Sala IV deja sin efecto el permiso de corta y aprovechamiento forestal dado al empresario Allan Pacheco Dent.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, ordenó la suspensión del otorgamiento de concesiones y permisos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), así como la ejecución de permisos ya otorgados, hasta tanto no se reciba el informe final de cumplimiento de la sentencia 2019-12745 o hasta nueva disposición de ese tribunal.

Así lo informó esta tarde la oficina de prensa del Tribunal Constitucional, indicando que las medidas cautelares dictadas buscan evitar daños graves e irreparables al ambiente dentro de este refugio protegido.

En primer lugar, la Sala suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones y la ejecución de concesiones previamente otorgadas por parte de la Municipalidad de Talamanca en 20,1 hectáreas de terrenos clasificados como bosque dentro de la zona marítimo-terrestre del refugio.

Asimismo, el tribunal dejó sin efecto la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la cual establecía que los límites oficiales del refugio eran los dispuestos en la Ley N.°9223, vigente desde 2014.

Además, se declaró una moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal por parte del MINAE y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), suspendiendo incluso permisos ya otorgados, como el permiso 011-2024-ACLAC-SLT identificado por la Procuraduría General de la República como uno de los que se entregó al empresario Allan Pacheco Dent.

Dicha moratoria aplicará en las áreas de los siete bloques de bosque que dijo el tribunal, deben ser retornadas formal, material y normativamente al REGAMA.

En el marco del cumplimiento de las sentencias previas de la Sala Constitucional, se solicitó la colaboración de la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para vigilar el acatamiento de las resoluciones. Dichas instituciones deberán emitir informes mensuales en respuesta a los reportes presentados por el ministro de Ambiente y Energía y el director ejecutivo del SINAC, asegurando la debida fiscalización de las medidas adoptadas.