La Rectoría de la UCR aseguró que no criminaliza la protesta estudiantil, tras recibir la Sección de Seguridad y Tránsito información sobre un posible intento de toma de edificios universitarios.
La Universidad de Costa Rica (UCR) reiteró su respaldo al derecho de la comunidad universitaria a manifestarse, pero advirtió sobre la necesidad de proteger las instalaciones y garantizar la continuidad de los servicios institucionales, ante información sobre un posible intento de toma de edificios.
La posición fue expuesta por la Rectoría mediante un comunicado de prensa divulgado este viernes 13 de noviembre, en el que reconoció la legitimidad de la protesta social y estudiantil, aunque recordó que su ejercicio no debe implicar daños a la infraestructura ni poner en riesgo a las personas.
En el comunicado, la Rectoría indicó que el jueves 12 de noviembre, durante la tarde, la Sección de Seguridad y Tránsito recibió información sobre un posible intento de toma de edificios universitarios.
Ante esa situación, la Administración recordó que respeta el derecho de estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria a expresar sus posiciones y organizarse, pero subrayó que las manifestaciones no deben comprometer la seguridad de las personas, la infraestructura institucional ni la continuidad de los servicios.
Queremos ser enfáticos: no criminalizamos ni criminalizaremos la protesta estudiantil. Disentir, cuestionar las decisiones del poder público y movilizarse frente a aquellas políticas que se consideran perjudiciales para la educación superior son derechos que defendemos y que forman parte de nuestra tradición universitaria".
No obstante, la universidad también recordó los antecedentes de la ocupación de edificios administrativos ocurrida entre abril y mayo de este año, durante la cual se registraron daños al patrimonio institucional.
Al respecto, señaló que el Consejo Universitario, mediante el acuerdo de la sesión n.º 6996, del 27 de mayo de 2026, aclaró que el reconocimiento del derecho a la protesta no implica avalar ni eximir de responsabilidad las conductas que ocasionen daños patrimoniales, violencia, coacción o afectaciones a los bienes y servicios universitarios.
Asimismo, mencionó advertencias de la Oficina de Contraloría Universitaria sobre los riesgos que representan las ocupaciones para los activos institucionales y la continuidad de los servicios, así como la responsabilidad de la Administración de adoptar medidas preventivas y correctivas.
La Rectoría también vinculó las movilizaciones con la discusión presupuestaria y los recortes que fueron impulsados por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa. En ese contexto, hizo un llamado a mantener la unidad de la comunidad universitaria y concentrar los esfuerzos en la defensa del financiamiento, la autonomía y el desarrollo de la educación superior pública.
Finalmente, la universidad aseguró que mantiene abiertas las puertas al diálogo y manifestó su disposición a buscar soluciones mediante la escucha y la construcción de acuerdos.
La Rectoría está siempre dispuesta a conversar y a buscar soluciones, sin renunciar a su deber de proteger la institución. Defender la universidad pública también significa cuidar sus espacios, preservar su patrimonio y garantizar que siga siendo un lugar donde todas las voces puedan expresarse libremente".
