El Sindeu asegura que existe un acuerdo firmado con la administración para reconocer esos pagos; un integrante del Consejo Universitario dijo no haber sido informado del cambio de posición.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) afirmó que la institución “no ha reconocido ni tiene previsto reconocer” diferencias correspondientes a anualidades reguladas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ni por la Ley 9908, que suspendió el pago de nuevas anualidades durante los periodos 2020-2021 y 2021-2022.
La información fue dada a conocer por el Semanario Universidad, tras una serie de consultas enviadas a la Rectoría. Según las respuestas remitidas al medio universitario, la UCR tampoco incluyó en su presupuesto 2026 partidas para el pago retroactivo de anualidades.
El pronunciamiento marca un nuevo giro en el manejo institucional del tema, luego de que en noviembre de 2025 el Consejo Universitario aprobara una modificación presupuestaria que fue presentada como una vía para ajustar la anualidad al 3,75% para el personal cubierto por la convención colectiva y reconocer, de forma progresiva, la deuda generada por ese incentivo desde el año 2020.
De acuerdo con el Semanario, la Rectoría sostuvo ahora que el único pago realizado corresponde a una “obligación previamente adquirida asociada al periodo 2019”, pagadera en enero de 2020, por lo que a criterio de la administración era previa a las restricciones legales que entraron en vigor.
La Rectoría añadió que “no existe un esquema de reconocimiento generalizado de diferencias ni una aplicación indiscriminada del 3,75%” y que las decisiones institucionales se han adoptado “caso por caso, con sustento técnico y jurídico”, a partir de lo resuelto por la Sala Constitucional y la normativa vigente.
Sindeu asegura que existe un acuerdo
El secretario general del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu), Harold Chavarría, dijo al Semanario Universidad que las anualidades deben pagarse conforme a la convención colectiva y aseguró que existe un acuerdo con la administración universitaria, supuestamente firmado por el rector Carlos Araya Leandro en octubre de 2025.
Según Chavarría, ese acuerdo reconoce que existen deudas con la clase trabajadora desde 2020 y establece que los pagos iniciarían con los conceptos de anualidad y escalafón, mientras se realizan estudios jurídicos sobre los años posteriores.
El dirigente sindical se negó a entregar copia del documento al Semanario, al indicar que recibió instrucciones de la Asamblea General del sindicato de no divulgarlo. Chavarría afirmó que se trata de un acuerdo “estrictamente entre el patrono y el sindicato”.
Consejo Universitario no habría sido informado
El representante administrativo ante el Consejo Universitario, Hugo Amores, dijo al medio universitario que el órgano colegiado no ha sido informado de la posición comunicada por la Rectoría.
Yo no tengo conocimiento de eso. Tenemos más bien un conocimiento contrario a eso que a usted le dieron por escrito en el correo; que más bien lo que existe es toda una voluntad”.
Amores indicó que, según su comprensión, existen acuerdos de la administración para el “pago de los montos adeudados iniciando con los conceptos de anualidades y escalafones” y que esos montos estarían previstos para incorporarse al salario de manera retroactiva durante este año.
El representante administrativo añadió que la administración universitaria debe gestionar, junto con el Consejo Universitario, las reservas y modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el pago de esas obligaciones salariales. Sin embargo, aclaró que los temas salariales y de pago son responsabilidad de la Rectoría, mientras que al Consejo le corresponde aprobar los cambios presupuestarios necesarios.
Antecedente inmediato
A finales de noviembre de 2025, el Consejo Universitario aprobó una modificación presupuestaria que permitió redistribuir recursos internos para atender obligaciones salariales vinculadas a anualidades. En ese momento, la decisión fue presentada como una medida para aplicar la convención colectiva tras el fallo 08201-2025 de la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional el transitorio que obligaba a denunciar las convenciones colectivas al vencimiento.
Días después, la Oficina de Recursos Humanos de la UCR emitió una circular en la que interpretó el acuerdo y atribuyó la ejecución del pago de anualidades directamente a la sentencia de la Sala Constitucional. Esa circular fue anulada el mismo día mediante una segunda comunicación interna, en la que se alegó la necesidad de realizar ajustes y precisiones.
El rector Carlos Araya reconoció posteriormente que la circular original contenía un “error gravísimo”, pues asumía que debía actualizarse un monto multiplicado por cinco años. Según explicó entonces, lo que se estaba pagando era una diferencia en la anualidad del año 2020 y no una actualización generalizada por todo el periodo.
El tema también se ha incorporado al debate nacional sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). El presidente Rodrigo Chaves, quien asumirá como ministro de Hacienda a partir del 8 de mayo, y en ese rol formará parte de la Comisión de Enlace para futuras negociaciones del FEES, incluyó el tema del pago de anualidades entre sus cuestionamientos al crecimiento del financiamiento universitario para 2027.