Diputados sostienen que la rebaja viola la Constitución Política porque afecta recursos que el Gobierno acordó devolver a las universidades públicas.
La fracción legislativa del Frente Amplio (FA) y cinco diputaciones del Partido Liberación Nacional presentaron este martes 27 de octubre una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional contra el recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), aprobado por los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) durante la discusión del presupuesto nacional para 2027.
Los legisladores argumentaron que la reducción, incorporada al expediente 25.754 mediante una moción, contradice los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, que establecen garantías relacionadas con la autonomía de las universidades estatales y su financiamiento.
La consulta busca que la Sala IV examine la constitucionalidad del traslado de ₡8.048.128.252 originalmente destinados a las cinco universidades públicas hacia el Ministerio de Educación Pública (MEP), para financiar contribuciones patronales a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
La bancada oficialista consiguió aprobar el recorte el pasado 19 de octubre, después de revertir una votación que inicialmente había rechazado la propuesta. Durante la primera votación, la diputada oficialista Kattia María Ulate Alvarado se unió a la oposición, pero posteriormente reconoció que había votado por equivocación y respaldó una moción de revisión que permitió repetir el procedimiento.
Cuestionan modificación de recursos acordados con las universidades
En un comunicado, el Frente Amplio recordó que los ₡8.048 millones corresponden a recursos universitarios cuyo desembolso se postergó durante los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia de COVID-19.
La fracción señaló que el Poder Ejecutivo, las cinco universidades estatales y las federaciones estudiantiles alcanzaron un acuerdo en la Comisión de Enlace durante 2025 para devolver esos recursos mediante ocho pagos anuales.
Los diputados del FA consideran que, al tratarse de recursos previamente comprometidos para el financiamiento universitario, mantienen las garantías constitucionales del FEES, aunque su transferencia se haya postergado.
Además, argumentaron que la Asamblea Legislativa no puede modificar unilateralmente los montos acordados entre el Gobierno y las universidades públicas, pues considera que el artículo 85 de la Constitución únicamente permite la intervención legislativa en la negociación del financiamiento universitario cuando existe un desacuerdo entre las partes.
En este caso, según la acción, no existía tal desacuerdo, ya que el Poder Ejecutivo había asumido el compromiso de devolver los recursos.
Como tercer argumento, el Frente Amplio sostuvo que el financiamiento del FEES no puede destinarse a otros fines sin respetar las garantías previstas en la Constitución. Para fundamentarlo, citó el artículo 85, que establece:
Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejores que las sustituyan".
La diputada del FA, María Eugenia Román Mora, comentó al respecto:
Las rectorías de las distintas universidades públicas lo advirtieron, ocupan esos recursos para seguir operando. Eso es absolutamente inconstitucional".
La modificación representa una reducción aproximada de ₡1.899 millones para cada una de cuatro universidades: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). La Universidad Técnica Nacional (UTN) perdería alrededor de ₡448 millones. Durante esa discusión, el oficialismo defendió la necesidad de atender las obligaciones patronales del Estado con el sistema de pensiones del Magisterio Nacional.