El ente defensor investiga los eventuales riesgos para la producción agrícola y ganadera, el empleo rural y las comunidades que dependen de estas actividades.
La posible adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) genera preocupación por sus eventuales consecuencias para la producción agrícola y ganadera, el empleo rural y las comunidades que dependen de estas actividades, según advirtió la Defensoría de los Habitantes.
Como parte de una investigación sobre el tema, la institución solicitó al Ministerio de Comercio Exterior los estudios y las condiciones negociadas, con el fin de determinar si las decisiones relacionadas con el acuerdo cuentan con una evaluación suficiente de sus posibles efectos productivos y sociales.
El ente defensor analizará quiénes podrían beneficiarse de las oportunidades comerciales y cuáles sectores enfrentarían mayores costos. También examinará las políticas públicas necesarias para procurar una distribución más equitativa de los beneficios económicos.
Entre los aspectos de interés figuran las posibles repercusiones de una contracción de la agricultura o la ganadería en las comunidades rurales. De acuerdo con la Defensoría, una reducción de estas actividades podría afectar no solo a las personas productoras, sino también a quienes transportan, procesan y comercializan los bienes, así como a los negocios que dependen del consumo de las familias vinculadas al sector.
En esa línea, señaló que en territorios con pocas alternativas laborales, estas consecuencias podrían profundizar las desigualdades, aumentar la informalidad y limitar las oportunidades de desarrollo regional.
La investigación prestará especial atención a las pequeñas unidades productivas, la agricultura familiar, las mujeres rurales, las personas jóvenes y quienes trabajan en estas actividades. Además, buscará determinar si los estudios disponibles identifican los riesgos según la región y el tipo de producción, tomando en cuenta las diferencias en el acceso al crédito, la tecnología, la infraestructura y los mercados.
Seguridad alimentaria y medidas de apoyo
La seguridad alimentaria también será parte de la evaluación. La institución examinará cómo se consideraron la capacidad del país para producir alimentos, la estabilidad del abastecimiento y el acceso de los hogares a una alimentación adecuada.
Asimismo, revisará si las eventuales reducciones arancelarias podrían reflejarse en los precios que pagan las personas consumidoras y cómo se relacionarían con los ingresos de las familias productoras.
Otro punto central será determinar si una eventual adhesión al tratado estaría acompañada de políticas públicas sectoriales suficientes, con financiamiento y ejecución oportuna. Para ello, se analizarán los plazos previstos para la reducción de aranceles y las posibilidades reales de mejorar la productividad, fortalecer los encadenamientos nacionales y atender las brechas de competitividad.
La Defensoría también solicitará información sobre las medidas previstas para las personas que pudieran sufrir pérdidas atribuibles al acuerdo. Entre ellas figuran los apoyos temporales al ingreso, la atención del endeudamiento, la capacitación, las alternativas de empleo y la continuidad de la protección social.
La revisión abarcará los presupuestos destinados a estos programas, su cobertura territorial, las entidades responsables y los requisitos para acceder a las ayudas.
Participación de las comunidades rurales
La transparencia de la información y la participación de los sectores productivos y las comunidades rurales constituyen otros ejes de la investigación. El ente defensor considera necesario que estas poblaciones dispongan de información suficiente y oportuna para presentar observaciones y recibir respuestas fundamentadas antes de que se adopten nuevas decisiones.
La investigación permitirá valorar si las actuaciones públicas son suficientes frente a los posibles riesgos, sin anticipar conclusiones sobre los efectos de una eventual adhesión de Costa Rica al CPTPP.
La Defensoría busca determinar si las decisiones de política comercial están respaldadas por evidencia y acompañadas de medidas concretas para proteger los derechos al trabajo, la alimentación y la seguridad social, así como para ampliar las oportunidades de desarrollo de las regiones rurales y garantizar la participación ciudadana.