La Procuraduría solicitó a la Sala Constitucional una verificación técnica para precisar la extensión y ubicación del bosque y bosque anegado en el refugio. El tribunal confirmó a Delfino.CR que la gestión todavía no ha sido conocida por los magistrados.
La Procuraduría General de la República (PGR) pidió desde el pasado 9 de marzo a la Sala Constitucional ordenar al Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un peritaje sobre los bosques del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, dentro de la gestión de incumplimiento de una sentencia dictada en 2019 sobre esa área protegida.
La solicitud fue presentada dentro del expediente 14-019174-0007-CO, correspondiente a la ejecución de la sentencia 2019-012745, mediante la cual la Sala declaró parcialmente inconstitucional la Ley 9223 y ordenó delimitar y proteger terrenos boscosos vinculados con el refugio.
La PGR informó sobre la gestión este 25 de agosto al responder una solicitud de Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien cinco días antes había pedido a la institución acudir directamente ante el OIJ para promover un “peritaje integral e independiente” sobre el estado actual del refugio.
La Procuraduría explicó que ya había planteado esa petición ante la Sala y solicitó específicamente la participación coordinada de las secciones de Biología Forense e Ingeniería Forense del OIJ.
La realización de una verificación técnica destinada a determinar la extensión y ubicación exacta del bosque y del bosque anegado dentro del área objeto del proceso, reconstruir la línea de base ecológica correspondiente al momento de emisión de la sentencia constitucional y esclarecer las discrepancias técnicas existentes entre los distintos estudios científicos incorporados al expediente”.
El objetivo del peritaje solicitado consiste en generar una valoración técnica independiente que permita determinar las características y ubicación del bosque protegido y contrastar esa información con los diferentes estudios incorporados al expediente judicial.
La Procuraduría justificó la participación del OIJ señalando que la Sección de Biología Forense ya ha intervenido en el expediente y ha identificado diferencias entre mediciones realizadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y estudios anteriores. Según la PGR, incorporar también a Ingeniería Forense permitiría contrastar la información sobre cobertura vegetal con la ubicación catastral de los terrenos involucrados.
PGR dice que no puede ordenar directamente el peritaje
La Procuraduría explicó que no puede acudir directamente al Departamento de Ciencias Forenses para ordenar la realización del estudio debido a la naturaleza judicial de ese tipo de prueba.
El oficio señala que la legislación configura al OIJ como auxiliar de los tribunales y del Ministerio Público, por lo que los peritajes forenses deben partir de una orden de la autoridad judicial competente o, cuando corresponda a una causa penal, del Ministerio Público.
De ello se sigue que la prueba de Biología Forense es prueba pericial de naturaleza judicial, se ordena por la autoridad jurisdiccional competente —o, en sede penal, por el Ministerio Público— y no se activa a instancia de otras instituciones del Estado”.
Por esa razón, la PGR considera que la vía adecuada consiste en solicitar a la Sala Constitucional que requiera la participación del OIJ. Consultada por Delfino.CR, la oficina de prensa del tribunal constitucional confirmó que recibió el documento presentado por la Procuraduría, pero indicó que “la gestión aún no ha sido conocida por los magistrados”.
Defensoría también pidió peritaje del OIJ
En febrero de 2026, la Defensoría de los Habitantes también solicitó a la Sala Constitucional ordenar una evaluación técnica independiente por parte de la Sección de Biología Forense del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ sobre la delimitación de las áreas boscosas vinculadas con el refugio.
La petición surgió después de que la Defensoría analizara el informe final presentado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en cumplimiento de órdenes de la Sala. Aunque el ente defensor consideró que el Ministerio atendió en lo sustancial lo dispuesto por el tribunal, señaló que persistían dudas sobre la metodología utilizada para delimitar las zonas boscosas y el bosque anegado.
Uno de los principales cuestionamientos de la Defensoría fue que el Minae tomó como punto de referencia la cobertura forestal existente en 2025. Según la institución, utilizar ese corte temporal podría dejar fuera áreas que perdieron cobertura durante la vigencia de la Ley 9223, posteriormente declarada parcialmente inconstitucional, pese a los principios de irreductibilidad del bosque, no regresividad y recomposición ambiental.
Ante esa solicitud, el Minae rechazó los cuestionamientos de la Defensoría y argumentó que la institución no tiene competencia ni experiencia técnica para emitir criterio sobre asuntos forestales en el caso de Gandoca-Manzanillo.
Medidas cautelares permanecen vigentes
La Procuraduría también respondió a la petición de adoptar medidas para evitar eventuales daños mientras se aclara la situación de los terrenos y recordó que la Sala Constitucional ya mantiene medidas cautelares vigentes sobre Gandoca-Manzanillo.
Desde marzo de 2025, la Sala suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones o permisos, así como la ejecución de los ya concedidos por la Municipalidad de Talamanca, sobre terrenos clasificados como bosque dentro de la zona marítimo-terrestre del refugio. También suspendió la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía y estableció una moratoria sobre permisos de corta y aprovechamiento forestal en bloques de bosque que deben reintegrarse al área protegida.
En junio de 2025, la Sala amplió esas medidas y suspendió procesos de información posesoria y contenciosos cuya pretensión sea inscribir propiedades dentro del refugio o en las zonas que la Ley 9223 había excluido de este.
Las restricciones permanecerán vigentes hasta que la Sala Constitucional disponga lo contrario, de acuerdo con la respuesta firmada por el procurador general, Iván Vincenti Rojas.