Desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria nos resulta inamisible que organizaciones agropecuarias hayan tenido que desmentir las declaraciones de la ministra de Comercio Exterior (Comex), sobre el proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el salir a aclarar públicamente lo ocurrido evidencia una preocupante distancia entre la versión del Gobierno y la experiencia de quienes estuvimos en las reuniones.
Las declaraciones de la ministra no solo minimizan las preocupaciones del sector agropecuario, sino que pretenden presentar una oposición técnica como una posición inflexible y caprichosa. Nada más alejado de la realidad.
Las reuniones convocadas por el Comex fueron, en esencia, informativas. Los representantes del agro expusimos nuestras preocupaciones, presentamos argumentos técnicos sólidos y solicitamos exclusiones para actividades agroproductivas que podrían resultar perjudicadas por el CPTPP. Sin embargo, la respuesta que recibimos reiteradamente fue: “en este Acuerdo no hay exclusiones, pero vamos a tomar nota”.
Hoy, ante lo dicho por Comex, cabe preguntarse: ¿realmente tomaron nota de los argumentos del sector agropecuario o solo los escucharon sin darles la importancia que merecían?
Defender la producción nacional no es negociar cuántos años tendremos para perder competitividad. Tampoco es conformarse con plazos de 13 años –en algunos productos- de desgravación arancelaria como si estos, por sí solos, garantizaran la supervivencia de nuestros productores. Un plazo más largo para eliminar un arancel no elimina las diferencias de costos, productividad, escala, condiciones de producción ni las asimetrías existentes entre los países.
No es lo mismo una exclusión que un contingente arancelario. Una exclusión permite mantener un producto sensible fuera de los compromisos de desgravación arancelaria del acuerdo, preservando las condiciones de protección arancelaria existentes, mientras que un contingente arancelario implica conceder acceso preferencial al mercado para un volumen determinado de importaciones, generalmente con un arancel reducido o de cero. En consecuencia, presentar un contingente arancelario como equivalente a una exclusión desconoce las diferencias sustanciales entre ambos mecanismos y no responde plenamente a las preocupaciones y solicitudes planteadas por el sector agropecuario nacional.
Por eso, las declaraciones de la ministra Trejos, cuando afirmó que «unos sectores se sentaron en la galleta a decir: “si no me excluyen no hay nada que conversar”», están muy alejadas de la realidad. Las solicitudes de exclusión no son un capricho ni de una negativa irracional a dialogar, se basan en criterios técnicos de nuestras actividades agroproductivas y a la necesidad de evitar que un acuerdo comercial comprometa la seguridad alimentaria del país.
La pregunta que corresponde hacer es otra: ¿dónde están los estudios sectoriales con los criterios técnicos, claros y verificables de Comex que demuestran cuáles serían los beneficios concretos del CPTPP para el sector agropecuario costarricense? Porque mientras los representantes del agro expusimos los riesgos y justificamos nuestras solicitudes, no recibimos una demostración igualmente clara de las oportunidades reales que este acuerdo ofrecería a nuestras actividades.
No se puede exigir al productor que asuma riesgos bajo la premisa de supuestos beneficios futuros que no han sido debidamente demostrados. Mucho menos cuando están en juego la sobrevivencia de miles de explotaciones agropecuarias, empleos rurales, encadenamientos productivos y la capacidad del país para producir la comida que contribuya a su seguridad alimentaria.
Desde nuestra perspectiva, Japón es el mercado que presenta las oportunidades más relevantes para el agro costarricense. Por ello, consideramos que las mismas podrían explorarse mediante una negociación bilateral, con objetivos definidos, condiciones precisas y una evaluación transparente de los beneficios y riesgos para cada actividad productiva.
No puede pasar inadvertido que si la propia señora presidente de la república no está convencida de las condiciones negociadas y declaró que hubo opacidad en la negociaciones para la adhesión al CPTPP, ¿por qué debería estarlo el sector agropecuario? Si existen dudas sobre la negociación, lo responsable es aclararlas antes de avanzar, no restar importancia a las advertencias de quienes podrían verse afectados.
El agro costarricense no pretende imponer su posición a los demás sectores ni perjudicar a quienes consideran que el CPTPP representa una oportunidad. Respetamos que existan distintas valoraciones sobre el acuerdo y entendemos que otros sectores defiendan sus intereses. Pero ese mismo respeto debe existir hacia quienes producimos alimentos y generamos empleo en las zonas rurales.
No pedimos privilegios; exigimos que nuestros argumentos sean escuchados e incluidos en el texto del Acuerdo y que nuestras preocupaciones no se sacrifiquen para favorecer intereses ajenos a la realidad del agro.
La discusión nunca debió centrarse en señalar al agro como un sector intransigente. Debió enfocarse en responder, con transparencia y rigor técnico, si las condiciones negociadas realmente benefician a Costa Rica en su conjunto y si los riesgos que asumirían determinadas actividades productivas están justificados.
La CNAA mantiene su compromiso con el diálogo, pero dialogar no significa aceptar decisiones previamente tomadas ni renunciar a la defensa de nuestros productores. Si las preocupaciones del agro no fueron atendidas y las exclusiones solicitadas no se incorporaron, no se puede pretender que ahora guardemos silencio.
Entonces ¿Quién se sentó en la galleta? El agro, al menos, se sentó a defender la producción agropecuaria nacional, mientras que en Comex se sentaron en la galleta en decir este acuerdo va porque va, sin exclusiones y tomamos nota.