El Consejo Universitario rechazó la rebaja aprobada por el oficialismo en comisión. También solicitó valorar una acción de inconstitucionalidad.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó el recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), aprobado por el oficialismo durante la discusión del presupuesto nacional de 2027, y pidió a los diputados impedir que la reducción avance en el plenario legislativo.
Mediante un acuerdo firme adoptado el 27 de octubre, durante la sesión ordinaria 7038, el órgano universitario cuestionó la decisión de reducir recursos que el Gobierno se había comprometido a devolver a las universidades públicas y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la planificación académica y el cumplimiento de los compromisos de financiamiento.
El Consejo Universitario acordó:
Manifestar su rechazo a la moción que pretende reducir ¢8 048 millones de los fondos postergados del presupuesto 2026, planteada por integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, por cuanto compromete recursos previamente acordados para las universidades públicas y genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de la educación superior estatal".
La posición responde a la aprobación de la moción 16 del expediente 25.754, correspondiente al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para 2027. La propuesta, presentada por el diputado oficialista Nogui Acosta Jaén, traslada ₡8.048.128.252 originalmente destinados a las cinco universidades públicas hacia el Ministerio de Educación Pública (MEP), para financiar contribuciones patronales a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Como informó Delfino.cr, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) consiguió aprobar la rebaja el 19 de octubre, después de revertir una votación que inicialmente había rechazado la propuesta. Finalmente, los seis representantes oficialistas de la Comisión de Asuntos Hacendarios respaldaron la reducción y los cinco diputados de oposición votaron en contra.
Universidad advierte sobre consecuencias para estudiantes e investigación
En su pronunciamiento, la UCR recordó que los recursos cuestionados forman parte de los compromisos que el Poder Ejecutivo y las universidades estatales adquirieron el 20 de noviembre de 2025, cuando acordaron recuperar fondos del FEES cuyos desembolsos se postergaron durante 2020 y 2021.
El acuerdo alcanzado en la Comisión de Enlace estableció un mecanismo para devolver esos recursos mediante transferencias destinadas a inversión universitaria. Según el Consejo Universitario, modificar ese compromiso genera incertidumbre para las instituciones, porque afecta la disponibilidad de fondos que ya contemplaban dentro de sus planes de inversión y desarrollo.
El órgano universitario advirtió que las decisiones presupuestarias también pueden afectar directamente a la población estudiantil y a las comunidades, particularmente cuando comprometen proyectos de investigación, programas académicos y oportunidades educativas.
Entre los ámbitos que mencionó figuran el acceso y la permanencia de estudiantes en la educación superior, el fortalecimiento de las sedes regionales, la investigación científica y tecnológica, la producción cultural y los proyectos de acción social.
El Consejo sostuvo que los artículos 84 y 85 de la Constitución Política establecen garantías para la autonomía universitaria y el financiamiento de las instituciones estatales de educación superior. Por ello, considera que las decisiones sobre estos recursos deben respetar tanto las disposiciones constitucionales como los acuerdos suscritos por las autoridades.
Piden al Congreso rechazar el recorte
La UCR solicitó expresamente al plenario de la Asamblea Legislativa que no apruebe la reducción de ₡8.048 millones y mantenga la asignación completa de los fondos postergados del FEES.
El acuerdo exhorta a los diputados a respetar las obligaciones de financiamiento previamente asumidas y a considerar los efectos que las modificaciones presupuestarias pueden tener sobre las oportunidades educativas y el desarrollo del país.
Además, el Consejo Universitario pidió a las autoridades de la UCR y al Consejo Nacional de Rectores (Conare) continuar con las gestiones institucionales necesarias para defender el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno.
También acordó remitir el pronunciamiento a las rectorías y consejos de las demás universidades públicas para solicitar que se sumen a las gestiones de defensa del financiamiento universitario.
Solicitan valorar una acción de inconstitucionalidad
El pronunciamiento incluye una solicitud para que las instancias universitarias competentes analicen, junto con Conare, la posibilidad de acudir a la Sala Constitucional.
En particular, el Consejo Universitario pidió valorar la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra las disposiciones que afecten el financiamiento universitario y los compromisos adquiridos en la Comisión de Enlace, con el objetivo de determinar su compatibilidad con los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
La solicitud no significa que la UCR ya haya presentado una acción judicial ni que el tribunal constitucional haya declarado inválida la reducción presupuestaria.
El pronunciamiento se produce después de que diputaciones del Frente Amplio y de Liberación Nacional presentaran una consulta de constitucionalidad contra el recorte aprobado en comisión, al considerar que podría contradecir las garantías de financiamiento de la educación superior pública.