El ente defensor instó a la Sala IV que pida al OIJ una validación técnica del informe realizado por el Minae.
Este 5 de febrero, la Defensoría de los Habitantes instó a la Sala Constitucional a solicitar a la sección de Biología Forense del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que valide técnicamente el informe final presentado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), sobre la delimitación de áreas boscosas en la franja contigua al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA).
La solicitud se realizó porque el ente defensor considera que existen dudas sobre la suficiencia y pertinencia de la metodología utilizada en el documento.
Ante eso el Minae afirmó que la Defensoría de los Habitantes "no tiene ninguna experiencia ni capacidad técnica para rendir una opinión sobre temas forestales". Además, recordó que la Sala Constitucional es la institución que debe emitir el criterio final.
La defensoría criticó que el estudio fue “validado” por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), ya que es una institución que está adscrita al propio ministerio y carece de competencias legales para realizar peritajes de esta naturaleza.
Sobre este punto, el Ministerio de Ambiente señaló que "el tema de la Validación de Tercera Parte, no es un asunto en discusión, ni forma parte del alcance del voto. El aporte técnico desde el Fonafifo, se trató de una colaboración adicional del MINAE".
Asimismo, justificaron que el Fonafifo brindó soporte técnico adicional, "ya que tiene una amplia experiencia técnica en el manejo de bosque".
El apoyo se lideró mediante un equipo profesional de ingenieros forestales con experiencia de campo y se realizó un proceso de validación independiente al proceso de generación de la información. Su aporte fue para validar el informe técnico. Sin embargo, no tuvo participación alguna en el proceso de determinación del bosque, ni en la generación de la cartografía.
El Minae dijo que no se va a referir más al tema hasta que la Sala Constitucional emita el criterio final.