La UCR informó que las reparaciones del inmueble alcanzan los ₡37 millones y que también se investiga la desaparición de bienes institucionales tras la ocupación del edificio administrativo B.
La toma del edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) inició el pasado 22 de abril, cuando un grupo de estudiantes ocupó el inmueble en medio de las protestas por las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Tras varias semanas de ocupación y un proceso de diálogo entre estudiantes y autoridades universitarias, ambas partes alcanzaron un acuerdo el 13 de mayo.
Semanas después de la recuperación del inmueble, la UCR informó este miércoles que el rector, Carlos Araya Leandro, compareció ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, tras ser citado por el Ministerio Público en condición de ofendido dentro del expediente 26-001132-0175-PE.
En ese expediente se investigan presuntos delitos de daños agravados en perjuicio de la institución.
Según detalló la UCR, la investigación se desarrolla a raíz de una denuncia presentada por un tercero relacionada con la toma del edificio administrativo B, donde se ubican la Rectoría, la Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Acción Social, el Consejo Universitario y otras dependencias administrativas.
Araya afirmó:
Hemos cumplido con el deber institucional de poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos concretos que deben investigarse. No corresponde a la universidad prejuzgar personas; pero sí corresponde defender la protesta pacífica, proteger los bienes públicos y garantizar el debido proceso”.
La universidad indicó que, desde el 13 de mayo, la Oficina Jurídica levantó un acta notarial para documentar las condiciones en que fue entregado el inmueble por las personas que participaron en la toma.
Proceso de negociación entre la comisión designada por la Rectoría de la UCR y el autodenominado Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA), que culminó con un acuerdo para finalizar la toma.
De acuerdo con la institución, entre los daños identificados figuran pisos, paredes, cielorrasos y vidrios rayados con grafitis. Algunos de ellos, detalló la UCR, contenían amenazas de muerte dirigidas contra funcionarios universitarios.
También se reportaron vidrios quebrados, daños en mobiliario institucional, cerraduras forzadas y afectaciones en sistemas de telecomunicaciones y protección contra incendios.
La administración universitaria señaló que las labores de reparación han requerido una inversión de ₡37 millones provenientes de fondos públicos.
En esa línea, el rector expresó:
Quiero ser muy claro: la Universidad de Costa Rica no criminaliza la protesta estudiantil. La protesta pacífica es parte de la vida democrática, de la historia de nuestra universidad y de los valores más profundos de Costa Rica. Pero también quiero decir, con la misma claridad, que la defensa de la educación pública no puede confundirse con daños al patrimonio público, afectación de oficinas, equipos o servicios que pertenecen a toda la comunidad universitaria y, en último término, al país”.
La universidad aseguró además que ha colaborado con las autoridades judiciales durante el proceso de investigación.
Como parte de esa cooperación, indicó que entregó copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al día de la toma, así como registros obtenidos mediante cámaras corporales utilizadas por oficiales de seguridad.
Paralelamente, la Vicerrectoría de Docencia presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras detectar la desaparición de diversos bienes institucionales luego de la recuperación del edificio.
Entre los artículos reportados como faltantes se encuentran computadoras portátiles, audífonos, dispositivos electrónicos y otros bienes asignados a oficinas administrativas.
El rector agregó:
Lo que estamos haciendo no es una persecución contra estudiantes. Es el cumplimiento de una obligación institucional. Cuando existen reportes técnicos sobre daños o bienes faltantes, la Rectoría tiene el deber de poner esos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con respeto absoluto al debido proceso y sin prejuzgar a ninguna persona”.
Araya reiteró que la posición institucional busca resguardar simultáneamente el derecho a la protesta, las garantías democráticas y el patrimonio público universitario:
Aquí no se trata de castigar ideas, reclamos ni posiciones políticas. Se trata de afirmar un principio muy costarricense: podemos disentir con fuerza, podemos protestar, podemos exigir cuentas, pero no podemos renunciar al respeto, al diálogo, al sistema democrático, a la verdad y al cuido de lo que es de todas y todos”.
Finalmente, Araya manifestó que la UCR “seguirá abierta al diálogo, a la escucha y a la mejora institucional. Pero también actuará con responsabilidad, serenidad y apego a la ley para proteger el patrimonio público y la confianza de la sociedad costarricense en su universidad”.
Fotografía durante la toma del edificio de Rectoría de la UCR, el 22 de abril de 2026.