPTPP. La asociación, integrada por empresas proveedoras de insumos y tecnología para la agricultura, consideró que la medida atiende las preocupaciones sobre los posibles efectos del acuerdo en las actividades agropecuarias más sensibles a la competencia internacional.

La organización explicó que las condiciones económicas de los productores también afectan a las empresas que les suministran insumos, tecnología y servicios. Su presidente, Carlos Campos, señaló que las negociaciones comerciales deben considerar las diferencias entre las condiciones de producción de los países participantes.

La asociación considera que la apertura comercial debe tomar en cuenta las condiciones de competencia de las distintas actividades productivas. Entre los aspectos relevantes para esa valoración figuran los costos de producción, las exigencias regulatorias y las diferencias en los apoyos que reciben los productores en los países con los que Costa Rica busca ampliar sus relaciones comerciales".

Asoagro también pidió que el Gobierno acompañe su decisión con medidas para fortalecer la competitividad agrícola, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y promover buenas prácticas de producción. Asimismo, solicitó mantener espacios de diálogo técnico con los sectores productivos para evaluar las consecuencias de futuros compromisos comerciales.

La Corporación Ganadera (Corfoga) también celebró el archivo del proceso y recordó que su Junta Directiva había acordado oponerse a la adhesión desde el 7 de abril de 2025. La organización explicó que solicitó excluir los productos cárnicos bovinos y lácteos del acuerdo, debido a las diferencias que identifica entre las condiciones productivas nacionales y las de países como Australia y Nueva Zelanda, pero que esa petición no fue aceptada.

La corporación reiteró que respalda la búsqueda de nuevos mercados, siempre que existan condiciones de competencia que consideren las características de la ganadería nacional. Además, ofreció colaborar con el Gobierno para fortalecer la productividad, la innovación, la sanidad animal y la competitividad del sector bovino.

En contraste, la Cámara de Comercio de Costa Rica rechazó la decisión y consideró que abandonar el proceso representa una oportunidad desaprovechada para diversificar mercados, atraer inversiones y generar empleo. La organización sostuvo que el acuerdo habría permitido acceder a nuevos proveedores, insumos, maquinaria y tecnología en condiciones más competitivas, además de ampliar las opciones de productos y precios para los consumidores.

La cámara reconoció la importancia de atender las preocupaciones de los sectores productivos, pero defendió que estas debían abordarse mediante el diálogo y el análisis técnico de las condiciones negociadas. También pidió fortalecer la infraestructura, la logística, la simplificación de trámites y el acceso al financiamiento para mejorar la competitividad de las empresas nacionales.

Finalmente, Crecex manifestó respeto por la decisión del Gobierno, aunque insistió en la necesidad de mantener una estrategia comercial de largo plazo que permita ampliar mercados, atraer inversiones y generar oportunidades para las empresas costarricenses.

La organización también solicitó preservar la continuidad técnica e institucional del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) tras la destitución de Indiana Trejos, para evitar que los cambios en las autoridades afecten el seguimiento de iniciativas estratégicas. Asimismo, reiteró su disposición de participar en espacios de diálogo con el Gobierno y los sectores productivos.

Defensoría de los Habitantes celebra decisión y pide transparencia en futuras negociaciones

La Defensoría de los Habitantes también respaldó el archivo el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico y destacó la importancia de garantizar la participación de los sectores productivos en las negociaciones comerciales.

La institución recordó que el pasado 23 de octubre abrió una investigación para determinar los posibles efectos del acuerdo sobre las personas productoras agrícolas y ganaderas, el empleo rural y las comunidades que dependen de estas actividades. Como parte de ese proceso, consideró necesario conocer los estudios y las condiciones negociadas por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), para evaluar si las autoridades habían analizado suficientemente sus consecuencias económicas y sociales.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, calificó favorablemente la decisión presidencial y señaló:

El anuncio de archivar este tratado es un respiro muy importante para los sectores que podrían haber enfrentado los mayores impactos del acuerdo pero, sobre todo, una señal clara de que en estas negociaciones debe garantizarse la participación de los sectores involucrados".

La Defensoría manifestó especial preocupación por las comunidades rurales, donde, según señaló, existen limitaciones en las oportunidades laborales y desigualdades en el acceso al crédito, la tecnología, la infraestructura y los mercados. Por ello, consideró necesario que los procesos de negociación comercial incorporen información transparente y valoraciones sobre sus posibles efectos en el empleo y la seguridad alimentaria.

La institución también expresó su satisfacción porque Fernández mantuvo su exigencia de transparencia y decidió no autorizar la firma del acuerdo ante los cuestionamientos sobre la información disponible durante las negociaciones.

Además, la Defensoría aclaró que no se opone al libre comercio y reconoció las oportunidades que puede generar para el desarrollo económico, siempre que los acuerdos establezcan condiciones equilibradas y contemplen medidas para proteger a los sectores que podrían enfrentar dificultades.